La Audiencia Nacional investigar¨¢ los 27 vuelos secretos de la CIA en Espa?a

La Audiencia Nacional investigar¨¢ si hubo delito en los 27 vuelos secretos de la CIA que hicieron escala en Espa?a en 2004 y 2005 y en los que se sospecha que pudo trasladarse a terroristas presos. As¨ª lo ha decidido el juez Ismael Moreno, que considera que la Audiencia es competente en aquellos delitos que los tratados o convenios internacionales atribuyen a la justicia espa?ola, como la tortura. La fiscal¨ªa no recurrir¨¢ esta decisi¨®n para evitar dilaciones en el procedimiento. "Lo que quiere la fiscal¨ªa es que se investiguen los hechos, aqu¨ª o en Mallorca", precis¨® el fiscal jefe Javier Zaragoza.

El juez Moreno, en su resoluci¨®n, se?ala: "Nos encontramos ante la hip¨®tesis de que a lo largo de los a?os 2004 y 2005, miembros de los servicios de inteligencia extranjeros habr¨ªan llevado a cabo detenciones de presuntos terroristas en otros pa¨ªses y, utilizando diferentes aeronaves, los habr¨ªan retenido ilegalmente y trasladado hasta determinados lugares, tambi¨¦n en pa¨ªses extranjeros". En esos traslados, los aviones "efectuaron escalas en diversos aeropuertos espa?oles para la materializaci¨®n y culminaci¨®n de tales presuntas actuaciones il¨ªcitas".

El magistrado recuerda que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para investigar delitos de persecuci¨®n universal cometidos en el extranjero siempre que esos delitos figuren en los tratados y convenios internacional ratificados por Espa?a. Eso ocurre con la "Convenci¨®n contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes", aprobada por la ONU en 1984 y ratificada por Espa?a en 1987.

La Fiscal¨ªa de Palma y la de la Audiencia Nacional se opon¨ªan a que el caso se siguiera en la Audiencia Nacional porque el grado de evoluci¨®n de la investigaci¨®n no permite a¨²n sostener la existencia de un delito que sea competencia de la Audiencia Nacional.

El juez Moreno, en cambio, se?ala que "frente a ello, ha de considerarse que los hechos cuya verosimilitud y posibilidad de suficiente acreditaci¨®n se investigan, de comprobarse que son ciertos, sin duda conllevar¨ªan la competencia de la Audiencia Nacional". Por ello, el magistrado estima que la Audiencia debe ser preferente para investigar los hechos "puesto que existe la eventualidad no meramente especulativa y lejana de que, de los hechos investigados, pudiera, en su momento, derivarse la competencia de la Audiencia".

La Fiscal¨ªa anunci¨® que no recurrir¨¢ la decisi¨®n porque lo que quiere es que se investiguen los hechos lo antes posible. Tras recordar que fue la Fiscal¨ªa la primera instituci¨®n que inst¨® la investigaci¨®n, el portavoz Juan Antonio Garc¨ªa Jabaloy explic¨® que no han cambiado de criterio, que siguen considerando que hubiera sido mejor que los hechos se investigasen en Palma, pero que, en definitiva, lo importante es que se investiguen, y si hubieran recurrido el auto no se hubiera podido practicar ninguna diligencia en dos o tres meses. As¨ª, el auto del juez ser¨¢ firme en tres d¨ªas y se podr¨¢n practicar pruebas y llamar a declarar a testigos.

Plena transparencia

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, declar¨® que respeta la decisi¨®n judicial y anunci¨® que comparecer¨¢ ante el Parlamento Europeo "lo m¨¢s r¨¢pidamente posible. Tan pronto como me den fecha y la agenda me convenga". A?adi¨® que es "un compromiso del Gobierno mantener plena transparencia, plena informaci¨®n y total serenidad sobre este caso".

El ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, asegur¨® que los vuelos de la CIA "no son un asunto que afecte a la responsabilidad pol¨ªtica del Gobierno" y agreg¨® que la investigaci¨®n contar¨¢ con "toda la colaboraci¨®n" del Ejecutivo y, adem¨¢s, "con transparencia".

Gaspar Llamazares, l¨ªder de IU, se felicit¨® por la noticia y pidi¨® al Gobierno que est¨¦ a la altura de la Audiencia e informe al Congreso de los datos de que disponga. El grupo parlamentario IU-ICV ha presentado una proposici¨®n no de ley en la que se exige al Gobierno que traslade a la Administraci¨®n norteamericana el rechazo a "todo tipo de actividades ilegales de la CIA" en territorio espa?ol.