ENCE no apuesta por la sostenibilidad

Todos los grandes medios de comunicaci¨®n argentinos han dado cuenta de la manifestaci¨®n que la campa?a "?Qui¨¦n debe a Qui¨¦n?" organiz¨® ante la sede de la Compa?¨ªa Espa?ola de Seguros de Cr¨¦dito a la Exportaci¨®n (CESCE). El objetivo de esa manifestaci¨®n era exigir que la CESCE no respalde el cr¨¦dito concedido por el Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) a la empresa papelera ENCE para su proyecto de construcci¨®n de una planta de celulosa en Uruguay. La planta funcionar¨¢ con tecnolog¨ªa Kraft, lo que supone una liberaci¨®n de di¨®xido de cloro al r¨ªo Uruguay, muy da?ina para la salud humana y el medio natural. Esta tecnolog¨ªa la us¨® la misma empresa en Pontevedra, donde fue condenada por delito ecol¨®gico. La oposici¨®n social en Argentina y el desastre ambiental que el proyecto acarrea han motivado que un banco holand¨¦s, ING, cancelase el cr¨¦dito que ten¨ªa pensado conceder a la empresa finlandesa Botnia para otra papelera que deb¨ªa operar junto a la de ENCE.

La CESCE, preocupada, al parecer, por su reputaci¨®n, est¨¢ recibiendo presiones del Gobierno espa?ol para asegurar la operaci¨®n de ENCE. Cuesta entender qu¨¦ intereses defiende el Gobierno al respecto, m¨¢xime cuando el pr¨¦stamo del ICO se otorg¨® sin tener en cuenta los informes de impacto medioambiental y social de la papelera. La situaci¨®n puede producir un alto coste pol¨ªtico para el Gobierno, que desea asegurar el negocio por cuanto ello supondr¨ªa que la CESCE -en caso de que ENCE no ponga en marcha la planta- devuelva el dinero al ICO para que despu¨¦s lo recupere el Gobierno uruguayo, con la consiguiente generaci¨®n de una deuda externa cuyas consecuencias pagar¨¢ la poblaci¨®n durante d¨¦cadas.

Este caso revela, en el marco del actual debate sobre la Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, la profunda necesidad de redefinir mecanismos de apoyo a la inversi¨®n espa?ola como los de la CESCE o los cr¨¦ditos FAD, que no conducen sino a una continua generaci¨®n de deuda sin que se hagan valer estudios previos ni un control parlamentario de los impactos socioecon¨®micos y ambientales.