Decenas de jueces y cargos han renunciado a la protecci¨®n privada desde el a?o pasado

S¨®lo en escoltas privados para proteger a las personas amenazadas, los Gobiernos central y vasco habr¨¢n gastado a finales de este a?o m¨¢s de 700 millones de euros, tomando como referencia el a?o 2000, cuando ETA rompi¨® la tregua. En los dos ¨²ltimos a?os, decenas de jueces y cargos p¨²blicos socialistas amenazados han prescindido de los servicios de protecci¨®n. Pese a todo, los responsables de Interior de los Gobiernos central y vasco no revisar¨¢n a¨²n los servicios de escoltas. "Vamos a tomarnos nuestro tiempo. S¨®lo se ha abierto una puerta, y desconocemos lo que hay al otro lado. Y en esto s¨®lo valen los hechos, no los dichos", dice el n¨²mero dos de la Consejer¨ªa de Interior, Mikel Legarda.

Ambos Ejecutivos ya se enfrentaron a esta situaci¨®n con la tregua parcial decretada por ETA para los cargos amenazados en junio de 2005. Tanto Interior como PP y del PSE acordaron mantener la protecci¨®n. En el caso de los socialistas, comenz¨® el goteo de renuncias, que ahora se prev¨¦ alcance un nuevo pico, seg¨²n la polic¨ªa vasca. Para entonces, Interior llevaba m¨¢s de un a?o enfrent¨¢ndose a las numerosas renuncias que llegaban desde el mundo de la judicatura en Euskadi, donde decenas de ellos han prescindido de sus escoltas. Un asunto que incluso se ha discutido con preocupaci¨®n en el ¨®rgano de gobierno de los jueces vascos.

El cese de la violencia obligar¨¢ a Interior a repensar la seguridad. Pero antes se tomar¨¢n un tiempo. Tras un periodo en el que los expertos policiales deber¨¢n constatar que ETA da por enterrada cualquier manifestaci¨®n violenta, ambas administraciones decidir¨¢n conjuntamente cu¨¢ndo, c¨®mo y de qu¨¦ manera las sombras que han seguido durante tantos a?os a los amenazados por ETA pueden ir desapareciendo de las calles. "No va a ser inmediato, y deberemos constatar que el cese de la violencia es irreversible e universal", dice el n¨²mero dos de Interior vasco, Mikel Legarda.

El problema a?adido que ya se est¨¢ percibiendo es que la presi¨®n por parte de los cargos, sobre todo socialistas, para que se les retire la escolta no va a parar, salvo que la kale borroka se haga presente con la intensidad de la ¨²ltima tregua. "Eso ya se est¨¢ viendo y de hecho nuestros protegidos no se comportan igual en Guip¨²zcoa, donde la presi¨®n del terrorismo ha sido siempre mayor, que en ?lava", indicaba ayer un ertzaina que realiza tareas de escolta a un cargo socialista. La incidencia a medio plazo en el sector de la seguridad privada ser¨¢ elevada. Muchos de los escoltas tendr¨¢n que volverse a "vestir de romano", como llaman en su argot al uniforme de vigilante. El sector s¨®lo en 2003, a?o del ¨²ltimo asesinato de ETA, tuvo un volumen de negocio de 3.000 millones de euros, seg¨²n su patronal, Aproser.

Si el desembolso total para hacer el museo Guggenheim ascendi¨® a 165 millones de euros, con el dinero que el erario p¨²blico habr¨¢ destinado entre 2000 y 2006 a escoltas privados se hubieran podido construir 4,5 Guggenheims.

ETA no ha causado s¨®lo mucho dolor y sufrimiento a las 817 familias de v¨ªctimas de los terroristas desde 1968. Hay un coste cremat¨ªstico que se ha ido acumulando en los presupuestos p¨²blicos y en las cuentas de resultados de muchas empresas. Ya en noviembre de 2002, en pleno debate sobre el plan Ibarretxe, el actual director de la Polic¨ªa, V¨ªctor Garc¨ªa, entonces parlamentario vasco, pregunt¨® al consejero de Interior, Javier Balza, sobre el coste presupuestario de ETA. "Ahora que se habla del coste de la no Espa?a, merece la pena reflexionar de lo que de verdad cuesta ETA, no s¨®lo en vidas, sino en dinero de todos".

Al a?o siguiente, Balza trajo la respuesta bajo el brazo. "El coste de ETA supera los 80 millones de euros", el 53% del presupuesto operativo -que no incluye el gasto de personal y los sueldos de los ertzainas- de esa cartera. Y la partida estrella era la destinada a pagar a las empresas de seguridad privada por los servicios de escolta a los amenazados por ETA, un colectivo que no ha parado de crecer desde que la direcci¨®n de ETA ordenara el asesinato en enero de 1995 de Gregorio Ord¨®?ez. Una estrategia de "socializaci¨®n del sufrimiento", en palabras de los terroristas, que alcanz¨® su cl¨ªmax en 2000. Ese a?o, los terroristas etarras asesinaron a 23 personas, diez de ellos concejales o militantes del PP y del PSOE.

Fue el pistoletazo de salida para el crecimiento de las partidas para escoltas privados. Primero fueron los cargos p¨²blicos; luego, jueces y fiscales, tras el asesinato del magistrado Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n, en noviembre de 2001. Periodistas, empresarios, profesores... siguieron ampliando la lista de amenazados con escolta hasta superar los 1.000 s¨®lo en Euskadi. En paralelo, crec¨ªa el negocio privado de la seguridad. Interior vasco destin¨® en su primera partida, en octubre de 2000, 2 millones de euros. En 2004, pese a que los terroristas no mataban desde mayo de 2003, esa partida se hab¨ªa disparado hasta los 74,8 millones. La progresi¨®n en las arcas del Ministerio del Interior tampoco ha parado de crecer. En 2005, la partida para ese cometido en el Pa¨ªs Vasco y Navarra hab¨ªa superado los 92,3 millones de euros y este a?o hay presupuestados 94,6 millones.