El reto de la dependencia
Apela la autora a los responsables pol¨ªticos para que tengan una perspectiva amplia y positiva al afrontar el problema de la dependencia.
Europa, y dentro de ella Espa?a, es la regi¨®n del mundo m¨¢s envejecida. Seg¨²n las previsiones de Naciones Unidas, a mediados del presente siglo Espa?a ser¨¢ el pa¨ªs m¨¢s viejo del mundo. Una sociedad de viejos es el resultado exitoso de los logros conseguidos de manera progresiva en los dos ¨²ltimos siglos en cuanto a las condiciones de vida y trabajo de las personas en los pa¨ªses industrializados. Al mismo tiempo, los avances tecnol¨®gicos que han propiciado esas condiciones proporcionan medidas preventivas de enfermedades infecciosas que antes eran mortales y contribuyen tambi¨¦n a reparar o paliar los da?os en la salud de las personas que no han podido ser prevenidos. Las sociedades envejecidas son las sociedades avanzadas, y aunque hasta hace muy poco se haya visto ese hecho como un grave problema que condicionar¨ªa el desarrollo futuro, se tiende ya a verlo m¨¢s como un desaf¨ªo que se presenta a la Humanidad -nuevo, pero uno m¨¢s, al que debemos enfrentarnos con inteligencia-, una vez que se han superado las situaciones de pobreza y hambrunas, de epidemias mortales y de guerras continuadas que ha formado siempre parte de nuestra historia. (Es cierto, que esos problemas todav¨ªa no han sido superados en otras zonas del planeta donde no ha tenido lugar el desarrollo industrial o se est¨¢ comenzando).
Las desigualdades existentes en el ejercicio de ciertos derechos ya han llamado la atenci¨®n del Consejo de Europa
Los viejos de ma?ana son los j¨®venes de hoy y depender¨¢n de nosotros (individual y socialmente) las vejeces que tendremos
Las personas de 80 y m¨¢s a?os es el grupo de edad que crece a mayor ritmo. Es m¨¢s, el n¨²mero de personas centenarias se est¨¢ acrecentando progresivamente en todo el mundo. Incluso las que se denominan supercentenarias, que son aquellas que alcanzan o superan los 110 a?os de edad, se est¨¢n incrementando en el mundo desde los a?os setenta. En tres d¨¦cadas, su n¨²mero ha aumentado cinco o seis veces. Y puede a?adirse algo m¨¢s; en unos veinte a?os, la edad m¨¢xima alcanzada por los seres humanos se ha elevado de 112 a 122 a?os. Aunque la mayor parte de las personas mayores pueden tener una o m¨¢s enfermedades cr¨®nicas, ¨¦stas no les impiden desarrollar con normalidad las actividades de la vida cotidiana en esa etapa. Sin embargo, con la edad avanzada la probabilidad de sufrir enfermedades cr¨®nicas y minusval¨ªas se acent¨²a. Mantener y prolongar la independencia, o al menos retrasar la dependencia lo m¨¢ximo posible, es una meta social que se intenta lograr.
En el caso de Espa?a ha sido publicado el proyecto de Ley de Promoci¨®n de la autonom¨ªa personal y atenci¨®n a las personas en situaci¨®n de dependencia, iniciativa muy esperada por la sociedad, ante la que el acuerdo tambi¨¦n de los diversos partidos pol¨ªticos es m¨¢ximo y que llevaban en sus programas. Es un proyecto que, como se sabe, no est¨¢ dirigido ¨²nicamente a las personas ancianas y que pretende mejorar las condiciones de vida de quienes, por sus condiciones de vulnerabilidad, necesitan de otras personas para desarrollar las actividades de la vida cotidiana, y que puedan ejercer plenamente sus derechos de ciudadan¨ªa. La Administraci¨®n General del Estado deber¨¢, seg¨²n se se?ala en el art¨ªculo 1.1, "garantizar la existencia de un contenido m¨ªnimo com¨²n de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional".
Los principios que gu¨ªan ese proyecto son admirables, porque hacen referencia a la universalidad, el car¨¢cter p¨²blico de las ayudas, las condiciones de igualdad, la atenci¨®n integral e integrada, las medidas de prevenci¨®n, de rehabilitaci¨®n, de participaci¨®n de los usuarios, as¨ª como la calidad, la sostenibilidad y la accesibilidad del Sistema Nacional de Dependencia (SND). Se prev¨¦ la atenci¨®n directa con servicios a las personas que la precisen, as¨ª como ayudas econ¨®micas en los casos en que no puedan proporcionarse esos servicios, siempre seg¨²n unos criterios determinados, y se establece gen¨¦ricamente la participaci¨®n econ¨®mica de la Administraci¨®n General del Estado (AGE) y de las Comunidades Aut¨®nomas (CC AA).
La lectura del proyecto suscita algunas preguntas y reflexiones. Se entiende que los convenios que se establezcan dentro del Consejo Territorial del SND entre la AGE y las administraciones de las CC AA determinar¨¢n los baremos para la valoraci¨®n del nivel de dependencia, establecer¨¢n los criterios que dirigir¨¢n la participaci¨®n de los beneficiarios en las prestaciones, as¨ª como los criterios de actuaci¨®n y de evaluaci¨®n del sistema. Sin embargo, de hecho, podr¨¢n ser desiguales las prestaciones que se reciban por personas con el mismo nivel o grado de dependencia y condiciones familiares y econ¨®micas. Depender¨¢ de las mejoras que las CC AA puedan o quieran realizar, o no, sobre los niveles de protecci¨®n acordados.
