El Supremo obliga a Alperi a convocar un pleno extraordinario sobre el desfalco en Mercalicante

El Tribunal Supremo ha dictado un auto que obliga al alcalde de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi, del PP, a convocar un pleno extraordinario para debatir las conclusiones de la comisi¨®n de investigaci¨®n municipal sobre el desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa p¨²blica Mercalicante. La resoluci¨®n del alto Tribunal se produce a ra¨ªz de un recurso del Ayuntamiento a una anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que acept¨® un recurso del grupo municipal socialista contra la negativa del Alperi a celebrar la sesi¨®n plenaria.

En enero de 2003, el grupo municipal del PSPV llev¨® al TSJ la negativa de Alperi a debatir en el pleno las conclusiones de la comisi¨®n municipal, cuyos trabajos se desarrollaron a lo largo del oto?o del a?o anterior. El PSPV sosten¨ªa que si la creaci¨®n de la comisi¨®n la acord¨® el pleno, sus conclusiones tambi¨¦n deb¨ªan ser ratificadas por el mismo ¨®rgano de la corporaci¨®n. El TSJ fall¨® a favor de la pretensi¨®n de los socialistas. Alperi recurri¨® al Supremo, que ahora ha validado la sentencia del TSJ y, adem¨¢s, condena al Ayuntamiento alicantino al pago de las costas.

La creaci¨®n de la comisi¨®n municipal se acord¨® a los tres meses de conocerse el agujero contable en las cuentas de Mercalicante, en julio de 2002, correspondiente a los ejercicios de 1999, 2000 y 2001.

Despu¨¦s de tres meses de debates e interrogatorios, cada uno de los grupos municipales (PP, PSPV y EU) presentaron su escrito de conclusiones. El documento del grupo popular, en el gobierno local con mayor¨ªa absoluta, descart¨® cualquier responsabilidad pol¨ªtica en las irregularidades de la firma. Mientras, los grupos de la oposici¨®n, concluyeron que s¨ª hab¨ªa responsabilidades pol¨ªticas, "por acci¨®n u omisi¨®n" del alcalde, a su vez, presidente de los dos m¨¢ximos ¨®rganos de control de la empresa, el consejo de administraci¨®n y la comisi¨®n ejecutiva.

El entonces portavoz del grupo municipal del PSPV, Blas Bernal, solicit¨® un pleno extraordinario para debatir y aprobar las conclusiones. El alcalde rechaz¨® la propuesta y aludi¨® a un informe jur¨ªdico de los t¨¦cnicos que le liberaba de acceder a la petici¨®n socialista. Seg¨²n el PP, la comisi¨®n municipal de investigaci¨®n acord¨® dar por terminados sus trabajos en su seno interno y no trasladar sus conclusiones al pleno de la corporaci¨®n.

El ex portavoz del PSPV subray¨® ayer que el auto del Tribunal Supremo "restituye el derecho de los ciudadanos a conocer desde el primer foro pol¨ªtico de la ciudad las conclusiones de los grupos sobre el mayor esc¨¢ndalo financiero en el que se ha visto implicado el Ayuntamiento".

En paralelo a la investigaci¨®n de la comisi¨®n municipal sobre Mercalicante, se activ¨® la v¨ªa judicial a ra¨ªz de una denuncia de un vecino. El fiscal orden¨® en septiembre de 2002 el arresto del hasta ahora principal imputado, el ex gerente de la empresa, Jos¨¦ Emilio Clavero.

La instrucci¨®n del caso Mercalicante, que dirige Cristina Costa, titular del Juzgado n¨²mero 1 de Alicante, sigue abierta cuatro a?os despu¨¦s. La lista de imputados ha engordado hasta los 19, entre ellos, el alcalde, el concejal del PP Juan Zaragoza, y el ex edil del PP, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Galant, en la actualidad director del complejo audiovisual de la Ciudad de la Luz.

Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n

La acusaci¨®n p¨²blica en este caso la ejerce el fiscal anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones. Este departamento del ministerio p¨²blico remiti¨® hace dos semanas al juzgado otra denuncia contra Alperi por supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en la adjudicaci¨®n de tres aparcamientos subterr¨¢neos. Adem¨¢s de Alperi y el empresario, el fiscal ha denunciado a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, al de Tr¨¢fico, Luis Concepci¨®n, y a un funcionario municipal.

Briones aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, falsedad en documento p¨²blico, apropiaci¨®n indebida y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. El fiscal ha evaluado en 2,2 millones de euros el quebranto econ¨®mico para el Ayuntamiento derivado de las variaciones en el contrato inicial de los aparcamientos.