El PP ve aspectos inconstitucionales en 11 art¨ªculos

Los consejeros a propuesta del Partido Popular han emitido un voto particular en el que plantean la inconstitucionalidad de varios apartados de once art¨ªculos. Estos hacen referencia al derecho a la muerte digna, el laicismo en la educaci¨®n, la transferencia de la Cuenca Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG), la participaci¨®n en la recaudaci¨®n de tributos, financiaci¨®n, el espacio radioel¨¦ctrico y la comisi¨®n bilateral Junta-Estado. El voto est¨¢ firmado por Jos¨¦ Antonio S¨¢nchez Galiana, y a ¨¦l se adhieren los otros tres consejeros propuestos por el mismo partido: Mar¨ªa Jos¨¦ Camilleri, Mar¨ªa Dolores Mart¨ªnez y Juan Moya.

- Muerte digna. Los consejeros estiman que este precepto puede entenderse como eutanasia, y afirman que, seg¨²n la Constituci¨®n, en el derecho fundamental a la vida no se incluye el derecho a prescindir de la misma. "Pese a que existen algunas manifestaciones que aluden a un fundamento constitucional del derecho a la muerte, no existe en la jurisprudencia constitucional ninguna postura expresa del TC", concluyen.

- Ense?anza laica. Opinan que incluir este concepto en un Estatuto podr¨ªa entenderse como una "opci¨®n ideol¨®gica". Citando el ejemplo de Francia, los consejeros argumentan que podr¨ªa conllevar "la prohibici¨®n de que los escolares porten s¨ªmbolos religiosos como medallas, cruces, etc¨¦tera". Esto conduce, dicen, a una interpretaci¨®n del t¨¦rmino "laico" como "laicidad negativa", negada, sostienen, por la Constituci¨®n.

- Guadalquivir. Rechaza recurrir a la v¨ªa del art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n para asumir las competencias de la CHG y propone como alternativa cambiar la actual Ley de Aguas para modificar el concepto de "cuenca supracomunitaria", que impide que una comunidad aut¨®noma asuma la gesti¨®n de una cuenca que afecta a m¨¢s de un territorio.

- Recaudaci¨®n de tributos. Seg¨²n su interpretaci¨®n, la redacci¨®n de este precepto podr¨ªa excluir la participaci¨®n de los ayuntamientos en los tributos estatales cedidos, ya que s¨®lo se habla de participaci¨®n de los tributos propios de la comunidad. Este extremo, sostienen, conculca la autonom¨ªa local.

- Financiaci¨®n. Los consejeros sostienen que no se respeta la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA). Tocan muchos apartados diferentes art¨ªculos y proponen una nueva redacci¨®n. En s¨ªntesis, afirman que nunca la financiaci¨®n debe "ser impuesta" a las dem¨¢s comunidades a trav¨¦s de la reforma de un Estatuto.

- Espacio radioel¨¦ctrico. Los consejeros entienden que sobre estas materias tienen competencias tanto el Estado como las comunidades aut¨®nomas, el espectro radiol¨¦ctrico es un bien de dominio p¨²blico cuya titularidad, gesti¨®n y planificaci¨®n, administraci¨®n y control corresponden al Estado, "no pudi¨¦ndose pues apelar a un espacio radioel¨¦ctrico propio" de la comunidad. Tampoco puede imponerse al Estado consultar con la comunidad.

- Relaciones Junta-Estado. El art¨ªculo 189 de la ponencia que dice que la calificaci¨®n de inter¨¦s general de cualquier obra, servicio o adquisici¨®n requerir¨¢ de un informe previo de la comunidad, lo que a juicio de estos consejeros, constituye una "injerencia en la competencia estatal".