La batalla por el gas boliviano

La batalla del gas no ha hecho m¨¢s que comenzar en Bolivia. Mes y medio despu¨¦s de que el presidente Evo Morales decretara la nacionalizaci¨®n de los hidrocarburos, las empresas petroleras pasan a la ofensiva. Desconcertadas inicialmente por la agresividad del Gobierno, que orden¨® la ocupaci¨®n militar de sus instalaciones, las tres principales inversoras en el pa¨ªs andino (la brasile?a Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total) denuncian ahora en voz alta la imprecisi¨®n del decreto nacionalizador y advierten que har¨¢n valer sus derechos en los tribunales. El Ejecutivo boliviano responde que expulsar¨¢ a las empresas que recurran al arbitraje internacional, pero se compromete a afinar el decreto con resoluciones ministeriales. Las negociaciones est¨¢n en punto muerto y las espadas, en alto.

El Gobierno boliviano ofrece di¨¢logo. Pero las petroleras le acusan de usar doble lenguaje

Los trabajos de exploraci¨®n de las multinacionales dieron frutos espectaculares

Hab¨ªa que revisar los contratos para garantizar un mejor reparto de los beneficios

Algunos juristas creen que el decreto de nacionalizaci¨®n viola las leyes bolivianas

Y no es que no se supiera. Cuando emiti¨® el Decreto Supremo 28.701, el pasado 1 de mayo, el sindicalista Evo Morales cumpl¨ªa la promesa estrella de su campa?a: revertir la liberalizaci¨®n econ¨®mica de la ¨²ltima d¨¦cada y nacionalizar los recursos energ¨¦ticos. Lo que nadie esperaba era lo que Decio Odone, responsable de Petrobras para el Cono Sur, describe como "acciones hostiles". Aqu¨ª entrar¨ªan el despliegue militar, los registros o la detenci¨®n ilegal, en marzo pasado, de dos ejecutivos de Repsol YPF. Por un lado, el presidente boliviano reitera su deseo de que las empresas se queden. Por otro, las tilda de "contrabandistas" y su ministro de Hidrocarburos no para de lanzar amenazas: "Confiscar¨¢n" las acciones necesarias para tener el control, "expulsar¨¢n" a las compa?¨ªas que no acaten las nuevas normas o "abrir¨¢n sus cajas negras" con auditor¨ªas, ejercicio este ¨²ltimo que las petroleras perciben como un subterfugio del Gobierno para ahorrarse el pago de compensaciones.

"Las decisiones adoptadas no est¨¢n en negociaci¨®n", se?ala Manuel Morales, asesor del Ejecutivo (sin parentesco con el presidente). "Lo que s¨ª va a haber es conciliaci¨®n de cuentas y acuerdo con las partes". Todas las compa?¨ªas han reiterado su disposici¨®n al di¨¢logo. Pero se quejan del doble lenguaje. "No te puedes fiar de lo que te dicen. Para que haya socios ha de haber confianza, y eso no se logra con insultos ni con mentiras", dicen fuentes de Repsol YPF.

La tercera nacionalizaci¨®n de los hidrocarburos bolivianos arranca, a pesar de las expectativas, en un clima de suspicacia. Las dos anteriores, acometidas en 1937 y 1969 por Gobiernos militares, no llegaron a buen puerto y no lograron revertir los ¨ªndices de pobreza que, entonces como hoy, atenazaban al pa¨ªs. La estatal Yacimientos Petrol¨ªferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tard¨® casi dos d¨¦cadas en explorar su primer pozo, corro¨ªda por el d¨¦ficit y la corrupci¨®n. "YPFB se convirti¨® en la fuente de ingresos de los sucesivos Gobiernos", explica el experto Fernando Molina, director del semanario Pulso. "No hab¨ªa dinero para explorar ni explotar, no hab¨ªa capital de riesgo, tan importante en la industria petrolera".

Decidido a dar un golpe de tim¨®n, el presidente Gonzalo S¨¢nchez de Lozada inici¨® durante su primer mandato (1993-1997) un proceso de privatizaci¨®n parcial de YPFB, que se denomin¨® "capitalizaci¨®n" para no alterar a la poderosa casta sindical, refractaria a todo lo que oliera a iniciativa privada o econom¨ªa de mercado.

El Gobierno desmantel¨® YPFB y cre¨® dos empresas de explotaci¨®n (Andina y Chaco) y una de transportes (Transredes). Un poco m¨¢s de la mitad de las acciones se vendi¨® a compa?¨ªas extranjeras, y el resto qued¨® en manos del "pueblo boliviano": sus due?os son todos los ciudadanos que ten¨ªan m¨¢s de 21 a?os en el momento de la operaci¨®n, en 1996. Con los dividendos obtenidos por estas acciones se constituy¨® un fideicomiso, que entre otras cosas ha servido para pagar el llamado Bono de Solidaridad, una pensi¨®n anual equivalente a 176 euros a todos los mayores de 65 a?os. De la gesti¨®n de ese fondo colectivo se hicieron cargo dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una del grupo espa?ol BBVA y otra del suizo Zurich.

Repsol YPF entr¨® en Andina, British Petroleum en Chaco (ambas con el 51% del paquete accionarial), y el 66% de Transredes se reparti¨® entre la anglo-holandesa Shell y el consorcio estadounidense Prisma. La brasile?a Petrobras, que operaba ya en el pa¨ªs en virtud de un acuerdo de integraci¨®n energ¨¦tica, se hizo con una refiner¨ªa y pas¨® a ser el mayor inversor en la industria local de hidrocarburos, con 1.500 millones de d¨®lares (1.185 millones de euros).

Convertido en un organismo de gesti¨®n, YPFB firm¨® 71 contratos de exploraci¨®n con una veintena de empresas. "Eran contratos de riesgo compartido, muy sencillos: usted, se?or, invierte, y si encuentra producci¨®n, paga al Estado una regal¨ªa fija del 18%, m¨¢s el impuesto a las utilidades, es decir, a las ganancias de la compa?¨ªa", explica Carlos Miranda, ingeniero petroqu¨ªmico, ex ministro de Energ¨ªa y superintendente de Hidrocarburos hasta 2002. "YPFB fijaba las bases de las licitaciones, y quien m¨¢s ofrec¨ªa, ganaba autom¨¢ticamente. No hab¨ªa negociaci¨®n, eran contratos tipo, todos iguales: decidimos ese sistema para evitar posibles nichos de corrupci¨®n".

El Gobierno, recuerda Miranda, ten¨ªa "el firme deseo de establecer el potencial de este pa¨ªs y de atraer la inversi¨®n". El prop¨®sito se cumpli¨® con creces. Las petroleras internacionales desembarcaron en Bolivia y sus trabajos de exploraci¨®n dieron frutos espectaculares. "Las reservas de gas pasaron de 6 billones de pies c¨²bicos a 50 billones, y se determin¨® su ubicaci¨®n exacta", explica el f¨ªsico y docente universitario Francesco Zaratti. Con estos descubrimientos, Bolivia se convirti¨® en la segunda reserva de gas de Am¨¦rica del Sur, detr¨¢s de Venezuela. S¨®lo Petrobras, Repsol YPF y Total invirtieron m¨¢s de 4.000 millones de d¨®lares. El valor de las exportaciones de gas se multiplic¨® por diez (de 94 millones de d¨®lares, en 1996, a 957 millones de d¨®lares en 2005). A los mercados tradicionales (Brasil y Argentina) se un¨ªan otros potenciales compradores: Chile, EE UU o M¨¦xico deseaban importar el gas boliviano. Las perspectivas no pod¨ªan ser m¨¢s alentadoras.

?Por qu¨¦ entonces todo revent¨® en 2003? Entramos aqu¨ª en las turbulencias de un pa¨ªs con un abultado memorial de agravios contra el extranjero, que no s¨®lo le ha expoliado sus riquezas desde la ¨¦poca colonial, ya fuera la plata, el caucho o el esta?o, sino que adem¨¢s demedi¨® su territorio: Chile le arrebat¨® el acceso al Pac¨ªfico (1884), Brasil se atrajo la regi¨®n amaz¨®nica de Acre (1903) en pleno auge del caucho, y la ofensiva contra Paraguay result¨® en la humillante p¨¦rdida del Chaco en 1935.

A los resentimientos hist¨®ricos hay que unir indicadores concretos: con un PIB de 960 d¨®lares per c¨¢pita, Bolivia est¨¢ en el furg¨®n de cola de Suram¨¦rica. Un 70% de los nueve millones de habitantes son pobres. Ni las pol¨ªticas estatistas, que hundieron al pa¨ªs en la hiperinflaci¨®n en los a?os ochenta, ni la liberalizaci¨®n posterior se han traducido en una mejora palpable de las condiciones de vida: la econom¨ªa boliviana apenas ha crecido un 1% anual como media en los ¨²ltimos 50 a?os.

A?¨¢dase a la coctelera el factor de la lucha por el poder y tendremos la revuelta social de 2003, que acab¨® con el Gobierno de S¨¢nchez de Lozada cuando llevaba poco m¨¢s de un a?o de su segundo mandato. La chispa fue el proyecto gubernamental de vender gas a M¨¦xico y EE UU a trav¨¦s de Chile, el odiado enemigo que les rob¨® el mar. Enarbolando la bandera de la soberan¨ªa de los hidrocarburos y del orgullo patrio, Evo Morales encabez¨® las protestas y logr¨® derribar a su rival de los comicios de 2002.

El presidente provisional, el periodista Carlos Mesa, trat¨® de mantener las riendas de un pa¨ªs desbocado. Un refer¨¦ndum en 2004, que sirvi¨® como v¨¢lvula de escape, asent¨® la voluntad de los bolivianos de nacionalizar los hidrocarburos. Un t¨¦rmino escurridizo, puesto que ya la Constituci¨®n establece que las riquezas naturales son propiedad del Estado boliviano. "El problema es que en la calle se toma la nacionalizaci¨®n en sentido hist¨®rico, de expulsar a las compa?¨ªas privadas, lo cual es irresponsable. Se despiertan fantasmas anticoloniales y no se ve el negocio en toda su complejidad", explica Zaratti, principal asesor del presidente Mesa en materia de hidrocarburos. "Dicho esto, la reforma era necesaria. La ley de S¨¢nchez de Lozada fue muy buena, pero hab¨ªa cumplido su ciclo. Hab¨ªa que buscar otras f¨®rmulas de cara a la comercializaci¨®n".

El Gobierno de Mesa redact¨® un proyecto de ley que pretend¨ªa ser, en palabras de Zaratti, "un marco de soluciones lo m¨¢s racional posible, para conciliar todos los intereses". En el Congreso, sin embargo, el Movimiento Al Socialismo, de Evo Morales, y otros partidos opositores estaban en pie de guerra. "Entramos en una olimpiada de radicalismo. Ellos ten¨ªan otro objetivo: hacer caer al Gobierno". Lo consiguieron con una ley de hidrocarburos aprobada en mayo de 2005, que Mesa no quiso ratificar. Las petroleras, dice Zaratti, tampoco ayudaron con su "actitud prepotente". El presidente dimiti¨® un mes m¨¢s tarde, tras una nueva oleada de protestas. Morales ten¨ªa expedito el camino al poder, al que lleg¨® por mayor¨ªa absoluta en diciembre.

"La ley de 2005 fue un instrumento pol¨ªtico eficaz para echar a un Gobierno, pero para regular los hidrocarburos no sirve. Es un verdadero panfleto", dice un ejecutivo de Repsol YPF en Bolivia, que prefiere mantener el anonimato. Entre otros puntos, eleva las regal¨ªas del 18% al 50%, lo que, con otros impuestos, sube la tributaci¨®n hasta un 70%.

El Decreto Supremo de Evo Morales se redacta a partir de ese texto. El Estado recupera el "control total y absoluto" de los hidrocarburos y se hace cargo de su comercializaci¨®n e industrializaci¨®n. Las empresas petroleras deben entregar "de forma inmediata" su producci¨®n de gas y crudo a YPFB, que ahora ser¨¢ socio mayoritario en las compa?¨ªas mixtas que operaban en el pa¨ªs. Para ello, obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones a transferir al Estado, "a t¨ªtulo gratuito", las acciones de los ciudadanos bolivianos (que constituyen el 49% de Andina y de Chaco, y el 34% en Transredes). Adem¨¢s, las petroleras deber¨¢n desprenderse de las acciones que YPFB necesita para llegar al 50% m¨¢s uno. Es decir, un 2%, en el caso de Repsol YPF y BP, y un 17% en el de Shell. Los contratos dejan de ser de riesgo compartido: las petroleras son ahora proveedoras de un servicio (exploraci¨®n y producci¨®n) a cambio de una retribuci¨®n fijada por el Estado.

Mientras se negocian los nuevos contratos, el decreto establece un r¨¦gimen fiscal especial para seis meses: el Estado recibir¨¢ el 82% de los beneficios de los campos que generen m¨¢s de 100 millones de pies c¨²bicos diarios de gas, es decir, San Alberto y San Antonio S¨¢balo, operados conjuntamente por las tres grandes: Repsol YPF, Petrobras y Total. Para ellas quedar¨¢ el 18% restante de los beneficios.

"Algunos juristas", explica Fernando Molina, "consideran que el decreto viola la legislaci¨®n boliviana, al otorgar al Gobierno la potestad de cobrar impuestos, por ejemplo, cuando eso es prerrogativa del Congreso. Tambi¨¦n al imponer participaciones a las empresas sin acuerdo previo, o al expropiar acciones con un simple decreto. La transferencia de las acciones de los bolivianos a YPFB estaba prevista en la ley de hidrocarburos de 2005, pero no de esa forma, sin compensaci¨®n. Para expropiar, se tendr¨ªa que haber aprobado una ley, es decir, un instrumento jur¨ªdico de igual rango".

De lo que no cabe duda es de que el momento de cambiar las reglas del juego hab¨ªa llegado. Cuando se firmaron los contratos, en 1996, el mill¨®n de pies c¨²bicos de gas costaba un d¨®lar. Hoy vale entre cinco y diez d¨®lares. Es decir, hab¨ªa que revisar los contratos para garantizar al Estado boliviano un reparto m¨¢s provechoso de los beneficios. Ahora bien, la pregunta clave es: con esta nacionalizaci¨®n, ?los bolivianos van a tener un mejor rendimiento que en la etapa anterior?

Para el vicepresidente, ?lvaro Garc¨ªa Linera, no hay la menor duda. Y lo argumenta con estas cifras: los ingresos por la explotaci¨®n del gas al Tesoro p¨²blico boliviano crecieron entre 1995 y 2003 apenas en 20 millones de d¨®lares, hasta llegar a los 390 millones. Con la nueva ley, en 2005, subieron a 460 millones de d¨®lares. Para 2007, el Gobierno espera recaudar 750 millones de d¨®lares.

Pan para hoy y hambre para ma?ana, responden las petroleras. El Gobierno va a matar a la gallina de los huevos de oro. Con semejantes tasas impositivas, no es posible la inversi¨®n. Quiz¨¢s el caso de los megacampos de San Alberto y San Antonio sea el m¨¢s ilustrativo. Los funcionarios gubernamentales insisten en que las empresas ya han recuperado sus inversiones y que el 18% que les va a quedar a partir de ahora es ganancia. El presidente de Petrobras, Jos¨¦ Sergio Gabrielli, ha sido contundente: "Con un 18% de retorno sobre la producci¨®n de gas, no hay posibilidad de viabilizar una nueva inversi¨®n". "La industria de hidrocarburos es muy exigente en cuando a necesidades de capital y tecnolog¨ªa", a?ade Bego?a Elices, directora de Relaciones Externas de Repsol. "Y en contra de lo que se dice, la explotaci¨®n del gas en Bolivia es muy costosa: estamos hablando de pozos de m¨¢s de 5.000 metros de profundidad y alejados de los centros de consumo".

Las motivaciones ideol¨®gicas, lamentan analistas y expertos del sector, han reemplazado a la l¨®gica econ¨®mica y jur¨ªdica. El derroche de demagogia de algunos dirigentes cala hondo en la poblaci¨®n. "Bolivia est¨¢ end¨¦micamente mal, y estaba as¨ª antes de nuestra llegada. Pretender que demonizando a las multinacionales le ir¨¢ mejor al pa¨ªs no tiene ning¨²n sentido", dice un ejecutivo de Repsol YPF. Las petroleras, a?ade, se han convertido en el chivo expiatorio de la frustraci¨®n de los bolivianos.

