En defensa de lo p¨²blico

Hace a?os que poderosos factores pol¨ªticos, administrativos y t¨¦cnicos impulsan una continua reforma y reorganizaci¨®n de la Administraci¨®n. Late debajo ese cambio una tendencia hacia la mercantilizaci¨®n del sector p¨²blico en beneficio del inter¨¦s privado y el intento de lograr la eficiencia a trav¨¦s de t¨¦cnicas de gesti¨®n similares a las que se aplican en el sector privado.

En ese contexto se acaba de presentar el proyecto de Estatuto del Empleado P¨²blico que materializar¨¢, tres d¨¦cadas despu¨¦s, el mandato constitucional de 1978. Un tiempo en el que se han completado transferencias de competencias y empleados p¨²blicos a las Comunidades Aut¨®nomas, se ha profundizado la integraci¨®n en la Uni¨®n Europea, las administraciones p¨²blicas est¨¢n siendo sujeto de importantes transformaciones y las reestructuraciones internas en cada administraci¨®n se suceden sin orden ni concierto aparente. Son cambios que han multiplicado la burocracia administrativa, a pesar del avance tecnol¨®gico, y generado una realidad confusa respecto de la administraci¨®n responsable de gestionar cada materia, con el consiguiente "aqu¨ª no es" y la procesi¨®n del ciudadano de ventanilla en ventanilla, hasta conseguir resolver el problema.

Tiende a aumentar la discrecionalidad y mantiene la diferenciaci¨®n entre personal laboral y funcionarial

El 89% de funcionarios apoyar¨ªa un sistema que realmente retribuyera el rendimiento y la calidad del trabajo realizado

Los empleados p¨²blicos somos los primeros que padecemos y denunciamos esta situaci¨®n y por ello reclamamos una reforma integral de la misma, empezando por nuestras condiciones de trabajo. Sin embargo, el proyecto de Estatuto reci¨¦n aprobado, mas all¨¢ de agrupar la normativa existente y recoger la jurisprudencia m¨¢s reciente, no cumple las expectativas creadas, mantiene la actual diferenciaci¨®n entre personal laboral y funcionarial -sometidos a reg¨ªmenes jur¨ªdicos distintos- y refuerza la tendencia al aumento de la discrecionalidad en las administraciones y a la profundizaci¨®n de las diferencias entre ellas.

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es el establecimiento de sistemas "objetivos" que eval¨²en a los empleados p¨²blicos cada a?o y revisen sus complementos salariales, aunque la realidad es que ya existe un complemento de productividad para retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el inter¨¦s o iniciativa en el desempe?o del trabajo, si bien se aplica arbitrariamente y s¨®lo a los cargos m¨¢s altos. Es una medida que parte de considerar a los trabajadores responsables del bajo nivel de productividad y eficacia de las administraciones p¨²blicas, a pesar de que todos los expertos en psicolog¨ªa laboral se?alen que cuando algo no sale como se esperaba, dentro de un equipo de trabajo, debe ser siempre el jefe el responsable; es decir, es el "buen jefe" el que se responsabiliza del resultado final, siendo esto mucho m¨¢s cierto en una administraci¨®n totalmente jerarquizada.

Precisamente, estas ¨²ltimas semanas miles de ciudadanos vascos, en su inmensa mayor¨ªa pensionistas, han recibido en su domicilio una carta del Departamento de Sanidad comunicando que su tarjeta sanitaria ha caducado y deben pasarse por su centro de salud para renovarla. De su ambulatorio les han enviado al INSS o a la Tesorer¨ªa Territorial de la Seguridad Social, cuyos servicios se han colapsado, para solicitar un documento que acredite que son pensionistas, dato que ya ten¨ªa el Departamento de Sanidad, al estar conectado directamente con las bases de datos de la Seguridad Social. L¨®gicamente, el enfado se proyecta en el empleado p¨²blico, de Osakidetza o del Gobierno vasco, que nos limitamos, lo mejor que podemos, a cumplir las instrucciones que se nos dan.

