El Partido Popular y la Constituci¨®n de C¨¢diz

El Partido Popular ha ido a C¨¢diz a remover las cenizas de la Constituci¨®n de 1812 en busca de munici¨®n "nacionalista" para su campa?a de acoso y derribo del Gobierno. ?Pero qu¨¦ puede esperar encontrar en ella?

La Constituci¨®n dec¨ªa en su art¨ªculo primero que "la naci¨®n espa?ola es la reuni¨®n de todos los espa?oles de ambos hemisferios", lo que parece muy claro, pero el problema consist¨ªa en decidir qui¨¦nes eran espa?oles. La primera duda aparec¨ªa, en el art¨ªculo 22, en relaci¨®n con los "habidos o reputados por originarios del ?frica" -lo cual significa, llanamente, los habitantes de piel m¨¢s oscura-, a quienes se comenzaba exigiendo que hubiesen nacido en suelo espa?ol, fuesen hijos de padres libres, estuviesen casados con una mujer libre y ejerciesen "alguna profesi¨®n, oficio o industria ¨²til con un capital propio", para a?adir despu¨¦s que, incluso reuniendo estas condiciones, s¨®lo pod¨ªan acceder a la ciudadan¨ªa, por concesi¨®n de las Cortes, en el caso de haber hecho "servicios calificados a la patria" o distinguirse "por su talento, aplicaci¨®n y conducta".

Habr¨¢ que recordar a este respecto que el racismo segu¨ªa plenamente vigente en Espa?a, hasta el punto que un reglamento publicado en 1825 exig¨ªa un certificado de limpieza de sangre (que era una garant¨ªa de pureza racial y no religiosa) a quienes aspirasen a convertirse en maestros de primeras letras.

Que eso de la naci¨®n espa?ola no hab¨ªa quedado muy claro en 1812 lo demuestra el hecho de que Antonio Alcal¨¢ Galiano -que no por ser un pol¨ªtico corrupto dejaba de ser, a la vez, una de las mentes m¨¢s l¨²cidas del liberalismo espa?ol- dijera en la sesi¨®n del estamento de procuradores de 12 de marzo de 1835: "Uno de los objetos principales que nos debemos proponer nosotros es hacer a la naci¨®n espa?ola una naci¨®n, que no lo es ni lo ha sido hasta ahora".

Cuando, tras haber comprobado que la Constituci¨®n de C¨¢diz no acababa de funcionar, se procedi¨® en 1837 a redactar un nuevo texto, m¨¢s conciso y pr¨¢ctico, se comenz¨® por dejar fuera de ella a los "espa?oles del otro hemisferio", esto es a los que habitaban en las provincias de ultramar -Cuba, Puerto Rico y Filipinas- que ser¨ªan gobernados arbitrariamente por las autoridades militares, a la espera de unas "leyes especiales" que se les prometieron pero que nunca llegaron a promulgarse. La medida se complet¨® con la expulsi¨®n de las Cortes de los diputados cubanos que hab¨ªan acudido a ellas.

Pero, como todav¨ªa quedaba demasiada gente en el territorio peninsular y en las islas "adyacentes", se decidi¨® dividirlos entre espa?oles de primera, que tendr¨ªan derechos pol¨ªticos como el de votar, y otros de segunda, a quienes se les negaban ¨¦stos. Porque, como afirm¨® en 1837 Arg¨¹elles, uno de los patriarcas del liberalismo gaditano, eso del derecho al voto no era para todos: "Todo vecino que en Espa?a va, por ejemplo, a la guerra, hace el servicio de las armas, contribuye directa o indirectamente con el fruto de su trabajo, con el sudor de su rostro ?cree (...) nadie que esto sea un t¨ªtulo suficiente para que se le entregue el uso de un derecho como ¨¦ste? Estoy seguro de que no". Se trataba de apartar de las decisiones pol¨ªticas a quienes otro diputado defin¨ªa entonces como "la clase bruta o ignorante".

En 1839, en su Catecismo razonado o explicaci¨®n de los art¨ªculos de la constituci¨®n pol¨ªtica, el padre Eudaldo Jaumeandreu lo explicaba razonadamente: "En muchos pa¨ªses el pueblo se divide en dos clases. La primera comprende las personas que gozan de la totalidad de los derechos de ciudadan¨ªa, a saber, pol¨ªticos y civiles, y la segunda, a los que s¨®lo disfrutan de los civiles (...). Los primeros se llaman ciudadanos, y los otros meramente habitantes". Espa?a quedaba as¨ª constituida por unos 250.000 ciudadanos y unos 12 millones de "meros habitantes", miembros de "la clase bruta o ignorante".

Claro que tampoco es que los habitantes perdiesen mucho con que se les negara el acceso al voto, que serv¨ªa para muy poco, dado que las elecciones estaban totalmente falseadas por los manejos de los gobernadores civiles (con la ley electoral de 1846, que permit¨ªa llegar a diputado con poco m¨¢s de 60 votos, no hab¨ªan de esforzarse mucho) y por las "partidas de la porra", que quebraban urnas y cabezas cuando la persuasi¨®n no bastaba.

