La ¨²ltima batalla de Puig Antich

La batalla legal que libran las hermanas de Salvador Puig Antich para revisar su condena a garrote el 2 de marzo de 1974 sufri¨® ayer un nuevo rev¨¦s. Despu¨¦s de que el presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechazara que una de sus secciones formada por tres magistrados debatiera sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite del recurso de la familia sobre la ¨²ltima pena de muerte ejecutada durante el franquismo, para que lo estudiara el pleno de esa Sala, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con los votos de los vocales de la mayor¨ªa conservadora y la oposici¨®n de cinco de los consejeros progresistas, respald¨® ayer esa decisi¨®n.

Puig Antich fue condenado a muerte por un consejo de guerra tras la muerte de un subinspector de polic¨ªa. Se le sentenci¨® al pat¨ªbulo por "asesinato con fines terroristas", un delito contenido en la legislaci¨®n militar de entonces. El proceso militar dio sus primeros pasos en septiembre y se desarroll¨® con tal rapidez que el verdugo hizo su trabajo s¨®lo cinco meses despu¨¦s.

"La autopsia no se hizo en el hospital sino en una comisar¨ªa", dice el abogado

La familia del ajusticiado pide que se revise esa condena a muerte, lo que, de estimarse, supondr¨ªa un precedente para la restituci¨®n de la memoria de otros muchos condenados a muerte por consejos de guerra durante la dictadura. La Fiscal¨ªa General del Estado se opuso en abril del pasado a?o a la revisi¨®n generalizada de estos juicios sumarios militares y el Gobierno, de manos de la vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, prepara un anteproyecto de ley para el reconocimiento de las v¨ªctimas de la Guerra Civil y del franquismo, uno de los cuales ser¨ªa el propio Puig Antich.

Pero las hermanas del represaliado siguen adelante con su recurso de revisi¨®n en el Supremo. Despu¨¦s de un primer intento, en 1994, de demostrar la posibilidad de que Salvador no hubiera cometido el delito por el que se le conden¨®, han presentado nuevas pruebas. La primera es el testimonio de un m¨¦dico que se encontraba de guardia en el hospital Cl¨ªnico de Barcelona la noche en la que se produjeron los hechos y que, seg¨²n el abogado que las representa, Sebasti¨¢n Mart¨ªnez Ramos, asegura que el cuerpo del polic¨ªa fallecido presentaba m¨¢s impactos de bala que los que se contabilizaron durante el proceso, lo que demostrar¨ªa que pudo haber muerto por los disparos de otra persona. "La autopsia no se hizo en el hospital, sino en una comisar¨ªa de polic¨ªa y por un m¨¦dico adscrito a ese cuerpo", asegura el letrado poniendo en duda su validez.

Otra de las pruebas solicitadas, cuya pr¨¢ctica ha sido aceptada por el tribunal, es una reconstrucci¨®n infogr¨¢fica del suceso en el que result¨® muerto el subinspector y herido Puig Antich. Mediante programas inform¨¢ticos, un recurso inexistente en los tiempos del consejo de guerra, las recurrentes tratar¨¢n de demostrar que las balas de su hermano no eran las ¨²nicas que pudieron acabar con la vida del polic¨ªa.

El 12 de junio de 2005, una secci¨®n de la Sala de lo Militar formada por tres magistrados -entre ellos su presidente, ?ngel Calder¨®n- ten¨ªa previsto discutir si admit¨ªa a tr¨¢mite el recurso de revisi¨®n de la familia, pero decidi¨® enviar el asunto al pleno en una providencia que despu¨¦s fue declarada nula. El presidente, de forma unilateral (mediante decreto gubernativo), volvi¨® a tomar la decisi¨®n de que fueran todos los magistrados de la sala los que estudiaran el recurso contra la condena a muerte.

La familia de Puig Antich considera que esa decisi¨®n vulnerar¨ªa el derecho a la tutela judicial efectiva y al juez determinado por la ley previsto por el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n. Su letrado argumenta adem¨¢s que la decisi¨®n retrasa considerablemente el proceso. Por eso present¨® recurso contra el decreto gubernativo de Calder¨®n ante el CGPJ, que ayer desestim¨® su petici¨®n.

Cinco de los miembros del ¨®rgano de gobierno de los jueces, todos ellos pertenecientes al sector progresista, se opusieron a la decisi¨®n y, en los pr¨®ximos d¨ªas, presentar¨¢n sus razonamientos mediante un voto particular. "Consideramos que la decisi¨®n del presidente de la Sala de lo Militar podr¨ªa vulnerar el derecho al juez natural", explic¨® el vicepresidente del Consejo y miembro del sector progresista Fernando Salinas, que advirti¨® de la posibilidad de que el cambio de la secci¨®n por el pleno de la sala pudiera suponer la creaci¨®n de un tribunal ad hoc.