Esa realidad social de desigualdad interterritorial no entra en contradicci¨®n con el principio de igualdad de la ley seg¨²n el art¨ªculo 1.1, pues en el art¨ªculo 7 se establece la posibilidad de que ese m¨ªnimo sea incrementado por las distintas CC AA. Pero, ?no entrar¨¢ esto en contradicci¨®n con el principio constitucional de la igualdad de todos los espa?oles ante la ley? Adem¨¢s, y porque no estamos solos y debemos mantener unos compromisos por nuestra pertenencia a la Uni¨®n Europea, ?se aceptar¨¢ que una persona de otro pa¨ªs de la Uni¨®n que cumpla los requisitos expuestos en el art¨ªculo 5.1 c, reciba prestaciones desiguales si reside en una u otra comunidad aut¨®noma? Las situaciones de desigualdad existentes actualmente en Espa?a en el ejercicio de ciertos derechos, derivadas de las peculiaridades de nuestro modelo de descentralizaci¨®n, ya han llamado la atenci¨®n del Consejo de Europa. En esa misma l¨ªnea, la desigualdad tambi¨¦n afectar¨¢ a las personas que cambien de residencia dentro del territorio nacional.
Otras cuestiones suscitan preocupaci¨®n o decepci¨®n. Es el caso de la participaci¨®n de los usuarios o sus familias. En el Consejo Territorial del SND ¨²nicamente participan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Consejer¨ªas correspondientes de la CC AA, entiendo que por tratarse "de un instrumento de cooperaci¨®n para la articulaci¨®n del Sistema" (art¨ªculo 8.1). Por otro lado, en el Comit¨¦ Consultivo del SND, que constituye el ¨®rgano asesor adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, participan las administraciones p¨²blicas, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. ?D¨®nde queda la participaci¨®n en este organismo de las asociaciones de personas mayores y con discapacidad? Ellas no tienen cabida en ese organismo. En el art¨ªculo 40 se establece que "el Consejo Estatal de Personas Mayores y el Consejo Nacional de la Discapacidad tienen la naturaleza de ¨®rganos consultivos de la Administraci¨®n General del Estado, con las funciones de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial inter¨¦s para el funcionamiento del Sistema". Es decir, como algunas asociaciones de personas mayores han puesto de manifiesto, se les deja el papel de asesores de los asesores. Por otra parte, la participaci¨®n de los entes locales y su financiaci¨®n, siendo los ayuntamientos quienes proveen ya los servicios sociales, queda descuidada.
Los aspectos relativos a la prevenci¨®n se desarrollan brevemente en el art¨ªculo 21. Casi se pasa de puntillas. Se menciona el desarrollo coordinado entre los servicios sociales y de salud, entre otras cosas, y se establece la elaboraci¨®n por el Consejo Territorial del SND de un Plan de Prevenci¨®n de las Situaciones de Dependencia. En Espa?a se lleva al menos dos d¨¦cadas debatiendo y discutiendo sobre "lo sociosanitario", pero no hay actuaciones todav¨ªa. Es, pues, hora de poner manos a la obra con seriedad.
Por otro lado, siendo fundamentales los aspectos relativos a la prevenci¨®n, entiendo que dicho concepto necesitar¨ªa ser definido claramente. En principio, puede decirse que la prevenci¨®n y las medidas preventivas deben aplicarse desde antes del nacimiento de la persona, mediante la atenci¨®n sanitaria maternal como se hace normalmente, y la vida saludable de quienes van a ser padres y madres. Todo ello implica la atenci¨®n a las condiciones laborales y de vida en general y la educaci¨®n en h¨¢bitos saludables en todas las personas, en especial en la infancia y la juventud.
Dos ejemplos muy simples. Las personas que trabajan en un ambiente demasiado ruidoso sin tomar las medidas preventivas oportunas, como a simple vista se detecta en cualquier obra p¨²blica, ser¨¢n unos sordos prematuros ("personas con discapacidad auditiva"). Tambi¨¦n las que se divierten con el volumen m¨¢ximo de la m¨²sica. Las personas que ahora abusan de manera regular del alcohol y las drogas -triste r¨¦cord que ostentamos entre la juventud europea- ser¨¢n unos viejos prematuros, con su sistema neuronal deteriorado que requerir¨¢ jubilaciones tempranas y tratamientos sanitarios y sociales que, sin duda, ser¨¢n costosos econ¨®micamente.
Los viejos de ma?ana son los j¨®venes de hoy, y de nosotros -individual y socialmente- depender¨¢ las vejeces que tendremos. La prevenci¨®n, pues, es tarea de largo recorrido que implica a todo el mundo. Sugiero por ello que, adem¨¢s de la necesidad de pensar en un "sistema integrado" de medidas preventivas generales -la ley del tabaco va en esa direcci¨®n en buena medida-, a efectos de la ley de promoci¨®n de la autonom¨ªa personal, quiz¨¢ el concepto deba definirse expresamente para determinar las medidas que deben tomarse en el contexto de la ley.
Podr¨ªan hacerse m¨¢s comentarios, pero termino resaltando la necesidad de que, a la hora de la tramitaci¨®n de la ley y luego en su desarrollo, los pol¨ªticos tengan una perspectiva amplia y acorde a su rol de representantes p¨²blicos. Para evitar el enfrentamiento y buscar sincera y r¨¢pidamente la cooperaci¨®n, estableciendo asimismo procedimientos para compartir siempre las experiencias y tratar entre todos de mejorar el funcionamiento del Sistema. Todo ello en beneficio de los ciudadanos, que son los que les pagan.
Mar¨ªa Teresa Bazo es catedr¨¢tica de Sociolog¨ªa de la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV-EHU).
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