Los funcionarios que incumplan su cometido ser¨¢n trasladados de puesto

Los funcionarios que incumplan su cometido podr¨¢n ser cambiados de puesto y ver reducidas las retribuciones vinculadas a la productividad o al cumplimiento de objetivos. La medida, que exigir¨¢ evaluciones peri¨®dicas, est¨¢ recogida en el anteproyecto de ley de Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico que present¨® ayer en el Congreso el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla. De ese modo, los funcionarios no tendr¨¢n un "puesto para toda la vida", pero siempre conservar¨¢n el trabajo en el nivel que tengan consolidado. Sevilla llevar¨¢ el texto al Consejo de Ministros en abril.

El anteproyecto de ley afecta a los 2,4 millones de funcionarios y personal laboral de la Administraci¨®n del Estado, auton¨®mica y local, si bien los militares, polic¨ªas o jueces, entre otros, se regir¨¢n tambi¨¦n por su legislaci¨®n espec¨ªfica. El ministro Sevilla record¨® en su comparecencia parlamentaria que el Estatuto del Empleado P¨²blico es un mandato constitucional y arguy¨® que es necesario dotar al personal al servicio del Estado de una legislaci¨®n moderna y m¨¢s ¨¢gil.

Entre las novedades que introduce el texto propuesto, que el Gobierno se propone negociar con sus socios parlamentarios y ante el que el PP ha expresado su rotunda desaprobaci¨®n, la que m¨¢s preocupa a los sindicatos es la evaluaci¨®n peri¨®dica del trabajo, que puede tener consecuencias econ¨®micas y de p¨¦rdida del puesto.

Si, por ejemplo, un interventor municipal no cumple eficazmente su labor, podr¨¢ ser relevado, si bien mantendr¨¢ su categor¨ªa en el nuevo empleo. En la legislaci¨®n vigente, s¨®lo un expediente disciplinario o una sentencia firme puede hacer perder el derecho de inamovilidad de los funcionarios, algo que Sevilla considera "matar moscas a ca?onazos".

Pero el asunto tiene implicaciones de gravedad si no se establecen mecanismos para evitar la arbitrariedad, como le se?al¨® la diputada de Izquierda Verde Isaura Navarro y admiti¨® el ministro. CC OO y UGT reclaman criterios objetivos, medibles y p¨²blicos para impedir que, por ejemplo, un funcionario inc¨®modo para un pol¨ªtico pierda su puesto y se desvirt¨²e la condici¨®n fundamental del funcionariado, cual es servir los intereses p¨²blicos con independencia de qui¨¦n gobierne.

Adem¨¢s, el anteproyecto fija que las retribuciones b¨¢sicas ser¨¢n iguales en todo el Estado y entre las complementarias (se dejan a cada administraci¨®n) se introducen factores como "el grado de inter¨¦s, la iniciativa o el esfuerzo".

Se obliga a que los contratos temporales sean como m¨¢ximo el 10% de la plantilla de cada administraci¨®n (actualmente alcanza el 30% en los ayuntamientos y el 20% en las autonom¨ªas) y establece la figura del personal directivo, tambi¨¦n contestado por los sindicatos.

Con el objetivo de dotar de m¨¢s transparencia a los procesos de selecci¨®n se propone que los miembros de los tribunales examinadores se elijan por criterios t¨¦cnicos antes que por adscripci¨®n pol¨ªtica o sindical. Y se establecen criterios de paridad en su composici¨®n.

Tambi¨¦n se intenta motivar a los empleados p¨²blicos con nuevos modelos de promoci¨®n horizontal que no impliquen cambiar el puesto de trabajo.

Asimismo, se regula el derecho a la negociaci¨®n colectiva, (con la creaci¨®n de una Mesa General de Negociaci¨®n) ya la representaci¨®n y participaci¨®n de los funcionarios. Los acuerdos ser¨¢n directamente aplicables, si bien CC OO reclama que los incrementos retributivos se trasladen obligatoriamente a la Ley de Presupuestos y que haya resarcimiento si se incumplen los pactos.

Otro de los aspectos novedosos de la nueva legislaci¨®n reside en que se incluye un cat¨¢logo de principios ¨¦ticos y un c¨®digo de conducta que regir¨¢ para todo el sector p¨²blico sin excepci¨®n.