El agua es m¨ªa y yo me la gestiono
Controlar los r¨ªos es el objetivo de los nuevos estatutos, que abocan a las autonom¨ªas a una guerra o a un pacto
Entre Sevilla y C¨®rdoba, el tren atraviesa campos de naranjos de una perfecci¨®n casi artificial, encajados entre plantaciones de girasol, y olivos. Es el paisaje de la vega del Guadalquivir, f¨¦rtil y luminosa bajo el sol de junio. En torno al gran r¨ªo se concentran casi dos tercios de las tierras de regad¨ªo de Andaluc¨ªa y cerca de la mitad de sus casi ocho millones de habitantes. Se comprende por eso que el Guadalquivir se haya convertido en el gran objetivo, la conquista primordial del nuevo Estatuto de autonom¨ªa que acaba de aprobar el Parlamento local, en el que se reclaman las "competencias exclusivas" sobre su gesti¨®n. ?Sobre qu¨¦ base? "Casi toda la cuenca est¨¢ en nuestro territorio. El Guadalquivir es Andaluc¨ªa", dice el consejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarr¨ªas. "Y Andaluc¨ªa no quiere ser menos que nadie".
"Es verdad que estamos en una escalada del absurdo", reconoce Bon¨¦
"La planificaci¨®n debe quedar en manos del Gobierno central", dice Cimadevilla
La cuenca del Guadalquivir -como la del Duero- afecta a otras tres comunidades
Una frase que resume la filosof¨ªa de la nueva batalla de competencias emprendida por las autonom¨ªas espa?olas. Empez¨® Catalu?a con un estatuto que pretend¨ªa blindar las aguas del delta del Ebro, le sigui¨® Andaluc¨ªa reclamando su Guadalquivir, y a paso acelerado viene ya Castilla y Le¨®n, que quiere gestionar la cuenca del Duero (casi toda en su territorio), pese a ser un r¨ªo internacional.
La lista no termina ah¨ª. Arag¨®n alega su condici¨®n preeminente en la cuenca del Ebro (casi la mitad) para asegurarse una provisi¨®n anual de 6.550 hect¨®metros c¨²bicos. Una cantidad nada despreciable si se considera que los recursos regulados de Espa?a est¨¢n en 39.000 hect¨®metros c¨²bicos. Tambi¨¦n prepara sus razones Castilla-La Mancha para evitar que las aguas del Tajo puedan ir a otras comunidades sin su consentimiento. Por ejemplo a Murcia, donde el Segura ya no da m¨¢s de s¨ª, o a Valencia, que, en previsi¨®n de lo que se avecina, se ha adjudicado el derecho a recibir el agua que sobre a otros.
Pero por m¨¢s que Valencia y Murcia reclamen excedentes, ninguna comunidad admite que le sobre el agua. Un l¨ªquido precioso y escaso en un pa¨ªs donde el desarrollo urban¨ªstico salvaje y la afluencia de turistas (55 millones en 2005) ha disparado el consumo, y donde el aumento de los regad¨ªos -se llevan el 80% del agua- ha hecho estragos en los acu¨ªferos.
Son s¨ªntomas alarmantes de lo que ya se perfila como una guerra del agua entre comunidades que se va a dirimir en el Parlamento y en los tribunales y cuyo desenlace parece incierto. "Es verdad que estamos en una escalada del absurdo, donde cada comunidad aut¨®noma la pone m¨¢s gorda", reconoce Alfredo Bon¨¦, consejero de Medio Ambiente de Arag¨®n, en conversaci¨®n telef¨®nica desde un congreso en Suecia. Pero hay razones para ello. "La legislaci¨®n espa?ola es de hace 80 a?os. La pol¨ªtica tiene que evolucionar, mucho de lo que gestionan las confederaciones pod¨ªa quedar en manos de las autonom¨ªas", apunta este consejero, del Partido Aragon¨¦s (PAR).
Bon¨¦ se refiere a las Confederaciones Hidrogr¨¢ficas, creadas a partir de 1926, para gestionar las cuencas de los principales r¨ªos, y controladas por Medio Ambiente. De acuerdo con la Ley de Aguas de 1985 (varias veces retocada) y la Constituci¨®n, s¨®lo las cuencas internas de cada comunidad pueden dejarse en manos del poder local. Las que afectan a varias autonom¨ªas quedan a cargo del Ejecutivo central, pero estos principios est¨¢n amenazados.
No hay m¨¢s que ver el nuevo Estatuto andaluz. "Es verdad que representa un paso m¨¢s all¨¢", reconoce el director general de Aguas, Jaime Palop, que soporta sin aire acondicionado el calor asfixiante de su despacho ministerial. Porque la cuenca del Guadalquivir -como la del Duero- afecta a otras tres comunidades. Por muy andaluz que sea el Guadalquivir, el r¨ªo grande, como lo bautizaron los ¨¢rabes, tiene afluentes extreme?os (Yenguas, Bemb¨¦zar, Viar) y castellano-manchegos (J¨¢ndula, Guadalimar) que nutren su caudal. En Extremadura, el presidente de la Junta, el socialista Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra, ya ha protestado porque no quiere a Sevilla mediando en sus asuntos.
