La Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales se aplicar¨¢ a 200.000 militares y guardias civiles

La Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales, que protege el derecho a la seguridad y la salud de los trabajadores, se aplicar¨¢ a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, 125.000 y 73.000, respectivamente. El PSOE ha propuesto a los dem¨¢s grupos la modificaci¨®n de la ley vigente desde 1995, que excluye de su protecci¨®n al personal militar, para incluirlos en todas sus actividades salvo aquellas espec¨ªficas que lo impidan. Se trata de aplicar una sentencia de enero de este a?o del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que conden¨® a Espa?a.

El tribunal europeo considera que Espa?a no aplica correctamente la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, sobre medidas para promover la seguridad y la salud de los trabajadores, porque la ley de 1995 excluye expresamente al personal militar al servicio de la Administraci¨®n; es decir, militares y guardias civiles.

"L¨®gicamente, cuando un militar entra en combate o un guardia detiene a un delincuente se exponen a riesgos que no se pueden evitar, pero eso es una cosa y otra muy distinta que cuando trabajan en una oficina o viajan en un veh¨ªculo no tengan derecho a las mismas condiciones de seguridad que cualquier otro trabajador", explican expertos en la materia.

Un ejemplo es el caso Yak 42. Los militares que murieron en el siniestro a¨¦reo asum¨ªan como un riesgo profesional sufrir un ataque en Afganist¨¢n, pero no viajar en un avi¨®n que no cumpl¨ªa, por mantenimiento y fatiga de la tripulaci¨®n, los requisitos m¨ªnimos de seguridad.

El Grupo Socialista ha propuesto a los dem¨¢s grupos del Congreso una modificaci¨®n de la ley de prevenci¨®n de riesgos laborales de 1995, de forma que se elimine el adjetivo "civil" al referirse al personal de la Administraci¨®n al que se aplica dicha norma. Al mismo tiempo, propone aclarar que la ley "no ser¨¢ de aplicaci¨®n en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ¨¢mbito de las funciones p¨²blicas de Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil".

Es decir, se excluyen determinadas actividades profesionales de los militares y guardias, pero no todas. Por eso, el PSOE propone una nueva disposici¨®n adicional en la que se aclara que "lo previsto en los cap¨ªtulos III, V y VII de esta ley se aplicar¨¢ de acuerdo con la normativa espec¨ªfica militar".

El cap¨ªtulo III regula los derechos y deberes de empresarios y trabajadores; entre ellos, los de informaci¨®n, consulta y participaci¨®n; as¨ª como la vigilancia de la salud o la protecci¨®n de la maternidad; el V detalla las funciones de los representantes de los trabajadores en materia de prevenci¨®n y del comit¨¦ de seguridad y salud; y el VII fija las responsabilidades y sanciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones legales por parte del empleador.

Pese a estas salvedades, que deber¨¢n ser concretadas cuando la reforma legal entre en vigor, ¨¦sta acarrear¨¢ importantes novedades, ya que pondr¨¢ a militares y guardias civiles bajo la competencia del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¨®rgano encargado de analizar las condiciones de trabajo y promover medidas preventivas: o de la Inspecci¨®n de Trabajo y Seguridad Social, entre cuyas facultades figura la de "ordenar la paralizaci¨®n inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores".

El PSOE ha propuesto a los dem¨¢s grupos del Congreso incluir esta reforma como enmienda a la llamada Ley Baeza, que se impuls¨® despu¨¦s de que un avi¨®n militar se estrellara contra una casa en dicha localidad jienense matando a una mujer y a su hija. La urgencia de aplicar la sentencia del tribunal europeo justifica, a juicio del PSOE, incluir este asunto en la Ley Baeza, aprovechando su actual tramitaci¨®n por el Congreso.

Pero incluso si ello no fuera posible, el ministro de Defensa, Jos¨¦ Antonio Alonso, ha dejado claro que la aplicaci¨®n a los militares de la legislaci¨®n de riesgos laborales constituye una de sus prioridades legislativas.