El Consultivo pide el mismo rasero para todos los operadores de ITV

Las empresas de inspecci¨®n t¨¦cnica de veh¨ªculos (ITV) que ya operen en otras autonom¨ªas y quieran instalarse en Catalu?a s¨®lo necesitar¨¢n notificar sus intenciones a la nueva Agencia Catalana de Seguridad Industrial (ACSI), pero no pasar un filtro que les "habilite" para ello. As¨ª lo dictamina el Consejo Consultivo de la Generalitat, que encuentra visos de inconstitucionalidad en cuatro art¨ªculos de la nueva Ley de Seguridad Industrial, pero valida el cambio de r¨¦gimen (de las concesiones a las autorizaciones) aprobado por el Gobierno catal¨¢n.

El proyecto de Ley de Seguridad Industrial regula el mercado de las empresas de inspecci¨®n t¨¦cnica de veh¨ªculos (ITV) y las entidades que validan el funcionamiento correcto de instalaciones y aparatos, de un ascensor a la calefacci¨®n.

El cambio de modelo definido por la Generalitat acaba con el anterior r¨¦gimen de concesiones e introduce un modelo basado en las autorizaciones. Y se produce tras un encontronazo con Applus+, que controla el mercado catal¨¢n de las ITV y est¨¢ participada por Agbar, Caja Madrid y Uni¨®n Fenosa. El Gobierno actual anul¨® la pr¨®rroga de la concesi¨®n a esta empresa aprobada por el anterior, de CiU.

El dictamen del Consultivo estipula la "constitucionalidad" global de la ley, que seg¨²n Trabajo e Industria "permitir¨¢ incrementar el n¨²mero de operadores en competencia", pero pone en tela de juicio cuatro art¨ªculos. As¨ª, adem¨¢s de apostar por la autorizaci¨®n autom¨¢tica para todos los operadores que funcionen en Espa?a, cuestiona que la ley catalana respete la libertad de empresa cuando fija las tarifas m¨ªnimas de las ITV (no se mete con las m¨¢ximas), obliga a equiparar las cuant¨ªas de las sanciones a que haya lugar en Catalu?a con las que fija la normativa estatal y proh¨ªbe la devoluci¨®n de las tasas a los operadores a los que se deniegue autorizaci¨®n para trabajar.