El escollo que plantea el Duero, el r¨ªo machadiano, cuya cuenca roza tambi¨¦n Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, y hasta Madrid, est¨¢ en su condici¨®n internacional. El r¨ªo cruza Portugal antes de desembocar en el Atl¨¢ntico. "No podemos ceder el control de una cuenca internacional", dice Palop. Tampoco lo reclama el consejero de Medio Ambiente de Castilla y Le¨®n, Carlos Fern¨¢ndez Carriedo. "Nos limitar¨ªamos a aplicar lo que acuerde Madrid, exactamente igual que ocurre con la PAC. El Gobierno negocia en Bruselas la cuota de remolacha y nosotros aplicamos el acuerdo".
Pero los r¨ªos son m¨¢s complicados que la remolacha. No hay m¨¢s que ver el intercambio de acusaciones y de recursos judiciales de los ¨²ltimos meses. Castilla-La Mancha contra los trasvases del Tajo al Segura aprobados por el Gobierno para salvar cultivos levantinos; Arag¨®n contra el Estatuto valenciano por reclamar "excedentes" del Ebro; Castilla y Le¨®n contra la ley que deroga el Plan Hidrol¨®gico Nacional por dejar en manos de Barcelona y Madrid el control de los caudales del Ebro.
Los sentimientos en el Ministerio de Medio Ambiente son ambivalentes. Por un lado, les preocupa fragmentar las competencias del agua, por otro, como dice Palop, resulta inevitable en las circunstancias actuales que las autonom¨ªas asuman estas competencias. Si se ha cedido ya la gesti¨®n de la pol¨ªtica territorial, ?c¨®mo dejar fuera el agua? Es un detalle que no ha pasado desapercibido en Sevilla, que gestiona ya la cuenca del Sur y la Atl¨¢ntica, a trav¨¦s de la Agencia Andaluza del Agua.
Juan Corominas, director de este organismo, reconoce que con los nuevos estatutos "cambia el modelo de la gesti¨®n del agua en Espa?a". Pero a ¨¦l le parece que ya era hora. "Es un tema que debi¨® abordarse en la transici¨®n. Las confederaciones ya surgieron como entes de desarrollo del pa¨ªs y la misi¨®n de Medio Ambiente era de coordinaci¨®n. Pero el Gobierno se qued¨® con todo el poder. Andaluc¨ªa tiene una presencia bastante nominal en la Confederaci¨®n del Guadalquivir". Para llegar a su despacho, en uno de los antiguos pabellones de la Expo 92, en la isla de la Cartuja, Corominas cruza a diario el r¨ªo. Un recorrido para meditar. "El agua est¨¢ muy pegada al territorio, desde Sevilla estamos a la distancia justa para gestionarla", dice.
Pero, ?no repercutir¨¢ todo esto en la planificaci¨®n de la pol¨ªtica hidr¨¢ulica del Estado? ?No puede ser antiecon¨®mico que se arruinen por falta de agua los cultivos de Murcia o Almer¨ªa, mientras sobra en otras cuencas? Habr¨¢ que planear el desarrollo sobre la base del agua de que se dispone porque el Gobierno socialista ha descartado los trasvases. "Los dos intentos de plan nacional de redistribuci¨®n del agua han demostrado que este criterio despierta susceptibilidades. Y ha dado como consecuencia la percepci¨®n de que el agua es escasa". Por eso, el Programa AGUA (Actuaciones para la Gesti¨®n y Utilizaci¨®n del Agua), que sustituye al PHN del Gobierno popular, hace hincapi¨¦ en el ahorro del agua, en su reutilizaci¨®n y en desaladoras y desalobradoras.
Tal y como est¨¢n las cosas, la comunidad que proponga un desarrollo urbano, o agr¨ªcola o industrial tendr¨¢ que explicar con qu¨¦ agua va a conseguirlo, no podr¨¢ ponerse en una ventanilla y reclamarla el primero, como se ha hecho hasta ahora. "Otra cosa es que se creara algo as¨ª como un fondo de compensaci¨®n interterritorial ligado al agua", dice Eugenio Nadal, que presidi¨® la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Ebro (CHE) en los ochenta. "Quiz¨¢ cambiar¨ªa la perspectiva".
A Nadal le parece que las reivindicaciones de los nuevos estatutos no cambian la realidad, en la que es muy dif¨ªcil afrontar infraestructuras hidr¨¢ulicas sin contar con las autonom¨ªas. Pero ser¨¢ m¨¢s complicado cuando los nuevos estatutos sean ley. Por eso, Palop pide prudencia. "Habr¨¢ que ver en qu¨¦ queda todo cuando se debata el Estatuto de Andaluc¨ªa en las Cortes".
