Objetivo: modernizar la Administraci¨®n

La espuma de la pol¨ªtica impide en muchas ocasiones determinar los objetivos m¨¢s importantes de la misma, cuando no coinciden con los m¨¢s coyunturales. Es, por ejemplo, lo que ocurre con la Ley de Dependencia, sin duda uno de los ejes centrales de esta legislatura, que actualiza el Estado del Bienestar espa?ol y que no aparece en los sondeos entre las prioridades de los consultados. ?Problema de venta del producto? Pero tambi¨¦n es lo que sucede con las actuales medidas de innovaci¨®n de las administraciones p¨²blicas, que parecen entrar en nuestras vidas por la puerta de atr¨¢s y que se pueden considerar el mayor esfuerzo modernizador desde que Joaqu¨ªn Almunia ocup¨® el departamento, en la d¨¦cada de los a?os ochenta.

Hace unas semanas el Consejo de Ministros aprob¨® el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico, que regula por primera vez los derechos y deberes de casi 2,5 millones de funcionarios civiles, siguiendo el mandato constitucional (art¨ªculo 103: "La ley regular¨¢ el estatuto de los funcionarios p¨²blicos, el acceso a la funci¨®n p¨²blica de acuerdo con los principios de m¨¦rito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicaci¨®n, el sistema de incompatibilidades y las garant¨ªas para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones"). Este Estatuto se une en el mismo corpus a la Ley de Agencias y a los convenios iniciados para tener una Administraci¨®n electr¨®nica eficaz y universal. Todas estas medidas responden a una creciente demanda de los ciudadanos de eficacia en la gesti¨®n de los recursos p¨²blicos, lo que alguien ha denominado un proceso de "pol¨ªtica basada en la evidencia" que mejore la competencia de la pr¨¢ctica pol¨ªtica.

El Estatuto del Funcionario ser¨¢ una ley b¨¢sica que afectar¨¢ al conjunto de las administraciones (central, auton¨®micas y locales). En ¨¦l se recogen, por ejemplo, los sistemas de evaluaci¨®n basados en "el m¨¦rito y la capacidad" para que el funcionario pueda responder de la calidad de sus funciones, de modo que si ¨¦sta no es ¨®ptima pueda perder su puesto de trabajo (no su trabajo) y ser cambiado seg¨²n criterios funcionales y geogr¨¢ficos. Tambi¨¦n la negociaci¨®n colectiva, y dentro de ella la existencia de un equipo directivo, con personal fuera de convenio, que evite las fugas al sector privado ante la desigualdad de remuneraciones. Y contiene el compromiso para reducir la temporalidad en el sector p¨²blico por debajo del 10% de su poblaci¨®n activa, en el periodo m¨¢ximo de un lustro. Este estatuto ha sido pactado con los principales sindicatos y llega al Parlamento con el acuerdo de casi todos los partidos pol¨ªticos. Seg¨²n el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, "se trata de incorporar al sector p¨²blico lo mejor del sector privado, sin que el primero pierda su idiosincrasia".

Hace justo un a?o se envi¨® al Congreso el proyecto de ley de Agencias, lo que puso en marcha la creaci¨®n de la Agencia de Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas P¨²blicas y Calidad de los Servicios. Su nombre permite no tener que detenerse con exhaustividad en los objetivos, aunque en su pre¨¢mbulo se habla de la realizaci¨®n de evaluaciones de las pol¨ªticas y programas, favoreciendo el uso racional de los recursos p¨²blicos y el impulso de la gesti¨®n de la calidad de los servicios.

La Administraci¨®n electr¨®nica, una buena parte de cuyos principios est¨¢n incorporados al proyecto Ingenio 2010 para tratar de adecuar la econom¨ªa espa?ola a los acuerdos de la Agenda de Lisboa de la UE, consiste en lo esencial en la multiplicaci¨®n de los procedimientos que el ciudadano puede ejercer sin salir de casa, a trav¨¦s de Internet, y que cualquiera de esos procedimientos los pueda desarrollar en la administraci¨®n m¨¢s pr¨®xima, sin p¨¦rdidas de tiempo, aunque su destino sea otra administraci¨®n m¨¢s lejana. A final de a?o se pretende que est¨¦ aprobada por el Consejo de Ministros la Ley de Administraci¨®n Electr¨®nica, por la cual todos tendremos derecho a dirigirnos a cualquier administraci¨®n en demanda de informaci¨®n y, sobre todo, derecho a que se nos conteste de forma obligatoria y en tiempo. Ahora depende del uso de la discrecionalidad y de los medios electr¨®nicos.

?Se lograr¨¢n cancelar, de una vez para siempre, los t¨®picos burocr¨¢ticos del "vuelva usted ma?ana" y "que inventen ellos"?