Los tribunales tardaron ocho a?os en paralizar una obra con licencia impugnada
Hasta ahora s¨®lo se han celebrado tres juicios por delito urban¨ªstico y hay 40 pendientes
En el caos urban¨ªstico en el que se ha convertido Marbella durante los 15 a?os de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), se han producido fallos evidentes de los sistemas de control administrativo y judicial que han consolidado situaciones irreversibles como que en la ciudad haya 30.000 viviendas ilegales habitadas. La Junta de Andaluc¨ªa impugn¨® por primera vez una licencia de obras municipal contraria al planeamiento en 1995, pero los tribunales no autorizaron una paralizaci¨®n cautelar de las construcciones hasta ocho a?os m¨¢s tarde, en 2003, y desestimaron en medio m¨¢s de un centenar de peticiones.
Si ha habido m¨¢s o menos dejaci¨®n en la labor de control sobre las actuaciones de los gobiernos de Jes¨²s Gil, Juli¨¢n Mu?oz y Marisol Yag¨¹e es un asunto de recurrente discusi¨®n en el ¨¢mbito pol¨ªtico, pero que muy pocas veces trasciende a otras esferas. Sin embargo es evidente el retraso con el que ha actuado la Administraci¨®n de justicia, o la inhibici¨®n de otros estamentos como los registradores de la propiedad, los notarios, e incluso las entidades bancarias que intervienen tambi¨¦n en las operaciones inmobiliarias. En m¨¢s de una ocasi¨®n la Junta de Andaluc¨ªa les ha pedido colaboraci¨®n para impedir la venta de viviendas cuyas licencias no se ajustaban al planeamiento urban¨ªstico vigente.
La Junta impugn¨® por primera vez una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Marbella en contra del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) vigente en 1995, el cuarto a?o de la alcald¨ªa de Gil.
Pero en sus primeras actuaciones, la Administraci¨®n aut¨®noma apenas encontr¨® ayuda y durante ocho a?os la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) se neg¨® a decretar la paralizaci¨®n cautelar de las obras que siempre se ped¨ªa en los recursos para evitar que las viviendas estuvieran construidas cuando se emitiera una sentencia definitiva.
Por aquel entonces, adem¨¢s hab¨ªa una discusi¨®n jur¨ªdica sobre la validez o no del PGOU de 1986, que Gil nunca reconoci¨®, porque no hab¨ªa sido publicado en el Bolet¨ªn Oficial de la Provincia.
Hubo incluso resoluciones judiciales que admitieron la legalidad de licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento al amparo de su proyecto de PGOU de 1998 que nunca entr¨® en vigor.
Para acabar con esta discusi¨®n, la Junta public¨® en agosto de 2000 el PGOU de 1986, tr¨¢mite que de alguna forma contribuy¨® a cambiar la doctrina del TSJA.
El combate judicial contra las ilegalidades urban¨ªsticas en el ¨¢mbito administrativo no lleg¨® hasta marzo de 2003, en un primer auto del TSJA que por fin decretaba la paralizaci¨®n cautelar de unas obras permitidas por Juli¨¢n Mu?oz en contra del PGOU y en el que admit¨ªa que, de hacerse las obras, podr¨ªa causarse un perjuicio a los posibles compradores si finalmente la licencia era anulada. Aquel auto reconoc¨ªa adem¨¢s la vigencia del PGOU de 1986.
Apenas un mes despu¨¦s, el TSJA dict¨® la primera sentencia anulando definitivamente una licencia de obras que hab¨ªa sido concedida por el Ayuntamiento marbell¨ª en 1995. Se trataba de un edificio de 465 viviendas en San Pedro que llevaban ya varios a?os habitados, e incluso algunos pisos ya hab¨ªan sido vendidos en dos ocasiones. La constructora recurri¨® al Tribunal Supremo, que a¨²n debe pronunciarse sobre el asunto.
Desde agosto de 2003, el TSJA ha dictado ya 83 autos de paralizaci¨®n cautelar de obras y en varias ocasiones en los que los promotores no ha cumplido les ha enviado una providencia advirti¨¦ndoles de que pueden incurrir en un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.
Muy lenta tambi¨¦n ha sido la v¨ªa penal. El primer juicio por un delito urban¨ªstico contra miembros de la corporaci¨®n marbell¨ª se celebr¨® en marzo de 2005, el caso Banana Beach, por una licencia que fue concedida siete a?os antes. Juli¨¢n Mu?oz fue condenado a seis meses de prisi¨®n. Hasta ahora s¨®lo se han celebrado tres juicios m¨¢s, y hay unos 40 casos pendientes.
389 obras recurridas
Desde 1995, la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas de la Junta de Andaluc¨ªa ha impugnado en los tribunales 389 licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella contrarias al planeamiento, 138 de ellas de la etapa de Marisol Yag¨¹e. Hasta el momento, s¨®lo se han emitido una veintena de sentencias, que afectan a unas 2.000 viviendas. Sin embargo, el documento de avance del nuevo PGOU diagnostica que existen 30.000 viviendas contrarias al planeamiento, de las que un 85% podr¨ªan ser legalizadas con un sistema de compensaci¨®n.
La Junta ha denunciado adem¨¢s a la fiscal¨ªa 114 casos en los que ha detectado presunta actuaci¨®n delictiva del equipo de gobierno en decisiones urban¨ªsticas. En 54 ocasiones pidi¨® al Ayuntamiento que revisara licencias de obras supuestamente ilegales que el consistorio no atendi¨®.
A tenor de estos incumplimientos, la Junta ha abierto un expediente para retirar las competencias urban¨ªsticas al Ayuntamiento marbell¨ª, las que afectan al planeamiento y a la disciplina, por un plazo de cinco a?os, el m¨¢ximo que contempla la ley.
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