Medio a?o de negociaciones sobresaltos y pol¨¦micas
El nuevo Estatuto catal¨¢n, que finalmente acordaron Zapatero y Mas, ha vivido seis meses de pol¨¦mica sobre su constitucionalidad
El camino del proyecto de reforma del Estatuto de Catalu?a hasta su aprobaci¨®n en el Congreso de los Diputados, ayer, ha sido largo y ha estado salpicado de pol¨¦mica, desencuentros entre rivales pol¨ªticos e incluso entre socios, largas horas de negociaci¨®n, y m¨¢s de un sobresalto. Durante los ¨²ltimos meses le ha perseguido la sombra de la inconstitucionalidad, aunque el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, prometi¨® dejar el Estatuto "limpio [de inconstitucionalidades] como una patena" tras su paso por las Cortes. Seis meses separan su aprobaci¨®n en el Parlamento aut¨®nomo y su paso, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y ERC, por el Congreso de los Diputados.
CONSEJO CONSULTIVO Art¨ªculos inconstitucionales
El nuevo texto sali¨® adelante en el Parlamento aut¨®nomo con una aplastante mayor¨ªa de 120 votos sobre 135 el 30 de septiembre de 2005. Pero antes, como borrador, hubo de someterse a la lupa del Consejo Consultivo catal¨¢n. Este ¨®rgano, cuyas decisiones no son vinculantes para la Generalitat, arroj¨® un jarro de agua fr¨ªa al proyecto, al considerar inconstitucionales, a principios de septiembre, total o parcialmente 19 art¨ªculos del texto.
En su dictamen precisaba que, en funci¨®n de c¨®mo se interpretaran, otros 39 art¨ªculos podr¨ªan ser de dudosa constitucionalidad. Entre los apartados de mayor calado considerados inconstitucionales figuraban la disposici¨®n adicional primera, que reconoc¨ªa y actualizaba los derechos hist¨®ricos de Catalu?a y los utilizaba como argumento para lograr nuevas competencias.
El dictamen del Consejo Consultivo catal¨¢n sirvi¨® para que los grupos limaran los aspectos m¨¢s controvertidos del proyecto antes de su aprobaci¨®n en el Parlamento aut¨®nomo, y de su posterior remisi¨®n a la C¨¢mara baja. Aunque las interpretaciones sobre las observaciones de este ¨®rgano fueron tan variadas como quienes se manifestaron sobre ellas.
Para entonces, el PP ya hab¨ªa anunciado que el proyecto desguazaba y hac¨ªa a?icos Espa?a, y repetido hasta el agotamiento que supon¨ªa una reforma encubierta de la Constituci¨®n; una actitud que no ha abandonado en ning¨²n momento durante todo el proceso de tramitaci¨®n. Hasta el punto de recoger firmas para forzar la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum en toda Espa?a sobre el proyecto catal¨¢n.
El Tribunal Constitucional rechaz¨® un recurso de amparo de los populares contra la tramitaci¨®n por la Mesa del Congreso de los Diputados del texto estatutario, que seg¨²n el PP debi¨® tramitarse como reforma constitucional.
LA FINANCIACI?N Principales escollos
El futuro sistema de financiaci¨®n de Catalu?a se convirti¨® en centro de atenci¨®n prioritaria y uno de los principales escollos para el acuerdo entre el Gobierno tripartito y CiU; y ¨¦stos y el Gobierno central. Han acompa?ado a este asunto otros dos que han constituido el n¨²cleo duro de los desacuerdos: los aspectos relacionados con las competencias del Gobierno catal¨¢n y el uso del t¨¦rmino naci¨®n en el articulado del Estatuto.
Pero ha sido fundamentalmente el sistema de financiaci¨®n el que ha estado en el punto de mira del resto de la comunidades aut¨®nomas, ya que el acuerdo alcanzado sobre el Estatuto catal¨¢n ser¨ªa tomado como referencia para sus futuras reclamaciones. El Gobierno se ha mostrado siempre contrario a establecer un sistema distinto para Catalu?a al margen de lo contemplado en la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA).
Los negociadores catalanes renunciaron a su aspiraci¨®n de recaudar todos los impuestos que se pagan en esa comunidad. Pero lograron el compromiso del Estado de invertir en Catalu?a una cantidad igual a la participaci¨®n de esa comunidad en el Producto Interior Bruto espa?ol durante los pr¨®ximos siete a?os. Tambi¨¦n se elimin¨® la pretensi¨®n de alcanzar una capacidad de financiaci¨®n equiparable a las comunidades forales (el Pa¨ªs Vasco y Navarra).
Mayores porcentajes de los grandes impuestos para las comunidades, cambios en la solidaridad interterritorial y mayores inversiones del Estado en Catalu?a. ?sas fueron las grandes novedades en materia de financiaci¨®n auton¨®mica que incluye el proyecto catal¨¢n. El acuerdo alcanzado contempla que el Estado cede a Catalu?a un porcentaje superior de IRPF (del 33% actual al 50%), IVA (del 35% al 50%) e impuestos especiales (del 40% al 58%) y redefine algunos aspectos de los mecanismos de solidaridad para impedir que el modelo altere el r¨¢nking de renta per c¨¢pita entre autonom¨ªas.
ACUERDO MAS-ZAPATERO El tripartito se resiente
La reuni¨®n entre el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y el l¨ªder de CiU, Artur Mas, ha sido una de las grandes sorpresas de los seis meses que han transcurrido desde que el Parlamento catal¨¢n dio luz verde a la reforma estatutaria.
El proceso de tramitaci¨®n tanto en Catalu?a como en las Cortes no ha estado exento de tensiones entre el Gobierno central y el Ejecutivo encabezado por el socialista Pasqual Maragall. Pero han sido las relaciones con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) las que se han visto m¨¢s afectadas tanto dentro como fuera del tripartito, hasta el punto de que se ha especulado sobre el futuro de esa formaci¨®n en la Generalitat. Y eso ha llevado a los republicanos, encabezados por Josep Llu¨ªs Carod Rovira, a votar en contra del proyecto en el Congreso de los Diputados. El pacto alcanzado por Zapatero y Mas en aquella reuni¨®n secreta en La Moncloa el 21 de enero, en la que los dos l¨ªderes alcanzaron un acuerdo global sobre el Estatuto, le supo a ERC a imperdonable traici¨®n.
Entre tanto el PP catal¨¢n viv¨ªa tambi¨¦n momentos de crisis cuando su l¨ªder, Josep Piqu¨¦, amag¨® con dimitir al ser desautorizado por unas declaraciones relacionadas con el Estatuto.
A pesar de las intensas horas cargadas de negociaciones, que a algunos, como Carod Rovira, le han pasado factura en forma de amago de infarto, hay aspectos que han quedado excluidos del nuevo Estatuto, como es el caso de la gesti¨®n del aeropuerto del Prat, que ser¨¢ abordada pr¨®ximamente como ley org¨¢nica.
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