La historia de una "realidad nacional"

La idea de la reforma del Estatuto de Andaluc¨ªa sobreviene en el transcurso del debate del estado de la comunidad de junio de 2001, en el que la oposici¨®n ten¨ªa previsto descargar su artiller¨ªa contra el presidente Manuel Chaves por el formidable embrollo interno que se hab¨ªa organizado en el PSOE en torno a la fusi¨®n de las cajas de ahorro. El presidente de la Junta saca de la chistera la "posibilidad" de emprender la reforma de la norma andaluza, "si fuera necesario", y desv¨ªa el tiro hacia una nueva actualidad. Pese a las m¨²ltiples cautelas y condicionantes con las que el socialista acota este proyecto, a partir de entonces el debate pol¨ªtico sobre la reforma no hace otra cosa que crecer. De hecho, desde el PSOE se suele recordar que fue precisamente Chaves el primer presidente auton¨®mico que propuso modernizar su Estatuto.

El PP recibe la sugerencia con escepticismo y la considera una maniobra de distracci¨®n m¨¢s de los socialistas para huir de los problemas. Los partidos minoritarios, IU y PA, para los que mejorar el Estatuto era una vieja reivindicaci¨®n, se agarran a la palabra de Chaves. ?ste, al final de la legislatura, presenta un documento con las bases de la futura reforma en un pleno monogr¨¢fico del Parlamento andaluz, y reafirma de esta forma su intenci¨®n de actualizar la norma b¨¢sica auton¨®mica, que despide un fuerte olor agrarista.

Una vez celebradas las alecciones auton¨®micas de 2004 -los populares son los ¨²nicos que no incluyeron en su programa electoral la reforma-, se da el primer paso institucional: en septiembre de ese mismo a?o la Ponencia inicia sus trabajos y elabora una declaraci¨®n conjunta de los cuatro grupos parlamentarios en la que se expresa la voluntad de consenso. Sin embargo, desde este mismo momento empiezan las divergencias, fundamentalmente entre PSOE y PP.

Servicios m¨ªnimos

Los populares nunca hab¨ªan cre¨ªdo necesaria la reforma -a la que se adhieren a rega?adientes ante el temor de quedarse aislados- y durante el proceso de tramitaci¨®n parlamentaria optan por los servicios m¨ªnimos, tanto en los contenidos como en las asistencias de la ponencia. Una muestra: en el listado de competencias que los partidos entregan en junio de 2005, el PP sorprende con una propuesta donde s¨®lo figura una petici¨®n concreta: actualizar las referencias a las c¨¢maras de la propiedad urbana, los agentes de cambio y bolsa y los corredores de comercio.

En la primera fase, en las que a¨²n no se votaba, los populares manifiestan "reservas" a numerosos aspectos relacionados con la codecisi¨®n con el Estado o "dudas de constitucionalidad" respecto a los art¨ªculos que refuerzan las atribuciones del presidente o la regulaci¨®n de derechos. Aunque el resto de los grupos empieza a barruntar que el PP acabar¨¢ por descolgarse, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, corta cualquier augurio agorero con una declaraci¨®n acerca del grado de coincidencia y su profundo convencimiento del pacto final. "Algunos d¨ªas me levanto y digo que el nivel de acuerdo es del 90% y otros, que me llaman carro?ero, digo que el 80%", dice en la primavera de 2005.

El debate del Estatuto de Catalu?a y lo que significa en la pol¨ªtica nacional empieza a levantar las cartas. El PP se va alejando cada vez m¨¢s de la reforma, que intenta ralentizar en varias ocasiones, de la mano de su direcci¨®n nacional. Votan en contra del borrador, se abstienen en la toma de consideraci¨®n de la propuesta y finalmente se oponen a los 11 t¨ªtulos y 250 art¨ªculos del futuro Estatuto.

Junto a las competencias, los derechos sociales, financiaci¨®n y las relaciones con el Estado, el eje central de discusi¨®n del Estatuto andaluz ha sido la definici¨®n de Andaluc¨ªa, una vez m¨¢s, condicionada por la que finalmente ha adoptado el Estatuto catal¨¢n para su comunidad.

En un principio, PSOE y PP votan juntos en la Ponencia el siguiente texto: "Andaluc¨ªa, como expresi¨®n de su identidad y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constituci¨®n reconoce a toda nacionalidad hist¨®rica, se constituye en comunidad aut¨®noma, en el marco de la unidad indisoluble de la naci¨®n espa?ola, patria com¨²n indivisible de todos los espa?oles". Es la misma redacci¨®n que figura en el texto vigente, a la que se a?ade "hist¨®rica". El PSOE se?ala entonces que est¨¢ dispuesto a cambiar la redacci¨®n porque es "muy tortuosa", pero afirma que "no tiene ninguna duda" de que la denominaci¨®n (nacionalidad hist¨®rica) es la acordada con el PP.

Propuesta de Clavero

Queda pendiente el Pre¨¢mbulo, y para intentar una aproximaci¨®n con los andalucistas, que exigen que al menos se mencione la palabra naci¨®n, el PSOE aprovecha la propuesta del ex ministro de la UCD Manuel Clavero -antiguo padrino pol¨ªtico de Arenas-, quien hab¨ªa sugerido la siguiente f¨®rmula: "El art¨ªculo segundo de la Constituci¨®n espa?ola reconoce la realidad nacional de Andaluc¨ªa como nacionalidad". Es la misma que aparece en Catalu?a. Unos d¨ªas m¨¢s tarde, el presidente de la Junta apuesta en el Parlamento andaluz por dar una redacci¨®n "m¨¢s clara, m¨¢s contundente y mucho m¨¢s afirmativa al art¨ªculo 1.1". La propuesta socialista es para el Pre¨¢mbulo: "La Constituci¨®n espa?ola, en su art¨ªculo 2, reconoce la realidad nacional de Andaluc¨ªa como una nacionalidad". Y para el art¨ªculo 1.1, lo siguiente: "Andaluc¨ªa, como nacionalidad hist¨®rica, se constituye en comunidad aut¨®noma, conforme al art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n espa?ola".

En el seno socialista, la inclusi¨®n de realidad nacional genera un debate interno, ya que es una expresi¨®n que no forma parte de su cultura pol¨ªtica, aunque la direcci¨®n federal la apoya. Los andalucistas la consideran insuficiente y los populares ponen el grito en el cielo, lo que certifica la ruptura total.