Contra los incendios, ?subir las penas?

El pasado d¨ªa 14, y bajo el t¨ªtulo "Incendios y C¨®digo Penal", su peri¨®dico public¨® una carta de Jorge Mira P¨¦rez en la que, comprensiblemente airado y habiendo o¨ªdo que la sanci¨®n prevista para quien perpetra un incendio es similar a la de quien intenta robar un veh¨ªculo, instaba al endurecimiento del C¨®digo Penal. Sin duda, el autor de la carta tiene raz¨®n en que algo hay que hacer, pero su temor ante la languidez de nuestro C¨®digo Penal es infundado: seg¨²n ¨¦ste (arts. 351-358), el incendio de monte o masa forestal tiene prevista (adem¨¢s de una multa) una pena de 1 a 5 a?os de privaci¨®n de libertad, que pasa a ser de 3 a 5 cuando la superficie afectada sea cuantitativa o cualitativamente importante o cuando el incendiario act¨²e movido por intereses econ¨®micos, supuestos ambos que ser¨¢n comunes en los incendios m¨¢s preocupantes.

Finalmente, la pena se incrementa hasta los 10 a 20 a?os de prisi¨®n cuando se ponga en peligro la vida o la integridad f¨ªsica de las personas. Las sanciones, desde luego muy superiores a las que tiene intentar robar un coche, son suficientemente contundentes; el problema es otro. Alcanzado un cierto nivel de dureza, la ganancia en prevenci¨®n no se consigue incrementando la gravedad de la pena en abstracto, sino su probabilidad de imposici¨®n en concreto. Pedir la reforma al alza de las sanciones ante la falta de eficacia del sistema es una respuesta natural, pero no por ello adecuada. Dar curso a tal petici¨®n es una soluci¨®n pol¨ªticamente sencilla, pero socialmente est¨¦ril.