El problema, especialmente en nuestras administraciones, es que una parte importante de los "jefes" est¨¢n designados digitalmente, bien directamente en los niveles altos, por pertenecer o simpatizar con los partidos gobernantes, o bien indirectamente, porque se adaptan a los que han sido designados a dedo. Por eso, la introducci¨®n en el Estatuto del Empleado P¨²blico de la figura del personal directivo, cuyas condiciones de empleo se excluyen de la negociaci¨®n colectiva, y de la figura del personal eventual, en funciones de confianza o asesoramiento especial, el procedimiento de libre designaci¨®n como sistema ordinario de provisi¨®n de puestos, que incluir¨¢ los de mayor importancia y jerarqu¨ªa, y el concurso en los dem¨¢s puestos, que permite una prefiguraci¨®n del candidato a trav¨¦s de los m¨¦ritos, adaptados a la persona que se desea elegir, agravar¨¢n el clientelismo pol¨ªtico actualmente existente.

En una reciente encuesta realizada entre funcionarios, un 89% contest¨® que considerar¨ªa "positivamente un sistema que realmente retribuyera el rendimiento y la calidad del trabajo realizado". Sin embargo, ese sistema no existe en la actualidad y el hecho de que cada administraci¨®n p¨²blica pueda configurar su propio mecanismo de evaluaci¨®n conducir¨¢ indefectiblemente a agravar la discriminaci¨®n salarial actualmente existente entre personas que hacen un mismo trabajo.

Dado que ya hay experiencias en Europa, con el sistema REC (Rapport d'Evaluation de carri¨¨re), podemos a?adir el aumento de papeleo, encuestas a rellenar, baremos poco claros, lucha anual entre compa?eros para demostrar que eres mejor que el de al lado, culpabilidad de los que no consigan superar la evaluaci¨®n y aumento de la burocracia para establecer criterios o para evaluar. Respecto del requisito de negociar el nuevo sistema con los agentes sindicales s¨®lo hay que ver lo que hace actualmente el Gobierno vasco, imponiendo sus modificaciones en base a la potestad organizativa de la Administraci¨®n o negoci¨¢ndolo con un solo sindicato que representa menos del 20% de la plantilla.

Siendo la mayor virtualidad del Estatuto del Empleado P¨²blico su propia existencia, y siendo cierto que mejora los contenidos de la negociaci¨®n colectiva, ampl¨ªa el ¨¢mbito de aplicaci¨®n o facilita la movilidad entre administraciones, no es menos cierto que mantiene la prohibici¨®n de acordar incrementos retributivos superiores a los fijados en la LPGE, lo que implica falta de validez de las cl¨¢usulas de los convenios colectivos y de todos los acuerdos que los superen, y no recoge la cl¨¢usula de revisi¨®n salarial. Tampoco reconoce la jubilaci¨®n voluntaria establecida en el sistema general de la Seguridad Social, manteniendo los agravios con la normativa reguladora del personal laboral, Muface y otros colectivos; excluye como materia de negociaci¨®n colectiva los sistemas, criterios, ¨®rganos y procedimientos de acceso al empleo p¨²blico y la promoci¨®n profesional; mantiene la p¨¦rdida del puesto de trabajo obtenido mediante concurso; establece la movilidad geogr¨¢fica sin l¨ªmites por razones de servicio, y excluye a las organizaciones sindicales de los procesos selectivos.

El nuevo Estatuto de la Funci¨®n p¨²blica nacer¨¢ con un importante d¨¦ficit democr¨¢tico, si no se impulsa el debate entre los afectados antes de su conversi¨®n en ley, y no mejorar¨¢ los servicios prestados a los ciudadanos si no se consideran sus necesidades, se dise?a una organizaci¨®n p¨²blica m¨¢s participativa, se ampl¨ªan las partidas presupuestarias y se mejoran las condiciones de trabajo de los empleados p¨²blicos.

Jos¨¦ Arturo Val del Olmo, abogado, es sindicalista y funcionario del Gobierno vasco