El consejero andaluz Zarr¨ªas se cura en salud. "Lo que pedimos no es inconstitucional. Y si al final lo es, lo aceptaremos". Por m¨¢s que reclame una gesti¨®n exclusiva, "no pretendemos quedarnos con agua de nadie". A Jorge Ramos, viceportavoz del PP andaluz, esta historia de exclusividad le suena "a maniobra electoral de Chaves. Porque la Constituci¨®n es muy clara. Se puede reclamar la gesti¨®n de las aguas, pero ninguna exclusividad".
El PP andaluz ha reaccionado con escepticismo al despliegue de esta nueva bandera identitaria, aunque no est¨¢ en contra de asumir esas competencias, siempre que se haga en el respeto a la Constituci¨®n y sin lesionar los intereses de otras comunidades. Para Ramos, en todo caso, est¨¢ claro que el Estatuto andaluz "es un ant¨ªdoto para el Estatuto catal¨¢n. Por eso lo copiaron casi id¨¦ntico".
Pero las divisiones partidistas no han impedido que PP y PSOE se pongan de acuerdo para reclamar el control del agua en Arag¨®n, en Valencia o en Castilla y Le¨®n. En esta comunidad, el secretario general del PSCyL-PSOE, ?ngel Villalba, ha dado su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo aut¨®nomo, pese a ser consciente "de que se trataba de poner un poco en aprietos al Gobierno". Pero los populares lo niegan. Lo que est¨¢ claro es que unos y otros ven desfasada la actual legislaci¨®n. "Las confederaciones son arcaicas", sentencia Fernando Benito, secretario de organizaci¨®n en el PSCyL-PSOE.
Juicios as¨ª inquietan a un experto como C¨¦sar Cimadevilla, que particip¨® en las pol¨ªticas hidr¨¢ulicas de Jos¨¦ Borrell en los noventa. "No me parece mal que las autonom¨ªas asuman competencias de gesti¨®n, y en casos como los de Andaluc¨ªa y Castilla y Le¨®n que tengan una representaci¨®n mucho mayor en las confederaciones", dice. Pero hay un pero fundamental. "La planificaci¨®n debe quedar en manos del Gobierno central. Y no debe romperse la unidad de cuenca. Fuimos pioneros en adoptar ese criterio que ahora ha asumido la UE". Ser¨ªa grave que los espa?oles volvi¨¦ramos a confundir lo moderno con lo que est¨¢ de moda.
Competencias como las de Catalu?a
En los despachos pol¨ªticos de Sevilla y Valladolid se hace hincapi¨¦ en que las reclamaciones respectivas sobre el agua no atentan contra la Constituci¨®n, ni lo pretenden. El portavoz popular en las Cortes de Valladolid, Jos¨¦ Antonio de Santiago Ju¨¢rez, insiste en que en sus aspiraciones "no hay el menor ¨¢nimo soberanista". Y su compa?ero de partido, y consejero de Medio Ambiente, Carlos Fern¨¢ndez Carriedo, cree m¨¢s bien que estas reclamaciones demostrar¨ªan "la madurez pol¨ªtica de los gobiernos aut¨®nomos que han contribuido decisivamente a la prosperidad de nuestro pa¨ªs". Sobre todo porque, dice el consejero, "estas competencias no se reclaman con ¨¢nimo excluyente sino con una clara visi¨®n de Espa?a". Y tampoco responden a un puro af¨¢n mim¨¦tico.
La Junta castellanoleonesa no pretende seguir los pasos de Andaluc¨ªa, ni Andaluc¨ªa admite seguir los de Catalu?a. La comunidad que m¨¢s ha conseguido hasta ahora en este asunto. Por ejemplo, adem¨¢s de las cuencas internas, gestiona las aguas del Ebro que atraviesan su territorio desde 1985, gracias a una encomienda de gesti¨®n. "La Agencia Catalana del Agua (ACA) act¨²a como una ventanilla pero luego todas las tramitaciones las env¨ªa a la sede de la Confederaci¨®n del Ebro, a Zaragoza", explica Eugenio Nadal. Es un acuerdo del que deber¨ªan disfrutar, cree ¨¦l, las otras ocho autonom¨ªas de la cuenca del Ebro. Pero este desequilibrio tiene los d¨ªas contados. No hay m¨¢s que o¨ªr a Gaspar Zarr¨ªas, consejero andaluz, cuando advierte de que Andaluc¨ªa no quiere ser menos que nadie. O al aragon¨¦s Alfredo Bon¨¦, para quien "la ¨²nica forma de evitar la cat¨¢strofe es que haya un pacto del agua que cuente con un amplio respaldo social y pol¨ªtico". Cualquier decisi¨®n que se tome, cree C¨¦sar Cimadevilla, "debe respetar la Constituci¨®n, que est¨¢ muy clara y no habla de porcentajes de participaci¨®n de una comunidad en una cuenca, sino de cuencas intracomunitarias o intercomunitarias". Aun as¨ª, Cimadevilla coincide con Eugenio Nadal, para quien "el peso territorial justifica que se articule alguna particularidad para esas comunidades. Podr¨ªa ocurrir en la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir y en la del Duero como ocurre con la autoridad portuaria de Baleares, la nombra Madrid, pero a petici¨®n del Gobierno balear".
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