El Senado ratifica el pago del canon para los soportes digitales

El canon sobre soportes digitales, como reproductores de MP3, pas¨® ayer su pen¨²ltimo tr¨¢mite parlamentario al ser aprobado en el pleno del Senado, con los votos en contra de ICV, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. La ley pas¨® el tr¨¢mite con los votos de PP y PSOE, que ya la hab¨ªan pactado en el Congreso, y s¨®lo lo aprovecharon para "mejoras t¨¦cnicas".

El llamado canon es un sobrecoste a?adido a los sistemas de almacenamiento y reproducci¨®n (por ejemplo, un CD virgen) que se destina a compensar a los autores por las copias privadas que pueden obtener quienes hayan accedido legalmente a sus obras. El cobro se realiza a trav¨¦s de las sociedades de gesti¨®n de derechos. Representantes de asociaciones de fabricantes y consumidores presentaron casi 100.000 firmas en el Senado para pedir la eliminaci¨®n de este gravamen, por considerarlo indiscriminado y un freno para la sociedad de la informaci¨®n. Alegan que la tecnolog¨ªa permite el control de las copias. Aunque el canon se cobra al fabricante, ¨¦ste lo repercute al cliente. Uno de los argumentos de quienes se oponen es que lo pagan todos los ciudadanos al adquirir cualquiera de los soportes sometidos al canon, aunque lo destinen a otros fines y no hagan ninguna copia privada.

Entre PSOE y PP rechazaron la mayor¨ªa de las enmiendas destinadas a acotar la aplicaci¨®n del canon. Se aprob¨® una modificaci¨®n, propuesta por CiU, seg¨²n la cual no ser¨¢ necesaria la autorizaci¨®n del autor para una copia privada cuando se emplee en procedimientos judiciales o parlamentarios, as¨ª como cuando las copias se realicen en beneficio de personas con discapacidad. Otras enmiendas aceptadas hablan de que la cuant¨ªa del canon sea proporcional al precio final del producto sobre el que recae.

El Senado tambi¨¦n consagr¨® una ampliaci¨®n de supuestos del derecho de remuneraci¨®n de los autores de obras audiovisuales, defendida por las sociedades de gesti¨®n y criticada por la industria que las adquiere ya que, alegan, supone pagar dos veces al autor (que cobrar¨¢ del productor y del usuario) por un mismo acto de explotaci¨®n.

Recortes de prensa

El Senado no modific¨® el art¨ªculo que permite a las empresas de recortes de prensa (press-clipping) comerciar con la reproducci¨®n ¨ªntegra de art¨ªculos ajenos aparecidos en los medios de comunicaci¨®n. La Asociaci¨®n de Editores de Diarios Espa?oles critic¨® en su d¨ªa este redactado por considerar que se permit¨ªa la actuaci¨®n "gratuita y parasitaria" de las empresas que hacen res¨²menes de prensa como negocio con obras que no son de su propiedad.

A la sesi¨®n acudieron representantes de los autores, que mostraron su inquietud, e incluso su malestar evidente en alg¨²n caso, porque la ley mantiene intacto un art¨ªculo por el cual, en caso de no haber acuerdo econ¨®mico entre las partes en una negociaci¨®n sobre derechos, cualquiera de ellas podr¨¢ acudir a una comisi¨®n de arbitraje que fijar¨¢ una tarifa. Este arbitraje no ciega el posterior recurso a los tribunales. En la actualidad, s¨®lo se puede acudir al arbitraje si est¨¢n de acuerdo en hacerlo las dos partes. Las sociedades de gesti¨®n lo consideran una intromisi¨®n en su derecho a fijar el precio y la industria lo apoya porque, argumentan, supondr¨¢ un freno a la arbitrariedad con que se fija.

De esta forma, "dejan de existir las sociedades de gesti¨®n", se quejaba ayer el compositor Claudio Prieto, uno de los artistas asistentes al pleno. "El precio de la obra del autor va a ser fijado por otros", era la interpretaci¨®n que hac¨ªa de la funci¨®n de esta comisi¨®n de arbitraje prevista en la ley.

El senador Francisco Javier Maqueda, del PNV, grupo que se abstuvo junto con el senador de ERC, lament¨® que los debates se hayan centrado en defender al artista y no al consumidor, y asegur¨® que a quien m¨¢s beneficia la ley es a las sociedades de gesti¨®n. La senadora socialista Mar¨ªa Jos¨¦ Navarro asegur¨® que la ley protege la cultura.

Por la ma?ana, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, se comprometi¨® a reunirse con representantes del PNV para estudiar el posible traslado al Pa¨ªs Vasco de documentaci¨®n del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, en el momento en que reciba una convocatoria formal del lehendakari. La ministra record¨® que el Gobierno se limita a cumplir la ley por la que se restituyen estos documentos a personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que puedan acreditar su propiedad.