El Tribunal de Cuentas reprueba a Zaplana por su gesti¨®n en Trabajo

La campa?a de publicidad que realiz¨® en 2003 el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre revalorizaci¨®n de las pensiones y abono a los pensionistas de una paga ¨²nica tuvo en realidad "la finalidad de proyectar una imagen favorable en toda la ciudadan¨ªa, y no s¨®lo en los pensionistas, de la acci¨®n gubernamental" del PP, seg¨²n un informe del Tribunal de Cuentas remitido a las Cortes. Entre diciembre de ese a?o y las elecciones de 2004, el Ministerio de Trabajo gast¨® en publicidad institucional el 80% de lo previsto para 13 meses.

El Tribunal de Cuentas advierte al Parlamento en su informe de fiscalizaci¨®n de que ha detectado irregularidades o deficiencias en 11 de las 14 campa?as publicitarias del Ministerio de Trabajo correspondientes, sobre todo, a 2003 y 2004. El pleno del tribunal advierte, en coincidencia con el fiscal y el abogado del Estado, de que "se ha podido producir un menoscabo innecesario, y tambi¨¦n previsible, de los caudales p¨²blicos derivados del pago de una indemnizaci¨®n al contratista (de una campa?a para 2004 que no se termin¨® de ejecutar por orden de la Junta Electoral) que pod¨ªa y deb¨ªa haberse evitado". Esas irregularidades ser¨¢n remitidas a la secci¨®n de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas "para la determinaci¨®n de las eventuales responsabilidades".

La Junta Electoral Central tuvo que ordenar la suspensi¨®n de la campa?a del INSS, por importe de 7,2 millones de euros, sobre revalorizaci¨®n de las pensiones en 2004 porque se realiz¨®, en parte, en periodo electoral. El Instituto Nacional de la Seguridad Social encarg¨® a la empresa adjudicataria que la difusi¨®n deb¨ªa desarrollarse entre el 11 y 25 de enero. El portavoz del Gobierno anunci¨® el 9 de enero la convocatoria de las elecciones generales para el 14 de marzo.

El informe concluye que esa campa?a, "al amparo de un inter¨¦s informativo dirigido a los pensionistas, tuvo por objeto, b¨¢sicamente, mejorar la imagen institucional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales" y "provoc¨® un innecesario coste econ¨®mico". La empresa adjudicataria, Overmarketing, cobr¨® una indemnizaci¨®n de 210.985 euros por la parte de la campa?a que no lleg¨® a ser ejecutada, porque lo impidi¨® la Junta Electoral.

El Tribunal de Cuentas propone que se tipifique como delito electoral "la flagrante desobediencia", desde que se convocan las elecciones, al deber de respetar la imparcialidad en la publicidad institucional.

El informe, aprobado el 16 de marzo y enviado a las Cortes, considera injustificado que la campa?a para difundir la revalorizaci¨®n de las pensiones de 2003 fuera negociada sin publicidad. Y resalta el hecho de que los pensionistas ya hab¨ªan sido informados, por carta, por lo que no era imprescindible realizar una campa?a publicitaria en medios de comunicaci¨®n. La decisi¨®n del Ministerio de Trabajo de incluir a toda la poblaci¨®n como destinataria de los mensajes y el contenido de ¨¦stos -Un a?o m¨¢s cumplimos- prueba que hubo una desviaci¨®n del objetivo declarado. Expertos en financiaci¨®n de partidos consideran que actuaciones de ese tipo suponen una "financiaci¨®n impl¨ªcita", e irregular, ya que ahorran gastos publicitarios a las formaciones pol¨ªticas, en este caso el PP.

El Tribunal de Cuentas deja constancia de que entre finales de diciembre de 2003 y el 20 de enero de 2004 -d¨ªa en que empez¨® el periodo electoral-, el Ministerio de Trabajo gast¨® en tres campa?as publicitarias el 80% de un gasto previsto para 13 meses en el Plan de Comunicaci¨®n Global.

El tribunal detalla que en 2003 el ministerio de dirig¨ªa Zaplana, ex presidente de la Comunidad Valenciana, modific¨® la campa?a sobre las pensiones para ampliar de tres a nueve los diarios valencianos en los que comprar espacios publicitarios, a costa de reducir esa contrataci¨®n en otras regiones.