Las Juntas vizca¨ªnas defienden anular la liquidaci¨®n de la c¨¢mara urbana

Las Juntas Generales de Vizcaya acordaron ayer pedir al Gobierno que suspenda la liquidaci¨®n de la C¨¢mara de la Propiedad Urbana de este territorio por su solvencia y su "amplio respaldo social". El acuerdo dividi¨® a los socios de gobierno, toda vez que el PNV la apoy¨® junto al PP, mientras que EA se abstuvo. Los peneuvistas vizca¨ªnos discrepan as¨ª de la postura de su partido en el Parlamento vasco, donde ha apoyado la disoluci¨®n.

La decisi¨®n de las Juntas vizca¨ªnas resulta m¨¢s simb¨®lica que pr¨¢ctica, puesto que la competencia es del Gobierno, pero vuelve a enrevesar la resoluci¨®n de un asunto pendiente desde hace diez a?os, cuando el Ejecutivo central decret¨® que los bienes de estas entidades y sus trabajadores pasasen al sector p¨²blico. Las autoridades vascas hicieron caso omiso hasta que en 2002 el Tribunal Superior de Justicia dict¨® una sentencia que llev¨® al Parlamento a aprobar por unanimidad en 2004 la liquidaci¨®n de las tres c¨¢maras de la propiedad.

La asunci¨®n de estas entidades por parte del Gobierno qued¨® definida en un decreto que entr¨® en vigor el 31 de enero y que luego ha vuelto a ser ratificado por el Superior.

Las c¨¢maras ya est¨¢n controladas por el Departamento de Vivienda, pero el proceso todav¨ªa no ha culminado, hasta el punto de que los secretarios generales de las entidades siguen cobrando sus sueldos, que llegan a los 119.000 euros anuales.

El PNV y el PP llevaron el asunto al pleno de ayer de las Juntas Generales vizca¨ªnas. El peneuvista Josu Arteta calific¨® de "grave error" que el decreto se desarrolle y asegur¨® que el Gobierno no podr¨ªa asumir todas las funciones de la c¨¢mara y el ciudadano "deber¨¢ acudir a los tribunales". Manifest¨® que el Ejecutivo s¨®lo podr¨¢ prestar tres de "las 40 funciones" que proporciona la entidad.

Servicios que "funcionan"

Carlos Olazabal, del PP, calific¨® el decreto de "expropiaci¨®n a 240.000 vizca¨ªnos sin compensaci¨®n" y explic¨® que la propuesta no discute la integraci¨®n en el Gobierno, sino que defiende unos servicios que "funcionan bien".

EA se desmarc¨® de su socio al defender el proceso de liquidaci¨®n. "El Gobierno est¨¢ obligado a acabar con la incertidumbre de esos diez a?os y garantiza unos servicios frente a un modelo monopolista", expuso su juntero Jos¨¦ Ram¨®n L¨®pez-Larrinaga. A su juicio, las c¨¢maras se "iban comiendo su patrimonio" en los ¨²ltimos a?os e inst¨® a zanjar la situaci¨®n de unas entidades que gestionan "de manera irregular un enorme patrimonio".

El socialista Josu Montalb¨¢n reproch¨® a PNV y PP que conf¨ªen m¨¢s en una entidad privada que en el Gobierno y dud¨® de que la c¨¢mara, con 27 trabajadores, preste "40 funciones. O no son importantes o no se puede hacer". Destac¨® que los dos partidos s¨®lo defend¨ªan los 8,5 millones de patrimonio de la entidad. Jos¨¦ Ferrera, de EB, insisti¨® en la "contradicci¨®n" del PNV, con una postura en Vizcaya y otra en el Legislativo.

La c¨¢mara vizca¨ªna se felicit¨® del acuerdo y calific¨® en un comunicado de "esperanzador" que haya sido apoyada por uno de los grupos del tripartito.