El fiscal acusa de corrupci¨®n al alcalde de Orihuela y a cinco concejales, todos del PP

El fiscal anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado al juez que investigue como imputados al alcalde de Orihuela, cinco concejales, cuatro promotores y los responsables de una empresa adjudicataria de la recogida de basuras. El fiscal especializado solicita que se abran diligencias por las denuncias de corrupci¨®n, relacionadas con la gesti¨®n urban¨ªstica y contable, en el Ayuntamiento que preside Jos¨¦ Manuel Medina, del PP, al apreciar "indicios de delito" por malversaci¨®n, falsedad, tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n en una treintena de casos.

Medina, que en retiradas ocasiones ha rechazado cualquier ilegalidad en su gesti¨®n, vive en un chal¨¦ propiedad del promotor local Joaqu¨ªn Antonio Grau Pomares, al que recalific¨® suelo, y conduce un Rolls Royce, propiedad del mismo empresario. El parque m¨®vil del primer edil se completa con otro lujoso turismo, un Audi A8, propiedad de otro constructor, Francisco Marcos.

La delegaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Alicante abri¨® la investigaci¨®n por corrupci¨®n en el Ayuntamiento oriolano en septiembre de 2005 a instancias del fiscal general de Estado. Este ¨²ltimo orden¨® la investigaci¨®n tras recibir denuncias de dos particulares. Despu¨¦s de seis meses, Briones, con el visto bueno de la Fiscal¨ªa de Alicante, remiti¨® ayer las diligencias (61 folios) a los juzgados de Orihuela.

El fiscal justifica su acusaci¨®n b¨¢sicamente en cuatro pilares: la denuncia sobre supuestas irregularidades contables vertida por el ex interventor de la corporaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Espinosa; el testimonio de los portavoces de los tres grupos de la oposici¨®n (PSOE, Centro Liberal e Izquierda Verde); los plenos de la corporaci¨®n en los que aprobaron sendas adjudicaciones de urbanizaciones a promotores locales en suelo no urbanizable y protegido y un informe de la polic¨ªa judicial.

Facturas falsas

El grueso de las denuncias sobre presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de Orihuela fue realizado en febrero de 2005 por el hasta entonces interventor, Jos¨¦ Manuel Espinosa. El funcionario fue destituido tras autoinculparse de haberse apropiado de 30.000 euros de las arcas municipales. Dos d¨ªas m¨¢s tarde, Espinosa convoc¨® a los portavoces de la oposici¨®n y revel¨® una serie de irregularidades contables de las que responsabiliz¨® directamente al alcalde y los ediles del PP. La conversaci¨®n fue grabada en dos cintas. En su comparecencia ante el fiscal, el ex interventor se ratific¨® en su denuncia y declar¨®: "He sido el blanqueador de facturas del alcalde".

Los supuestos casos de corrupci¨®n m¨¢s relevantes denunciados por el funcionario fueron los siguientes: pago de facturas falsas a la firma Necso -adjudicataria del servicio de recogida de basuras-; sobrecoste de cerca de unos tres millones de euros en las obras de una plaza, ejecutadas por el constructor Domingo Alcocer, sin consignaci¨®n presupuestaria; abandono de su cargo de concejal en 1999 por parte de Encarna Galiano, actualmente asesora del alcalde, que dej¨® sin presentar facturas de mandamientos de pago por 22.000 euros; falta de ingreso en caja por parte de M¨®nica Lorente, hasta hace poco primer teniente de alcalde, de las recaudaciones de los conciertos municipales durante su etapa al frente de la concejal¨ªa de fiestas; y no presentaci¨®n en cuatro a?os por parte de Antonio Franco, concejal de Personal, de las facturas de las subvenciones a una entidad local festera.

El fiscal ha completado la denuncia del ex interventor con otras vertidas por los grupos de la oposici¨®n, en este caso relacionadas con adjudicaciones ilegales de planes urban¨ªsticos. Los promotores que, a juicio de la oposici¨®n, se han beneficiado de las adjudicaciones han sido los mencionados Grau, Marcos y Alcocer, y Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez. ?ste, tras la aprobaci¨®n del proyecto, se convirti¨® en accionista mayoritario de la televisi¨®n local Canal 34, emisora af¨ªn al PP. En su escrito, el fiscal asegura que los denunciados son los responsables directos de los supuestos delitos. Se trata, en el caso de la corporaci¨®n, del alcalde y los concejales M¨®nica Lorente, Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez Barber¨¢, responsable de Hacienda, Antonio Franco y Eva Ortiz, de Urbanismo, y la ex edil Encarna Galiano.