Interlocuci¨®n callejera

LOS INCIDENTES CALLEJEROS y los des¨®rdenes p¨²blicos provocados durante la huelga general convocada hace diez d¨ªas por dirigentes de la ilegalizada Batasuna y el sindicato LAB -cuatro bombas depositadas por ETA animaron el festejo- llevaron al juez Fernando Grande-Marlaska a citar a seis de sus organizadores como presuntos autores por inducci¨®n de la violenta movilizaci¨®n. Dejando a un lado las medidas cautelares aplicadas a los comparecientes por el instructor (prisi¨®n incondicional o elevadas fianzas) y la baja por enfermedad aducida por Otegi para retrasar su declaraci¨®n ante el juez y aplazar de esa forma su nueva entrada en prisi¨®n (de la que se hab¨ªa librado el pasado mes de mayo al precio de depositar 400.000 euros), un enfoque meramente jur¨ªdico del episodio arrojar¨ªa como ¨²nica conclusi¨®n que se trata de un caso m¨¢s de aplicaci¨®n de las normas penales y procesales del Estado de derecho a un supuesto de hecho delictivo.

Los dirigentes de la izquierda 'abertzale' reivindican el privilegio de la extraterritorialidad penal contraponiendo el principio pol¨ªtico de oportunidad frente al principio jur¨ªdico de legalidad

Sin embargo, la indignaci¨®n y la sorpresa de las personas citadas por el juez, al haber sido tratadas como cualquier otro ciudadano acusado de los mismos cargos en conformidad con el principio de igualdad ante la ley, muestra los peligros de contraponer ret¨®ricamente el principio de legalidad, la clave de arco del Estado de derecho, y el principio de oportunidad, la gu¨ªa orientadora de las decisiones de los pol¨ªticos. La an¨®mala extraterritorialidad penal reclamada por Otegi y sus compa?eros de fatigas procesales ser¨ªa una justificada recompensa a la pesada carga que supone la arriesgada misi¨®n secreta de preparar, acelerar y conseguir el final dialogado de la violencia entre ETA y los poderes del Estado, perspectiva aprobada en mayo de 2005 por el Congreso de los Diputados para el supuesto de que la banda terrorista abandone previamente las armas. El Gobierno vasco tambi¨¦n considera "una insensatez pol¨ªtica y un sinsentido jur¨ªdico" que los interlocutores en el proceso de di¨¢logo -al estilo de Otegi- sean inculpados por haber convocado la huelga de 9 de marzo, prohibida parad¨®jicamente por su Consejer¨ªa de Interior y reprimida por la polic¨ªa auton¨®mica.

La estampa de la cabalgada hacia el campo adversario de un destacamento protegido por la bandera blanca a fin de negociar un armisticio resulta incompatible, sin embargo, con la idea de que esos emisarios pac¨ªficos pudieran aprovecharse de su inmunidad diplom¨¢tica para cometer todo tipo de tropel¨ªas y desmanes en el viaje. Seg¨²n ese falso paralelismo, las medidas adoptadas por el magistrado Grande-Marlaska contra los interlocutores de la izquierda abertzale habr¨ªan sido en realidad la torpe irrupci¨®n de un elefante togado en la cacharrer¨ªa de la alta pol¨ªtica. Pese a sus discrepancias sobre las medidas cautelares, el respaldo del fiscal general al juez de la Audiencia Nacional confirma, sin embargo, la falta de fundamento de esa enga?osa analog¨ªa. La extraterritorialidad penal reivindicada por la izquierda abertzale no pretende s¨®lo cubrir a los interlocutores del nacionalismo radical en tanto que mu?idores de un final dialogado de la violencia; tambi¨¦n aspira a proteger todas sus estructuras y actividades: como ha explicado Otegi en un libro-entrevista editado por Gara, la "mayor¨ªa popular" no puede ser mera "espectadora" de ese proceso, sino que debe "pelearlo tambi¨¦n en la calle" a trav¨¦s de "movilizaciones".

En ¨²ltima instancia, estos c¨ªnicos planteamientos permitir¨ªan beneficiar tambi¨¦n a ETA con la l¨®gica de la impunidad: desde la perpetraci¨®n de atentados (al menos sin muertos) hasta las extorsiones a empresarios y profesionales, pasando por el terrorismo de baja intensidad de la kale borroka. En tal caso, el acercamiento y la excarcelaci¨®n de los presos, el aplazamiento de las vistas orales pendientes de se?alamiento y la suspensi¨®n de los procesos en marcha -como el macrojuicio de Madrid- formar¨ªan parte igualmente de esa puesta entre par¨¦ntesis del Estado de derecho previa a su rendici¨®n definitiva. La terquedad de los hechos, sin embargo, desmiente esos ensue?os de la sinraz¨®n, albergados como posible y esperanzado proyecto por la izquierda abertzale y anunciados como seguro y apocal¨ªptico pron¨®stico por los portavoces m¨¢s demag¨®gicos del PP.