La Audiencia Provincial fija la vista oral del 'caso funeraria', que ocurri¨® hace 14 a?os

La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido las pruebas presentadas en el llamado caso funeraria. Los magistrados encargados del proceso, que se prolonga desde hace m¨¢s de una d¨¦cada, han establecido para el pr¨®ximo 17 de julio la celebraci¨®n de la vista p¨²blica oral. El caso funeraria data de 1992, cuando el Ayuntamiento, del PP, vendi¨® el 49% de la funeraria municipal por 0,6 euros a Funespa?a. El PP aleg¨® que la funeraria era ruinosa, pero poco despu¨¦s arrojaba ping¨¹es beneficios. En el juicio est¨¢n imputados tres ex concejales del PP: Luis Mar¨ªa Huete, Sim¨®n Vi?als y Antonio Moreno.

Parece vislumbrarse el final del t¨²nel en el caso funeraria, que ya se prolonga casi 15 a?os. La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado la vista p¨²blica oral para el 17 de julio y, si procede, "continuar¨¢ el d¨ªa 18 de julio", se?ala el auto.

"Ha sido un proceso largo y complejo, que parece que por fin avanza", explica In¨¦s Saban¨¦s, portavoz de IU en el Ayuntamiento.

El caso se inici¨® en 1992 cuando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, del PP, aprob¨® la venta del 49% del capital de la funeraria municipal a la empresa privada Funespa?a por s¨®lo 0,6 euros (100 pesetas). Un precio simb¨®lico que el PP justific¨® por la situaci¨®n ruinosa de la funeraria municipal. Meses m¨¢s tarde, la empresa mixta ganaba m¨¢s de seis millones de euros. Adem¨¢s, el fiscal valor¨® la empresa p¨²blica en cerca de siete millones de euros.

La instrucci¨®n judicial del caso comenz¨® en 1999 en la m¨¢s alta instancia judicial de Madrid, por ser Huete en ese momento diputado regional. La investigaci¨®n se prolong¨® hasta 2002, cuando el fiscal pidi¨® 25 a?os de c¨¢rcel para los imputados: Luis Mar¨ªa Huete Morillo, Sim¨®n Vi?als y Antonio Moreno Bravo, ex concejales y cargos p¨²blicos del PP, acusados de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas y tr¨¢fico de influencias. Pero en septiembre de 2003, la fiscal¨ªa elev¨® un informe al Tribunal Supremo para que el caso se trasladase a la Audiencia Provincial alegando que Huete ya no era diputado regional.

El Tribunal Superior tiene potestad para juzgar a diputados auton¨®micos, pero no a concejales. ?stos deben ser procesados en la Audiencia Provincial.

Admitidas las pruebas

Adem¨¢s, en el auto emitido por los tres magistrados del caso, el pasado 18 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido las pruebas presentadas cuando el procedimiento estaba en el Tribunal Superior de Justicia. "Se declaran pertinentes las pruebas propuestas por el ministerio fiscal, acusaciones particulares y defensas", establece.

"Ya estuvo a punto de iniciarse el juicio oral en 2003 en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", recuerda Saban¨¦s. Pero entonces se acord¨® posponerlo por la proximidad de las elecciones y evitar as¨ª politizar el tema. La portavoz de la coalici¨®n de izquierdas ha denunciado en repetidas ocasiones la lentitud del proceso.

"Ya existe una sentencia de irregularidad del proceso, y ahora hay que depurar las responsabilidades pol¨ªticas del caso", se?ala Saban¨¦s. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya anul¨®, en 2003, la convocatoria y el pliego de condiciones redactado en 1992 por el gobierno del ex alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano. La sentencia del Superior de Justicia est¨¢ recurrida ante el Tribunal Supremo.

La ¨²ltima parada fue el pasado abril, cuando el magistrado de la Audiencia Provincial Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega se inhibi¨® del caso por ser amigo de los letrados que defienden a los imputados.

Saban¨¦s ha criticado que "los abogados de la defensa han intentado frenar el proceso con multitud de estrategias". Y recuerda: "En una de las ¨²ltimas alegaciones dijeron que hab¨ªan perdido documentos esenciales para el caso en el incendio del Windsor".