El Gobierno prepara un plan con medidas para atajar la corrupci¨®n municipal

El Gobierno prepara un paquete de medidas para atajar la corrupci¨®n en los municipios al hilo de la reforma de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, de 1985, y de la renovaci¨®n del Pacto contra el Transfuguismo, negociada con todos los partidos. Una de las medidas m¨¢s trascendentales consiste en extender el r¨¦gimen de incompatibilidades de la Administraci¨®n General del Estado a los ayuntamientos, de tal manera que el concejal que haya ejercido en un equipo de gobierno municipal no podr¨¢, tras su cese, trabajar durante dos a?os en tareas similares en la actividad privada.

Con esta medida, el Gobierno trata de evitar casos como el del concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herr¨¢ez, del PP, que, al cesar en su cargo, el 26 de septiembre del pasado a?o, fich¨® a la semana siguiente como vicepresidente de una constructora. Pese al esc¨¢ndalo pol¨ªtico, Herr¨¢ez no conculc¨® la ley, porque no exist¨ªan normas que le impusieran incompatibilidades como las que rigen para los altos cargos del Gobierno.

M¨¢s all¨¢ de este caso puntual, el esc¨¢ndalo del Ayuntamiento de Marbella, surgido cuando el Gobierno iniciaba las conversaciones para reformar la Ley de Bases de R¨¦gimen Local con la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP), en la que participan todos los partidos, ha afectado a dicha reforma. "El objetivo es aumentar la democracia de los ayuntamientos y hacer la vida m¨¢s dif¨ªcil a la minor¨ªa corrupta", se?ala el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla.

El Gobierno, que negocia con la FEMP la extensi¨®n de la ley de incompatibilidades a los ayuntamientos, es consciente de que la norma deber¨¢ tener l¨ªmites en cuanto a los ¨¢mbitos de aplicaci¨®n, porque de lo contrario resultar¨ªa disuasoria en la formaci¨®n de candidaturas electorales en los municipios peque?os. Previsiblemente, el Gobierno y la FEMP acabar¨¢n fijando un list¨®n municipal m¨ªnimo, en funci¨®n del n¨²mero de habitantes, para aplicar la norma. Quienes preparan el conjunto de medidas barajan la hip¨®tesis de imponer las incompatibilidades en municipios de m¨¢s de 75.000 habitantes.

La nueva incompatibilidad tendr¨¢ una compensaci¨®n econ¨®mica, fijada en la propia Ley de Bases de R¨¦gimen Local. Los concejales, con dedicaci¨®n total o parcial, podr¨¢n percibir, tras su cese, el seguro de desempleo, en las mismas condiciones que cualquier cotizante a la Seguridad Social, en funci¨®n de su cotizaci¨®n.

A su vez, el Pacto contra el Transfuguismo, cuya renovaci¨®n negocia el Gobierno con todos los partidos y se har¨¢ p¨²blica este mes, introduce dos nuevas medidas. Por un lado, un acuerdo pol¨ªtico para impedir que el concejal que haya sido tr¨¢nsfuga pueda volver a presentarse en una lista electoral municipal. Por otro, la decisi¨®n de pasar a manos del fiscal Anticorrupci¨®n los casos de transfuguismo para que investigue. Recientemente, el Gobierno aprob¨® por real decreto la creaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para Urbanismo y Medio Ambiente.

La reforma de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, que el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros y remitir a las Cortes antes del verano, aumenta, asimismo, las medidas de control de los equipos de gobierno municipales. As¨ª, las licencias, convenios y contratos que afecten a la vida del municipio por varios a?os, tendr¨¢n que pasar por el control del pleno municipal y no limitar su decisi¨®n al debate en el equipo de gobierno.

Asimismo, la norma otorga un poder de control a la minor¨ªa de la oposici¨®n para exigir responsabilidad pol¨ªtica al gobierno municipal, de modo que adem¨¢s de los concejales tengan que responder en pleno o comisi¨®n, si la minor¨ªa requiere su presencia, los directivos de organismos p¨²blicos y de servicios municipales. Los ciudadanos podr¨¢n presentar alegaciones a todo tipo de ordenanzas municipales, con la excepci¨®n de las fiscales, antes de que se aprueben en el pleno.

La Ley de Bases tambi¨¦n regula la iniciativa popular, de modo que los ciudadanos podr¨¢n presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal. Bastar¨¢ con el 20% de la poblaci¨®n en los municipios de hasta 5.000 habitantes; bajar¨¢ al 15% en los de 5.001 a 20.000 habitantes y se reducir¨¢ al 10% en los de m¨¢s de 20.000 habitantes.

La reforma regula tambi¨¦n la celebraci¨®n de consultas populares, que requerir¨¢n la autorizaci¨®n de la mayor¨ªa del pleno municipal y del Gobierno aut¨®nomo. "Se podr¨¢n someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de car¨¢cter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepci¨®n de los relativos a la Hacienda local", seg¨²n se?ala el borrador.

La futura ley reconoce el derecho de los vecinos a ser informados, "previa petici¨®n razonada", y a dirigir solicitudes a la Administraci¨®n municipal "en relaci¨®n a todos los expedientes y documentaci¨®n municipal".

Otro de los objetivos del Ejecutivo en la elaboraci¨®n de esta reforma ha sido la delimitaci¨®n clara de las funciones del equipo de gobierno municipal y del papel de la oposici¨®n, siguiendo la pauta del control del Gobierno central y de los de las comunidades aut¨®nomas por parte de la oposici¨®n. "El control no es del pleno municipal sobre el alcalde, sino en el pleno de la minor¨ªa sobre la mayor¨ªa", se?alan fuentes gubernamentales.