Restablecer la realidad

A Francesc Ferrer,in mem¨®riam

La tesis de que el castellano est¨¢ perseguido en Catalu?a, que ¨²ltimamente propala el Partido Popular, no s¨®lo es falsa sino que ni siquiera es original. El 12 de septiembre de 1993 el diario Abc ya public¨® su famosa portada "Como Franco pero al rev¨¦s: persecuci¨®n del castellano en Catalu?a". Y lo cierto es que mucho antes de que pudiera esgrimirse a Franco como siniestro t¨¦rmino de comparaci¨®n la tesis ya se hab¨ªa formulado en sede parlamentaria. En 1932, en plena discusi¨®n sobre el primer Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a, el diputado Jos¨¦ Ortega y Gasset advirti¨® del peligro que entra?aba hacer del libre uso del catal¨¢n un instrumento "para ir desalojando el idioma espa?ol", mientras su colega Jos¨¦ Antonio Balbont¨ªn y Guti¨¦rrez alud¨ªa directamente a una "posible persecuci¨®n del castellano". Pero tampoco en aquel entonces la tesis era nueva. En 1916, cuando se debat¨ªa por primera vez en el Congreso la posible oficialidad del catal¨¢n, Eduardo Ortega y Gasset ya se hab¨ªa levantado de su esca?o para sostener la incuestionable existencia de un "prop¨®sito preconcebido de perseguir el idioma espa?ol".

La misma tesis que serv¨ªa en 1916, cuando el catal¨¢n ni siquiera era cooficial y contaba con una d¨¦bil presencia p¨²blica, auspiciada por una Mancomunitat reci¨¦n creada, vuelve a servir 90 a?os despu¨¦s, en un r¨¦gimen de doble oficialidad consolidado que gestiona una Generalitat casi treinta?era. La reiteraci¨®n de una misma tesis en momentos hist¨®ricos tan diferentes muestra su independencia de la realidad: la tesis surge, as¨ª pues, no cuando se da una persecuci¨®n de hecho, sino cuando el momento pol¨ªtico la hace interesante para quienes la sostienen. En 1993, cuando se trataba de erosionar a un Felipe Gonz¨¢lez apoyado por CiU, el castellano estaba sin duda perseguido. Sin que cambiara nada en la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de Catalu?a, el castellano dej¨® de estar perseguido a ra¨ªz del pacto del Majestic, que aup¨® a Aznar a la presidencia del Gobierno nuevamente gracias a CiU. Y ahora, cuando se trata de erosionar a un Zapatero que vuelve a depender de los nacionalistas catalanes, la tesis de la persecuci¨®n retoma su funcionalidad.

Dicho esto, tampoco deber¨ªamos reducir el problema a la actitud de un Partido Popular resentido todav¨ªa por la derrota del 14-M y resuelto a anteponer sus ansias de recuperar el poder a cualquier otra consideraci¨®n de car¨¢cter pol¨ªtico-moral. Porque lo cierto es que la tesis de la persecuci¨®n del castellano en Catalu?a no es exclusiva de la derecha espa?ola. Ni ahora ni antes. El diputado Balbont¨ªn que interven¨ªa en el debate Estatutario de 1932 pertenec¨ªa nada menos que al Partido Social Revolucionario. Y en este inicio del siglo XXI no es posible ocultar que la misma tesis que defiende Mariano Rajoy la ha defendido en los ¨²ltimos tiempos personas que no son precisamente de su partido ni de su ¨®rbita ni est¨¢n especialmente interesadas en derrocar a Zapatero. En diciembre de 2005 Joaqu¨ªn Leguina escrib¨ªa en El Siglo que durante el franquismo el catal¨¢n fue expulsado del foro p¨²blico, y que ahora, con el nuevo Estatuto, "es el castellano el expulsado y reducido al ¨¢mbito de lo privado". Por las mismas fechas, un columnista de este mismo peri¨®dico tan respetable como Antonio Elorza atribu¨ªa a la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de Catalu?a "el santo fin de excluir al castellano de la vida p¨²blica" (Cavas catalanes, 24- XII-2005), y en un art¨ªculo anterior (La naci¨®n catalana, 22-X- 2005) endosaba al nuevo Estatuto "la institucionalizaci¨®n de la asimetr¨ªa ling¨¹¨ªstica, basada en la presi¨®n en todos los ¨®rdenes para imponer un idioma catal¨¢n que relega al castellano al papel simb¨®lico de lengua oficial excluida en la pr¨¢ctica de la administraci¨®n y de la ense?anza". Exactamente la misma tesis que defend¨ªa otro columnista acreditado en fechas m¨¢s recientes: para Patxo Unzueta (F¨²tbol, lengua, naci¨®n, 16-III- 2006), el Estatuto es la plasmaci¨®n de una pol¨ªtica que tiene como fin "marginar el castellano en numerosos ¨¢mbitos p¨²blicos".

Testimonios como estos nos llevan a sospechar que una parte importante de la intelectualidad espa?ola, y dicho sea con todos los respetos, padece alg¨²n tipo de distorsi¨®n cognitiva, acaso reforzada por una cierta aprensi¨®n cong¨¦nita hacia el valor del pluriling¨¹ismo. Una cosa es denunciar ilegalidades objetivas como las de la escuela de Badalona que ni siquiera impart¨ªa la asignatura de castellano, o discrepar en general de la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica que se practica en Catalu?a, puesto que al fin y al cabo la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica que se practica no es la ¨²nica pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica posible. Pero otra cosa muy distinta es presentar a Catalu?a abocada a un monoling¨¹ismo inmisericorde, con polic¨ªas ling¨¹¨ªsticos acechando en cada esquina y, como sugiere Francisco Caja, presidente de Convivencia C¨ªvica Catalana, con las escuelas asemej¨¢ndose a "campos de concentraci¨®n" donde se procede al "lavado de cerebro" de los alumnos castellanohablantes.

En Catalu?a, ciertamente, hay sectores de la sociedad quedefienden la oficialidad exclusiva del catal¨¢n. El presidente de ?mnium Cultural, Jordi Porta, sostiene que el catal¨¢n deber¨ªa ser la lengua hegem¨®nica del espacio p¨²blico, del mismo modo que el castellano lo es en Castilla-La Mancha, y no tiene reparo en situar el castellano a la misma altura que el ¨¢rabe o el bereber: en la vida privada y nada m¨¢s. Pero ocurre que la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica del Gobierno catal¨¢n no la dicta ?mnium Cultural, y lo cierto es que ninguno de los partidos que dan apoyo al Gobierno es partidario de "excluir al castellano de la vida p¨²blica". Ni siquiera ERC, antes al contrario: el partido de Carod-Rovira proclamaba en su programa electoral de 2003 que todos tienen el derecho "a usar libremente la lengua catalana y la castellana en el marco del sistema de doble oficialidad ling¨¹¨ªstica", y adem¨¢s el deber c¨ªvico de "garantizar el respeto, la protecci¨®n y el uso del castellano". Incluso el escritor y profesor de Derecho Constitucional H¨¦ctor L¨®pez Bofill, que es el te¨®rico independentista de moda en Catalu?a, arguye que en el futuro Estado catal¨¢n independiente que ¨¦l da por seguro el castellano seguir¨¢ siendo una lengua oficial (La independencia i la realitat, p¨¢gina 65). Y por si no queda claro qu¨¦ significa eso, L¨®pez Bofill defiende con todas las letras "que se siga ense?ando en las escuelas, que los ciudadanos se puedan relacionar con la Administraci¨®n en esta lengua y que se promueva la cultura hecha en castellano en Catalu?a".

En consonancia con este compromiso de todos los partidos pol¨ªticos catalanes con la oficialidad del castellano, el nuevo Estatuto recoge una disposici¨®n que ha figurado en todas las leyes de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica: los alumnos deber¨¢n conocer bien el catal¨¢n y el castellano al finalizar la ense?anza obligatoria. El Estatuto tambi¨¦n reproduce la legislaci¨®n vigente al se?alar que la ense?anza del castellano debe tener una "presencia adecuada" en los planes de estudios. Y tambi¨¦n eleva a rango estatutario el llamado derecho de opci¨®n ling¨¹¨ªstica, en virtud del cual las personas pueden escoger libremente la lengua oficial en que desean relacionarse con la Administraci¨®n. Elorza y compa?¨ªa deber¨ªan abordar seriamente esta pregunta: ?c¨®mo va a excluirse de la ense?anza una lengua que todos los alumnos deben saber "con suficiencia oral y escrita"? ?C¨®mo va a excluirse de la Administraci¨®n una lengua que todas las personas pueden escoger libremente para relacionarse con ella?

Los psic¨®logos disponen de una bater¨ªa de terapias para superar la distorsi¨®n cognitiva. En nuestro caso, bastar¨ªa con una relectura juiciosa de la jurisprudencia constitucional en materia de lenguas. El Tribunal Constitucional espa?ol sentenci¨® hace ya unos cuantos a?os que el modelo ling¨¹¨ªstico-escolar adoptado en Catalu?a, que tiene al catal¨¢n como "centro de gravedad", es constitucional, siempre que ello no entra?e la exclusi¨®n del castellano, algo que ser¨ªa sin duda extempor¨¢neo para un modelo que impone a todos los alumnos el deber de saber las dos lenguas oficiales (STC 337/1994). Y hace todav¨ªa m¨¢s a?os que el Tribunal Constitucional tambi¨¦n sentenci¨® que es constitucional imponer el deber de saber catal¨¢n a los funcionarios de la Generalitat (STC 46/1991). La lectura de esta sentencia ser¨ªa especialmente indicada para quienes simpaticen con el trasfondo de la pregunta que el Partido Popular quiere llevar a refer¨¦ndum con su campa?a de recogida de firmas en contra del nuevo Estatuto de Catalu?a. Matizando el significado de la igualdad de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones que invoca esa pregunta, he aqu¨ª lo que sentenci¨® hace quince a?os nuestro Alto Tribunal: "el establecimiento de un r¨¦gimen de cooficialidad ling¨¹¨ªstica en una parte de territorio del Estado no contradice el principio de igualdad de los espa?oles en todo el territorio nacional, recogido por el art¨ªculo 139.1 de la Constituci¨®n, ya que tal principio no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y monol¨ªtica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que en cualquier parte del territorio se tengan los mismos derechos y obligaciones". Honestamente, m¨¢s claro s¨®lo hay el agua.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducci¨®n e Interpretaci¨®n de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona y presidente de Organizaci¨®n por el Multiling¨¹ismo.