Anticorrupci¨®n revisa documentos que no le envi¨® Zaplana de una campa?a publicitaria
El Tribunal de Cuentas remite a la fiscal¨ªa informaci¨®n sobre la propaganda de las pensiones
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n estudia si los documentos que el Ministerio de Trabajo bajo mandato de Eduardo Zaplana no le remiti¨® sobre su campa?a de publicidad de revalorizaci¨®n de pensiones de 2003 destruyen o no el fundamento con el que archiv¨® en septiembre de 2004 su investigaci¨®n por presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n. Esa campa?a fue adjudicada a la empresa Carat, donde trabajaba el ex portavoz del Gobierno Miguel ?ngel Rodr¨ªguez. La fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas envi¨® la documentaci¨®n a Anticorrupci¨®n tras detectar que nunca la recibi¨®.
Anticorrupci¨®n archiv¨® el caso aunque su unidad de apoyo de la Intervenci¨®n General del Estado emiti¨® un escrito que, seg¨²n la auditor¨ªa del Tribunal de Cuentas, "viene a coincidir con este informe en la improcedencia de la aplicaci¨®n por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) del art¨ªculo 210 c de la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas, en el que se fundament¨® por el INSS indebidamente la aplicaci¨®n del procedimiento negociado sin publicidad". "La justificaci¨®n del expediente es muy d¨¦bil, que la imperiosa urgencia es inexistente, que los acontecimientos han sido perfectamente previsibles y que para su ejecuci¨®n, seg¨²n ley, se dispon¨ªa de un plazo que finalizaba el 1 de abril de 2003, no existiendo raz¨®n alguna -salvo las pol¨ªticas- para anticipar su pago a 15 de enero de 2003", alertaba. El ex secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps, destaca en sus alegaciones que el caso se archiv¨® "sin que al compareciente ni a ninguno de sus superiores se les recibiera declaraci¨®n".
En consonancia con el hecho de que la revalorizaci¨®n de las pensiones era un hecho previsible por el Gobierno del PP, el primer bloque de documentos que ha enviado el fiscal del Tribunal de Cuentas a Anticorrupci¨®n es el relativo "a los antecedentes de la contrataci¨®n (referidos tanto a la planificaci¨®n publicitaria e informativa del INSS para el ejercicio 2003, como el contrato que, teniendo en cuenta los mismos presupuestos de hecho -la desviaci¨®n del IPC y la revalorizaci¨®n autom¨¢tica de las pensiones- fue celebrado anticipadamente por el propio INSS para la pr¨¢ctica de las notificaciones individualizadas a los pensionistas".
El fiscal del Tribunal de Cuentas tambi¨¦n ha remitido a Anticorrupci¨®n la "documentaci¨®n relativa a la modificaci¨®n del contrato acordada al d¨ªa siguiente de su adjudicaci¨®n". Dicho cambio fue sustancial: el objetivo de la campa?a dej¨® de ser los pensionistas, para destinarse a "la ciudadan¨ªa en general". Tambi¨¦n ha sido enviada a la fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n toda la documentaci¨®n relativa a la ejecuci¨®n del contrato: facturas, documentos contables, plan de medios, etc¨¦tera.
Informe 'post test'
Pero acaso el paquete de documentaci¨®n m¨¢s relevante que no fue remitido por el ministerio de Trabajo bajo mandato de Zaplana y que ahora ya obra en poder de Anticorrupci¨®n es el referido al post test elaborado por la empresa adjudicataria en cumplimiento del contrato. Particularmente, el certificado de conformidad del INSS con los servicios prestados en el que se refleja "de forma expl¨ªcita la realizaci¨®n del estudio post test, que analiza la campa?a publicitaria desde el punto de vista del objetivo subyacente de destacar el pretendido contraste del MIEDO (Gesti¨®n del PSOE) con la SEGURIDAD (Gesti¨®n del PP)".
Entretanto, sigue a¨²n en sus primeras fases de tramitaci¨®n en el Tribunal de Cuentas el proceso de enjuiciamiento, a trav¨¦s de la secci¨®n correspondiente, a los ex altos cargos de Trabajo que se determine por supuestos alcances (da?o para la hacienda p¨²blica) que en com¨²n o por separado hallaron el fiscal y el abogado del Estado del Tribunal de Cuentas en cuatro puntos de la gesti¨®n de Zaplana: campa?as de las pensiones de 2003 y 2004, asesoramiento del plan global de comunicaci¨®n del ministerio, y campa?a contra el fraude social de 2002.
Zaplana se declar¨® ayer "tranquilo" por dicha revisi¨®n del caso, pero bajo un "mecanismo de presi¨®n".
Gaspar Llamazares, l¨ªder de IU, augur¨® que "sin duda ser¨¢ castigado por la justicia" porque "aunque intente ocultarlo, tiene un grave problema". El diputado socialista Francesc Vall¨¦s considera que "Zaplana hizo un uso partidista de la publicidad institucional".
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