Desigualdades legales y judiciales

En ocasiones me pregunto c¨®mo es posible que se demore tanto la eficacia en leyes tan importantes como las de siniestralidad laboral y de violencia de g¨¦nero. Son leyes que han surgido desde la exigencia de la sociedad. El Estado y las Comunidades Aut¨®nomas, desde sus parlamentos, se han puesto a su servicio y est¨¢n haciendo real el profundo cambio normativo que reclaman los ciudadanos. Sin embargo, los avances en materia de siniestralidad y contra la violencia de g¨¦nero no van en consonancia con el esfuerzo legal, judicial, pol¨ªtico, sindical, empresarial, policial y medi¨¢tico que se est¨¢ empleando. Esta pregunta la respondo desde una doble perspectiva. De un lado: porque durante muchos a?os el rol del trabajador y de la mujer en la sociedad derivaban de su colocaci¨®n en el Fuero del Trabajo y en el Ave Mar¨ªa. De otro: por cuanto s¨¦ que una vez se toma conciencia del problema es posible su soluci¨®n.

Son preguntas y reflexiones que a su vez me llevan a otras, en las que la justicia es protagonista. Hay leyes y hay interpretaciones judiciales que no acompa?an esta sociedad de cambio. Existen algunos ejemplos en Andaluc¨ªa. Uno, en Huelva. El ingreso en prisi¨®n de dos personas, para el cumplimiento de una pena de seis a?os por un delito de robo (un jam¨®n, un radiocasete y un televisor). Un delito que se cometi¨® hace 21 a?os. Otro, en C¨¢diz. Una persona ha sido condenada a nueve a?os de c¨¢rcel por un delito contra la salud p¨²blica por la Audiencia de C¨¢diz. Tan desproporcionada se ha considerado la pena impuesta por 6 gramos de coca¨ªna y dos de hach¨ªs, que la propia Audiencia ha solicitado el indulto parcial. Con estos casos judiciales conviven otros igualmente llamativos. Un notario, en Sevilla, ha sido condenado por defraudar al Estado y puede eludir la prisi¨®n con el pago de una multa. En M¨¢laga, un juez ha sido acusado por una serie de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Las penas que solicita el Ministerio P¨²blico no alcanzan, ni desde lejos, a las impuestas por robar un jam¨®n. Son, como dec¨ªa un amigo en una conversaci¨®n reciente, an¨¦cdotas judiciales que ponen de relieve que la Justicia en toda su extensi¨®n no se ha trasformado, ni ha ido evolucionando con el sistema democr¨¢tico. Estas respuestas judiciales, por muy amparadas que est¨¦n legalmente, no las quiere la sociedad. Se dice, en ocasiones, que estas respuestas son epis¨®dicas y que no ense?an el estado real de la justicia. Adem¨¢s, ah¨ª est¨¢n los indultos para corregir excesos.

Sin embargo, entiendo que no es as¨ª. Un enfrentamiento entre estos casos lo que ense?an a las claras es cu¨¢l es la situaci¨®n. Que hay estamentos m¨¢s protegidos. Que la dilaci¨®n en la resoluci¨®n de asuntos perjudica gravemente la rehabilitaci¨®n de qui¨¦nes han cometido delitos y se han reintegrado en la sociedad. Es el caso de Huelva. Son casos que dan la impresi¨®n de que estamos m¨¢s cerca de un Derecho y una Justicia m¨¢s propios de la monarqu¨ªa absoluta que de una monarqu¨ªa constitucional y democr¨¢tica. Es una inercia que tiene que cambiar.

La sociedad, al igual que en los casos de violencia de g¨¦nero, es cada vez m¨¢s sensible y quiere soluciones. Unas tienen que llegar desde la legalidad. Otras en su aplicaci¨®n. La Justicia debe ser ciega y no mirar de reojo a notarios, jueces y a tantos otros. Y algunas m¨¢s, procurando que funcione la m¨¢quina de la Justicia.

En un tiempo en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa se puede convertir -a salvo de los recursos de casaci¨®n para unificaci¨®n de la doctrina del Estado- en la ¨²ltima instancia judicial. Y en un tiempo en el que el Parlamento de Andaluc¨ªa, haciendo algo verdad que la Justicia emana del pueblo, puede llegar a ser escuchado en los nombramientos de su presidente y fiscal jefe, es m¨¢s que necesario. Ser¨ªa una l¨¢stima que tanto el Estado de Derecho como los Estatutos auton¨®micos de m¨¢ximos a los que se est¨¢ llegando, sirvieran de coartada a los de siempre para poner entredicho la pr¨®xima y nueva realidad judicial auton¨®mica. Un mayor control de la eficacia judicial y el rechazo del recurso de acudir a la falta de medios -jam¨¢s la justicia ha contado con tantos- para justificar retrasos, ayudar¨ªan en esta l¨ªnea.