Entre 1836 y 1931 se celebraron en Espa?a cerca de 50 elecciones generales que gan¨® siempre el gobierno que las convocaba. La primera ocasi¨®n en que se rompi¨® esta regla y en que los ciudadanos derribaron un gobierno con sus votos fue en 1933, pero a la segunda, en 1936, el general Franco y sus colegas decidieron que las cosas estaban yendo demasiado lejos y liquidaron la democracia y el voto de una tacada, para volver a la tradici¨®n espa?ola del pronunciamiento.

Cansados precisamente de tantos pronunciamientos, de que se les utilizara una y otra vez para jugarse la vida en nombre de las libertades de la naci¨®n, y que se les negaran las suyas una vez el caudillo de turno se hab¨ªa instalado en el poder, la secci¨®n de la Internacional de Madrid hizo en 1869 un llamamiento a los trabajadores para que se negasen a celebrar la fiesta del 2 de mayo, en un texto que conclu¨ªa diciendo: "La idea de patria es una idea mezquina, indigna de la robusta inteligencia de los trabajadores (...). La patria del obrero es su taller, el taller de los hijos del trabajo es el mundo entero". Hab¨ªan acabado siendo v¨ªctimas de esa misma confusi¨®n entre la naci¨®n y el Estado que el Partido Popular se empe?a en fomentar.

Nada puede ser m¨¢s nefasto que confundir la idea del "Estado", una comunidad de ciudadanos libres, iguales en derechos y en deberes, ligados al gobierno por un pacto social que se renueva en cada votaci¨®n general, con la de la "naci¨®n", un concepto de identidad cultural que ninguna ley -ni constituci¨®n, ni estatuto- puede imponer o prohibir, porque pertenece al dominio de la conciencia.

Esa da?ina mentira que es el "Estado-naci¨®n", una invenci¨®n jacobina que sirvi¨® en el siglo XIX para completar el proceso de homogeneizaci¨®n de algunos Estados que llevaban ya siglos por este camino, ha originado en la Europa del siglo XX millones de muertos y procesos monstruosos de limpieza ¨¦tnica, que han implicado el desplazamiento de grandes masas de poblaci¨®n.

Hay en el mundo actual unos 200 Estados y m¨¢s de 2.000 et-nias y nacionalidades. Empe?arse en esta malsana identificaci¨®n entre el Estado y la naci¨®n podr¨ªa conducir o a 2.000 guerras de independencia, con muchos millones de muertos, o a 2.000 actos de asimilaci¨®n forzada y de genocidio cultural, no menos condenables. La ¨²nica salida racional de una situaci¨®n semejante es la del Estado plurinacional que garantice la convivencia en paz y tolerancia de etnias y naciones.

En la Palestina sometida al Imperio

Otomano, que era una estructura pol¨ªtica plurinacional, musulmanes, jud¨ªos y cristianos viv¨ªan en paz, al igual que lo hac¨ªan, en otros lugares del imperio, los griegos o los armenios. Una paz que acab¨® cuando el Imperio Otomano se convirti¨® en la naci¨®n turca y emprendi¨® sus propias operaciones de limpieza ¨¦tnica.

Nada puede ser m¨¢s peligroso que remover imprudentemente, como est¨¢ haciendo en la actualidad el PP, un complejo mal definido de sentimientos, m¨¢s que de ideas, nacionalistas, que la propia voluntad de confusi¨®n ha llevado a que nunca se clarifiquen adecuadamente. Porque en sus aguas profundas se mezclan, junto a razones culturales plenamente leg¨ªtimas, prejuicios racistas (como los que sirvieron en 1812 para restringir el acceso de los espa?oles negros a la ciudadan¨ªa), mitos irracionales que perpet¨²an viejos odios (no hace tanto que se han retirado las cabezas de moros que colgaban en algunas catedrales, o que se ha dejado de celebrar la resurrecci¨®n de Cristo lanz¨¢ndose a una simb¨®lica matanza de jud¨ªos) y desprecios ancestrales entre los distintos miembros de una misma comunidad.

Nada puede resultar m¨¢s despreciable que el uso que en la actualidad hace el PP de los prejuicios identitarios para dividir y enfrentar al conjunto de unos ciudadanos que en los tiempos sombr¨ªos del franquismo lucharon conjuntamente para recuperar las libertades democr¨¢ticas colectivas. En las manifestaciones de los 11 de septiembre de la Catalu?a franquista hab¨ªa muchos menos "burgueses nacionalistas" que trabajadores inmigrantes que desafiaban las persecuciones policiales para reclamar a un tiempo "libertad, amnist¨ªa y estatuto de autonom¨ªa", porque ten¨ªan claro que luchaban contra el enemigo com¨²n de las libertades de todos y que ¨¦stas iban a ganarse o a perderse conjuntamente.

En momentos como ¨¦ste me parece que hay pocas tareas m¨¢s urgentes que desenmascarar la demagogia que se hace invocando en vano el nombre de la naci¨®n y esforzarnos en que el debate pol¨ªtico vuelva a situarse en el terreno del ejercicio responsable de la raz¨®n, para ocuparse ante todo de los derechos y los deberes de los ciudadanos.

Josep Fontana, catedr¨¢tico de Historia, dirige el Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona