Iniciativa pide seis a?os y medio de c¨¢rcel para el ex consejero Farreres

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha presentado escrito de acusaci¨®n contra el ex consejero de Trabajo en la ¨¦poca de CiU Ignasi Farreres y solicita seis a?os y medio de c¨¢rcel y ocho a?os y medio m¨¢s de inhabilitaci¨®n por encargar informes que resultaron ser burdas copias de tratados jur¨ªdicos. Por esos ocho trabajos se pagaron 46.758 euros. ICV acusa a Farreres de malversaci¨®n, falsedad y prevaricaci¨®n.

ICV ejerce la acusaci¨®n popular en el caso que tramita el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 11 de Barcelona. La investigaci¨®n ya ha concluido con la inculpaci¨®n de Farreres, consejero de Trabajo entre 1988 y 1999; del que fue secretario general del departamento, Josep Maria Servitje, y de V¨ªctor Manuel Lorenzo Acu?a, propietario de Socesca y Gestumer, las empresas beneficiarias. Los tres eran y son militantes de Uni¨®, recordaba el juez el 25 de mayo en una resoluci¨®n.

Esa decisi¨®n, denominada auto de incoaci¨®n de procedimiento abreviado, supone el fin de la investigaci¨®n y abre la puerta a la celebraci¨®n del juicio, pero han recurrido contra ella la Generalitat, que tambi¨¦n ejerce la acusaci¨®n como parte perjudicada, y la acci¨®n popular que representa el abogado Manuel Gonz¨¢lez Peeters.

Ambos recursos coinciden en pedir al magistrado Francisco Gonz¨¢lez Ma¨ªllo que impute a Santiago Vallv¨¦, socio de Acu?a en las empresas beneficiarias. El fiscal Fernando Rodr¨ªguez Rey, que esperar¨¢ a que el juez resuelva esos recursos antes de presentar escrito de acusaci¨®n, se opone a la inculpaci¨®n de Vallv¨¦ por considerar que no existen pruebas. La defensa de Farreres y Servitje tambi¨¦n ha recurrido contra la decisi¨®n, y en el muy probable caso de que el juez se ratifique, acudir¨¢ a la Audiencia de Barcelona.

El escrito de acusaci¨®n de ICV recuerda que numerosos funcionarios de Trabajo declararon ante el juez que desconoc¨ªan la adjudicaci¨®n de los estudios. Por ese motivo, ICV entiende que la contrataci¨®n se realiz¨® al margen de los procedimientos habituales empleados en estos casos y "en virtud de la militancia en un mismo partido pol¨ªtico que exist¨ªa entre los responsables de la adjudicaci¨®n y el beneficiario".

Desv¨ªo de dinero

El juez admite en su resoluci¨®n que tanto Farreres como Servitje no se lucraron con esos encargos, y explica que la finalidad de la trama era desviar dinero cuyo paradero no ha podido ser probado. La sospecha mantenida durante la investigaci¨®n es que sirvi¨® para financiar a Uni¨®, pues el procedimiento empleado es el mismo que en el llamado caso Turismo, que acab¨® con la condena de una docena de personas por la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos procedentes del Consorcio de Turismo de Catalu?a en la ¨¦poca en la que lo dirig¨ªa Joan Cogul.

Pero se trata simplemente de una sospecha que no se ha podido corroborar. En este sentido, el escrito de ICV recuerda que la falta de utilidad de los estudios demuestra que "s¨®lo fueron un medio para conseguir el verdadero fin deseado, que no es otro que el desv¨ªo de fondos p¨²blicos para finalidades ajenas al inter¨¦s general". Uni¨® declin¨® ayer realizar cualquier evaluaci¨®n sobre el escrito de acusaci¨®n de ICV.

Los informes se cobraron en los a?os 1994 y 1995. Cuatro de ellos costaron 23.499 euros y se pagaron con cargo al Fondo Social Europeo. El resto fue costeado por una partida del departamento. El consejero Farreres fue en todos los casos quien encarg¨® los estudios y Servitje, quien realiz¨® la propuesta de contrataci¨®n. Durante la investigaci¨®n judicial se han podido localizar los tratados de derecho de donde fueron copiados los informes. Farreres justific¨® su utilidad ante el juez cuando prest¨® declaraci¨®n argumentando que en aquella ¨¦poca se estaba negociando con el Gobierno del PSOE el traspaso del Inem y que aquellos informes fueron necesarios.

El escrito de acusaci¨®n de ICV, redactado por el abogado Vladimir Blanes, recuerda que las sociedades Socesca y Gestumer no ten¨ªan ninguna experiencia en el campo de la consultor¨ªa y, pese a ello, fueron contratadas por Trabajo, y anteriormente por el Consorcio de Turismo. ICV acusa por igual a Farreres, Servitje y Acu?a, y solicita para ellos penas de cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por un delito continuado de fondos p¨²blicos, dos a?os de prisi¨®n por delitos de falsedad de funcionario y ocho a?os y medio de inhabilitaci¨®n por el delito de prevaricaci¨®n.

ICV tambi¨¦n solicita que los tres acusados indemnicen al tesoro p¨²blico de la Generalitat con la cantidad defraudada. Joan Boada, portavoz parlamentario de ICV, que ayer present¨® el escrito de acusaci¨®n a la prensa, expres¨® su deseo de que los tres acusados "vayan a la c¨¢rcel" porque "quien la hace, la paga".