La euforia popular que despert¨® el decreto de nacionalizaci¨®n contrasta con la preocupaci¨®n expresada por la C¨¢mara de Hidrocarburos de Bolivia. La inversi¨®n extranjera directa, destinada en su mayor parte al sector energ¨¦tico, cay¨® de 1.000 millones de d¨®lares en 1999 a 103 millones en 2005. Ese a?o, tras la aprobaci¨®n de la nueva ley de hidrocarburos, Petrobras, Repsol YPF y Total paralizaron sus proyectos de inversi¨®n. Las reservas se han revisado a la baja. En 2003, a ra¨ªz de los conflictos sociales, Bolivia perdi¨® los mercados de M¨¦xico y California, donde el gas se paga hasta a 13 d¨®lares el barril equivalente de petr¨®leo (BEP), cuatro veces m¨¢s que en el mercado regional suramericano. Ahora Brasil, que importa de Bolivia el 60% del gas natural que consume y era su principal mercado, ya ha anunciado que va a acelerar la exploraci¨®n de los yacimientos hallados en su territorio, para ir soltando amarras de su vecino.

"Sin duda habr¨¢ formas de llegar a acuerdos. Las empresas quieren quedarse y aceptar¨¢n tragarse sapos por el negocio. Y el Gobierno ceder¨¢, aunque tiene poco margen de maniobra despu¨¦s de las expectativas que ha despertado en los movimientos sociales", se?ala Fernando Molina, director del semanario Pulso. "Pero creo que esta forma de nacionalizaci¨®n va a ser muy da?ina, porque va a convertir de nuevo a Bolivia en un pa¨ªs rentista y est¨¢ congelando las inversiones. Es el retorno a los ochenta".

Los cr¨ªticos recuerdan que la exploraci¨®n petrolera es cara y arriesgada, y que el pa¨ªs necesita inversi¨®n e infraestructuras. Evo Morales, dicen, sobredimensiona el peso de Bolivia y el poder de YPFB, que no tiene la capacidad de asumir toda la cadena de producci¨®n y comercializaci¨®n del gas, por mucha ayuda (1.500 millones de d¨®lares) que le haya prometido su mentor, el presidente venezolano Hugo Ch¨¢vez.

Desde el Gobierno, el mensaje es optimista. "Si hemos decidido hacernos s¨®lo con el 50% m¨¢s uno y seguir con socios extranjeros es para no dar un salto en el vac¨ªo. Es una muestra de sensatez. No hemos expropiado ni saqueado, las compa?¨ªas tienen m¨¢rgenes de beneficio", explica Manuel Morales, asesor de la presidencia de YPFB. "Ofrecemos condiciones duras, pero seguras. Antes hab¨ªa un clima de inestabilidad. Ahora ya no".

Morales se remite a los proyectos que tiene sobre la mesa. "Ya hemos firmado varias cartas de intenci¨®n de inversiones, una de ellas con una compa?¨ªa estadounidense. Adem¨¢s, hay un acuerdo con Argentina para triplicar la exportaci¨®n de gas, y otro con Paraguay para construir un gasoducto. Hay contactos con empresas serias, como Shell o British Petroleum, que tienen una actitud positiva. En Espa?a y Brasil ha habido m¨¢s incomprensi¨®n, porque se asocia nacionalizaci¨®n a expropiaci¨®n. Pero hay posibilidades de acuerdo".

"Si algo ha caracterizado a Repsol es nuestra flexibilidad. Trabajamos sin problema en sociedades mixtas con empresas estatales, como en Venezuela, o con contratos por prestaci¨®n de servicio, como en Libia o M¨¦xico", dice Bego?a Elices. "Hay muchas f¨®rmulas. Pero te tienen que salir las cuentas".

Id¨¦ntico planteamiento llega desde Total. "Hemos creado riqueza en Bolivia haciendo descubrimientos de gas importantes, y todav¨ªa podemos aportar mucho al poner esos yacimientos a producir. Pero no lo haremos bajo cualquier condici¨®n", ha declarado su presidente, Thierry Desmarest. Decio Odone, directivo de Petrobras, es taxativo: "No vamos a aceptar un cambio de los contratos firmados. El Gobierno boliviano tiene sus razones, pero nosotros vamos a defender nuestros derechos".

Desde su veteran¨ªa, el ingeniero Carlos Miranda conf¨ªa en que prime el sentido com¨²n: "Si se entra en crisis con las petroleras, nadie en su sano juicio vendr¨¢ a invertir. Las petroleras son como los marines: aguantan guerras, guerrillas, exacciones... son los ¨²ltimos en irse. Pero una vez que salen, nadie entra despu¨¦s".