Instrucci¨®n cumplida

La conclusi¨®n del sumario sobre el 11-M y su env¨ªo a los dominios de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han conjurado un grave riesgo que durante un tiempo no parec¨ªa del todo descartado: la excarcelaci¨®n obligada de los presuntos autores materiales, inspiradores y c¨®mplices de los atentados ante la imposibilidad de celebrar el juicio dentro del l¨ªmite legal de cuatro a?os previsto para la prisi¨®n preventiva. Para la mayor¨ªa de la sociedad espa?ola, la posibilidad de que la mayor masacre terrorista de su historia pudiera quedar impune nunca ha sido un asunto menor. En este sentido, el fiscal del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, ha sintonizado con ese sentir socialmente mayoritario al se?alar la importancia que reviste, desde las exigencias de la justicia, que el juicio sobre el 11-M est¨¦ asegurado en un plazo de tiempo previsible.

Para quienes se han puesto como objetivo desacreditar la instrucci¨®n judicial, e incluso intentaron utilizar el posible expediente al juez Del Olmo para apartarle del caso y realizar una total revisi¨®n de su instrucci¨®n, la celebraci¨®n del juicio nunca ha tenido, evidentemente, car¨¢cter de urgencia. Con el pretexto de "esclarecer la verdad", su objetivo ha sido mantener empantanada la investigaci¨®n judicial hasta al menos las elecciones generales de 2008 para dejar abierta la posibilidad, con los consiguientes r¨¦ditos pol¨ªticos, de seguir instrumentalizando la tesis de la mano invisible de ETA, adobada con los m¨¢s delirantes ingredientes conspiratorios. La conclusi¨®n del sumario, tras 28 meses de exhaustivas pesquisas, ha desbaratado ese plan, de modo que las historias de hoy sobre la nitroglicerina son a estos efectos tan inocuas como las de anta?o sobre la mochila que no estall¨® y que condujo a la identificaci¨®n de los autores del 11-M con Acebes todav¨ªa ministro del Interior, o la de la Orquesta Mondrag¨®n transformada en un arrebato de periodismo de investigaci¨®n en la corporaci¨®n industrial vasca del mismo nombre.

La verdad de los hechos sobre el 11-M tiene sin duda mejor reflejo en la "verdad judicial", obtenida con todos los resortes de que disponen jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado en un procedimiento independiente y con garant¨ªas, que en sumarios paralelos y simulacros procesales sin el menor requisito de imparcialidad, viciados adem¨¢s por tesis de autor¨ªa preconcebida. Y esa "verdad judicial", de momento provisional hasta que pase el escrutinio del juicio, apunta a que tanto los autores materiales -entre ellos, los siete suicidas de Legan¨¦s el 3 de abril siguiente- como intelectuales de los atentados del 11-M integraban una c¨¦lula yihadista radicada en Espa?a que dise?¨® su acci¨®n criminal al calor del apoyo del Gobierno de Aznar a la guerra de Irak.

Esa verdad no se sustenta en conjeturas, hechos casuales o enredos de confidentes, sino en una instrucci¨®n con m¨¢s de 80.000 folios de diligencias de diverso tipo: miles de rastreos telef¨®nicos (50.000); unas 200 pruebas de ADN y otras tantas sobre huellas; veh¨ªculos, explosivos y detonadores, documentos en ¨¢rabe y ordenadores confiscados. Sin olvidar el casi centenar de ruedas de reconocimiento entre los procesados y testigos presenciales y protegidos (40), y el precedente de una condena en firme que verifica judicialmente un hecho investigado en el sumario del juez Del Olmo (el del menor implicado en el traslado desde Asturias a Madrid de los 130 kilos de dinamita empleada en los atentados).

Tanto la sistematizaci¨®n de hechos como su explicaci¨®n razonada y fundada que revela la instrucci¨®n ponen de manifiesto que el director de la investigaci¨®n ha sido el juez Del Olmo. No parece que haya sido un pelele en manos de determinados responsables policiales ni el peque?o juez al que le ven¨ªa grande el sumario del 11-M, ni tampoco su trabajo ha consistido en una acumulaci¨®n inconexa de diligencias, como han propalado sus inmisericordes cr¨ªticos con el obvio prop¨®sito de desacreditarle profesional y personalmente. Del Olmo no ha obviado investigar los posibles fallos policiales previos a los atentados, interrogando a decenas de polic¨ªas y guardias civiles, sin haber encontrado atisbo alguno de mala fe o de negligencia voluntaria. Por ello resulta c¨ªnico que los dirigentes del PP insistan en cargar las tintas y lanzar sospechas sobre la actuaci¨®n de la polic¨ªa y la Guardia Civil y pasen por alto su propia y principal responsabilidad como Gobierno que eran en aquellas fechas.