Seis meses de desencuentros

La Fiscal¨ªa de Santa Cruz ha recibido, en menos de seis meses, demandas de investigaci¨®n sobre la actuaci¨®n de la mayor parte de las empresas extranjeras que tienen concesiones petroleras en Bolivia, pero principalmente de la espa?ola Repsol y la brasile?a Petrobras, las mayores exportadoras de gas boliviano. Bolivia representa el 1,5% del resultado operativo de Repsol, que controla en el pa¨ªs una reservas netas de 300 millones de barriles equivalentes de petr¨®leo (bep), con unas inversiones de 450 millones de euros.

La primera y la m¨¢s importante de esas demandas, por la importancia de los implicados en ella, est¨¢ referida al supuesto contrabando de hidrocarburos. En este caso est¨¢n involucrados el responsable de Repsol YPF en Bolivia, Julio Gavito, y el ejecutivo Pedro S¨¢nchez, investigados por presunto contrabando entre 2004 y 2005, por un total de 9,2 millones de d¨®lares (unos 7,2 millones de euros). El pasado 9 de marzo, los fiscales registraron las oficinas de Repsol en Santa Cruz con el objetivo de requisar documentos y detener a Gavito y S¨¢nchez. Ambos estuvieron desaparecidos cinco d¨ªas, hasta que se entregaron a la Justicia. Los ejecutivos salieron en libertad bajo fianza, y ahora est¨¢n a la espera del informe fiscal que determinar¨¢ si debe realizarse un juicio ordinario o administrativo. Los fiscales tienen hasta el pr¨®ximo mes de septiembre para elevar un informe respecto a las investigaciones sobre esta demanda, presentada por la Aduana boliviana. Gavito renunci¨® a su puesto en la compa?¨ªa y, como S¨¢nchez, tiene prohibido abandonar el pa¨ªs.

Las autoridades espa?olas han intentado suavizar los problemas entre ambas partes

Otra de las investigaciones tiene que ver con la presunta evasi¨®n de impuestos de importaci¨®n de maquinaria para una planta en el campo petrolero de Margarita, que Repsol adquiri¨® por un contrato llave en mano. El proyecto estaba a cargo de Ballyco, contra quien la petrolera ha presentado una querella por estafa.

La tercera demanda, que tambi¨¦n est¨¢ en curso y es la que ha causado la actual crisis, indaga sobre la supuesta estafa al Estado boliviano por la suscripci¨®n de un contrato de venta de gas entre Andina, subsidiaria de Repsol, y Petrobras, en octubre de 2002. El argumento fiscal es que se ha burlado la f¨®rmula de reajuste peri¨®dico del precio de gas que se exporta a Brasil, causando un supuesto da?o entre 160 y 190 millones de d¨®lares (entre 125 y 148 millones de euros).

Por otra parte, la diputada del oficialista Movimiento al Socialismo Milena Aracely Hinojosa present¨® una querella contra Repsol YPF Gas Bolivia ante la Fiscal¨ªa General en la ciudad de Sucre, sede de la Corte Suprema de Justicia, para que se devuelva 37 millones de d¨®lares (28,9 millones de euros) que recibi¨® entre 2002 y 2004 de la subvenci¨®n estatal al precio del gas licuado. Repsol YPF rechaz¨® inmediatamente esta acusaci¨®n.

Las autoridades espa?olas han tratado de suavizar las accidentadas relaciones de la petrolera con las autoridades bolivianas. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino Le¨®n, visit¨® en mayo La Paz para conocer los alcances de la nacionalizaci¨®n de hidrocarburos, anunciada por el presidente Evo Morales el d¨ªa 1 de ese mismo mes. Despu¨¦s de reunirse con Morales, Le¨®n subray¨® que a¨²n era "pronto" para saber si las empresas nacionalizadas se quedar¨ªan o no en el pa¨ªs, pero expres¨® su confianza en que se produjera una negociaci¨®n "con confianza y lealtad" entre ambos Gobiernos.

A comienzos de agosto, Morales y la vicepresidenta del Gobierno espa?ol, Maria Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, aseguraron a la prensa que exist¨ªa plena confianza en que las empresas petroleras de ambos pa¨ªses iban a lograr acuerdos positivos y de mutuo inter¨¦s.

Un par de semanas despu¨¦s se produjo un nuevo allanamiento a las oficinas de Andina en Santa Cruz, con la incautaci¨®n de documentos a fin de que los fiscales puedan probar que se ha registrado una operaci¨®n dolosa en contra del Estado boliviano.