"Prohibir una cosa no siempre acaba con ella"

?Puede actuar la justicia ante las convocatorias del pr¨®ximo viernes? El fiscal jefe de Ja¨¦n, Jos¨¦ Mar¨ªa Casado, tiene claro que el Ministerio P¨²blico "no puede actuar con car¨¢cter preventivo" prohibiendo los botellones porque no hay ninguna ley que proh¨ªba las concentraciones en la v¨ªa p¨²blica. A su juicio, "no se puede ser excesivamente duro", porque "prohibir una cosa no siempre acaba con ella".

Casado admite que se trata de un problema "muy complejo" y que "requiere de la colaboraci¨®n de todas las Administraciones". En la misma l¨ªnea se pronuncia el juez decano de Ja¨¦n, Saturnino Regidor. "S¨®lo podemos actuar cuando hay un problema de orden p¨²blico", afirma.

Igualmente, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Vald¨¦s, asegur¨® el pasado mi¨¦rcoles que, en base a un estudio de la Abogac¨ªa del Estado, no hay base legal para autorizar o prohibir este fen¨®meno puesto que no se trata de manifestaciones, que s¨ª requieren un permiso gubernativo.

El hecho de que las convocatoria del botell¨®n se haya hecho de forma an¨®nima a trav¨¦s de internet dificulta la identificaci¨®n de los convocantes de esas concentraciones. De hecho, la Fiscal¨ªa de Sevilla ha archivado una denuncia presentada por la Confederaci¨®n de Asociaciones Vecinales de Andaluc¨ªa (CAVA) en la que se ped¨ªa que se investigara el origen de los mensajes a trav¨¦s de m¨®vil y de internet en los que se ha incitado a participar en estos botellones.

Ahora bien, el fiscal jefe de Ja¨¦n recuerda que en casi todas las ordenanzas municipales se proh¨ªbe el consumo de bebidas alcoh¨®licas a menores en las v¨ªas p¨²blicas, "pero eso no se est¨¢ cumpliendo". Y llama la atenci¨®n sobre la paradoja que supone "fomentar las terrazas en los exteriores de los bares" y, de otro lado, perseguir los botellones protagonizados por "j¨®venes que no tienen dinero suficiente para pagarse las copas en bares".

Gerardo Ruiz-Rico, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Ja¨¦n, tiene claro que la regulaci¨®n de ese tipo de concentraciones corresponde a los ayuntamientos, aunque cree preciso que "se les dote de m¨¢s medios". Ahora bien, el problema de fondo es otro: "Se trata del coste pol¨ªtico o electoral que los pol¨ªticos creen que van a sufrir si toman decisiones impopulares".