El canon para soporte digital ya es definitivo

La Ley de Propiedad Intelectual, que consagra y ampl¨ªa el canon a favor de los autores sobre los soportes digitales, desde CD a reproductores de MP3, es desde ayer una realidad. El Congreso aprob¨®, con la abstenci¨®n de ERC y PNV, una norma que ha generado una gran pol¨¦mica entre autores, productores, distribuidores, radios, televisiones y asociaciones de usuarios. Tras los ¨²ltimos retoques en el Senado, las que se muestran m¨¢s satisfechas son las sociedades de gesti¨®n de derechos de autor. A pesar de la oposici¨®n de usuarios -se recogieron m¨¢s de 100.000 firmas- y algunos expertos, el canon fue apoyado por el PSOE y el PP, que lo defendieron como la ¨²nica manera de garantizar el equilibrio entre el avance de la tecnolog¨ªa y los derechos de los autores.

El largo debate sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha estado marcado por un evidente choque de intereses entre la industria, los autores y los usuarios. Los partidos han tenido que optar sabiendo que estaba en juego mucho dinero, y que casi cada art¨ªculo pod¨ªa suponer un ingreso o una p¨¦rdida extraordinaria para cualquiera de los sectores implicados que, seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, han presionado constantemente a los legisladores.

Los usuarios decidieron batallar contra la ampliaci¨®n del canon que ya existe sobre soportes anal¨®gicos a los digitales. M¨¢s de 100.000 firmas que ped¨ªan su abolici¨®n llegaron al Senado, mientras la Sociedad General de Autores (SGAE) insist¨ªa en la oportunidad de ampliar ese canon. Finalmente, los principales grupos pol¨ªticos, especialmente el PP y el PSOE, han apoyado la existencia del canon, lo que satisface a las sociedades de gesti¨®n de derechos.

La ley de Propiedad Intelectual, que deb¨ªa ser modificada para incorporar al ordenamiento jur¨ªdico espa?ol una directiva comunitaria del 22 de mayo de 2001, fija con mucho detalle el canon para los soportes anal¨®gicos. En las fotocopiadoras, por ejemplo, el canon es de hasta 200 euros por cada equipo con capacidad de realizar m¨¢s de 50 copias al minuto. Para las tradicionales casetes, por ejemplo, el canon es de 0,18 euros por cada hora de capacidad de grabaci¨®n, y para las cintas de v¨ªdeo, de 0,30 euros por hora. Con el soporte digital, la ley da a las partes (sociedades de gesti¨®n y fabricantes) un plazo para pactar la lista de soportes sometidos al canon y su cuant¨ªa. Si no llegan a un acuerdo, ser¨¢ la Administraci¨®n la que la fije. En el texto, la Administraci¨®n ya adelanta algunos criterios (0,6 euros un ced¨¦), y aclara que siempre es ella quien debe aprobar las tarifas. La norma establece alg¨²n criterio para fijar los importes como que "deber¨¢n ser proporcionados econ¨®micamente respecto del precio medio final al p¨²blico de los mismos".

Este canon ha sido muy pol¨¦mico. Hasta el punto de que el Ministerio de Industria pidi¨® un informe a expertos cuyas conclusiones solicitaban su eliminaci¨®n. "El canon de copia privada es un sistema manifiestamente ineficaz e imperfecto", fue el an¨¢lisis rotundo de la Comisi¨®n Asesora de la Sociedad de la Informaci¨®n, un equipo dirigido por el catedr¨¢tico Manuel Castells, uno de los principales expertos mundiales en la materia.

Castells y sus colaboradores concluyeron que el canon es "injusto e indiscriminado, no frena la pirater¨ªa y nos hace responsables a todos de ella". El catedr¨¢tico lleg¨® a¨²n m¨¢s lejos: "El canon puede afectar seriamente al desarrollo de la sociedad de la informaci¨®n". La Comisi¨®n se quej¨® de que se tienda a "mezclar y confundir" la copia privada con la pirater¨ªa y subrayaba: "Lo m¨¢s razonable ser¨ªa la supresi¨®n pura y simple del canon". "Lo que queremos es abrir un debate sobre c¨®mo gestionar los derechos de autor en un mundo digital, y no medieval", explic¨® Castells, que tambi¨¦n utiliz¨® datos para refrendar su tesis: los ingresos de las entidades de gesti¨®n por copia privada pasaron de 31 a 114 millones de euros entre 2002 y 2004, lo que supone un incremento del 267%, mientras que en Europa la cifra rond¨® el 85%. La SGAE ha rechazado tanto la argumentaci¨®n como los datos.

En el debate de ayer en el Congreso sobre las enmiendas que hab¨ªan llegado del Senado y, por tanto, justo antes de la aprobaci¨®n definitiva de la ley, Ant¨®n Louro, el portavoz socialista, parec¨ªa responder a ese dictamen de Castells que, finalmente, no ha sido escuchado: "Es necesario abandonar un falso debate que debemos superar. Se trata de la supuesta confrontaci¨®n entre los derechos de autor y el desarrollo de la sociedad de la informaci¨®n. Nada m¨¢s lejos. Las nuevas tecnolog¨ªas de la comunicaci¨®n y la cultura multiplican las oportunidades para creadores y productores culturales, pero tambi¨¦n hay que decir que la sociedad de la informaci¨®n precisa de contenidos que no son posibles sin los creadores y los productores. La aprobaci¨®n de esta ley supone reconocer m¨¢s derechos a los creadores y a los autores y establecer compensaciones a los titulares de los derechos. Es una apuesta por la cultura y los creadores".

El argumento de la diputada del PP Beatriz Rodr¨ªguez-Salmones fue similar al del PSOE: "Esta ley es de propiedad intelectual, y aunque hemos intentado mantener el equilibrio indispensable en toda la cadena del sector cultural que va de los productores a los ciudadanos, hemos dado prioridad a la defensa de esta propiedad todav¨ªa muy dif¨ªcil de entender, sobre todo en nuestro pa¨ªs, y sujeta a mucha demagogia".

Los diputados que han trabajado la ley reconocen que el canon por copia privada (la que cada uno se hace en su casa para su propio uso) puede ser injusto para muchos usuarios que compran soportes pero no para copiar obras registradas (la compra de un CD para guardar las propias fotos digitales, por ejemplo). Sin embargo, los legisladores piensan que el canon sigue siendo la ¨²nica manera de compensar a los autores mientras no se desarrolle la tecnolog¨ªa necesaria para controlar las copias privadas a las que, en Espa?a, tiene derecho el usuario.

El PP y el PSOE tambi¨¦n estaban de acuerdo, y as¨ª lo hab¨ªan aprobado en el Senado, en modificar el art¨ªculo 90.4 ampliando los derechos econ¨®micos en la comunicaci¨®n audiovisual de los autores. Las televisiones, entre otros sectores, se opon¨ªan a esta medida, y el PP se descolg¨® del acuerdo a ¨²ltima hora, pero la enmienda sali¨® aprobada.