De "eutanasia masiva" a s¨®lo 15 dudas

Todo comenz¨® en marzo de 2005 con la destituci¨®n de Luis Montes, coordinador de Urgencias del Severo Ochoa. Una denuncia an¨®nima apuntaba "una pr¨¢ctica de eutanasia masiva", de la que se lleg¨® a se?alar 400 casos de supuestos homicidios. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, dio credibilidad a estas acusaciones y destituy¨® a la c¨²pula entera del hospital. El informe elaborado por los servicios de inspecci¨®n de Sanidad de la Comunidad se?al¨® irregularidades administrativas, pero no pudo establecer que existiera una mala praxis m¨¦dica, contraria a la ¨¦tica profesional, en el tratamiento de los enfermos.

Dos meses m¨¢s tarde, Lamela present¨® un informe en el que cifraba ya en s¨®lo 73 las sedaciones irregulares que se realizaron en el hospital entre septiembre de 2003 y marzo de 2005. A trav¨¦s de este estudio, el consejero ve¨ªa indicios de responsabilidad penal en los m¨¦dicos de Legan¨¦s. Los representantes de personal del hospital calificaron el informe de "irreal", "carente de rigor", "tendencioso" y "seudocient¨ªfico". La Fiscal¨ªa de Madrid crib¨® los 73 casos y consider¨® que ¨²nicamente quedaban por investigar 16 sedaciones en pacientes en fase terminal, lo que no significaba que hubiera irregularidades en estos casos.

Un juez de Legan¨¦s archiv¨®, por "falta absoluta de indicios", una querella por supuesto homicidio imprudente presentada por la familia de un paciente, de 78 a?os, que ingres¨® en situaci¨®n ag¨®nica terminal en 2003 y falleci¨® horas despu¨¦s. Sanidad hab¨ªa considerado este caso como uno de los m¨¢s claros de sedaci¨®n contraindicada.

En junio de este a?o, un juez orden¨® al director del centro que le facilitara los datos de los m¨¦dicos que aplicaron sedaciones a 15 pacientes terminales para citarlos como imputados. A mediados de septiembre, estos facultativos comenzar¨¢n a declarar.