La alcaldesa de Quijorna vendi¨® una alameda protegida a un constructor y luego la recalific¨®

La alcaldesa de Quijorna, Mercedes Garc¨ªa, del PP, ha vendido a Sanedi, una empresa del grupo San Rom¨¢n, una alameda de 3.750 metros cuadrados calificada por el actual ordenamiento del municipio (aprobado hace cuatro a?os) como zona protegida por su valor ambiental. Pero en el nuevo avance del plan general, la finca se recalifica y adquiere edificabilidad. La regidora asegura que no ha aprovechado su cargo pol¨ªtico para beneficiarse con esta venta y que diferentes personas del pueblo, adscritas a otros grupos pol¨ªticos, tambi¨¦n poseen propiedades que se tratan de la misma forma. El Ayuntamiento adjudic¨® la redacci¨®n del avance del plan a Plarquin, empresa de la que era socio Enrique Porto, director general de Urbanismo.

El sabor a pueblo todav¨ªa permanece intacto en Quijorna, una peque?a localidad de 2.325 habitantes, situada en el suroeste de la regi¨®n, a unos 35 kil¨®metros de Madrid, rodeada de montes preservados y de la Zona de Especial Protecci¨®n de Aves (ZEPA) de los Encinares de los r¨ªos Alberche y Cofio. El municipio tambi¨¦n est¨¢ muy pr¨®ximo a localidades ya desarrolladas urban¨ªsticamente como Majadahonda o Villanueva de la Ca?ada, y a escasos cinco kil¨®metros pasa la carretera de los pantanos, la M-501, ya desdoblada.

Pero el aspecto de peque?a localidad no le durar¨¢ mucho. Los planes del actual equipo de gobierno pasan por una enorme expansi¨®n urban¨ªstica del pueblo. El municipio est¨¢ gobernado por tres concejales del PP, que cuentan con el apoyo de dos ediles del PSOE. En la oposici¨®n se encuentran cuatro ediles del Grupo Independiente de Quijorna (GIQ).

El nuevo avance del plan, todav¨ªa en tramitaci¨®n, pretende llevar al municipio a 60.000 habitantes y declarar urbanizable todo el suelo, excepto las zonas intocables de la ZEPA y los montes preservados. El planeamiento contempla recalificar 1.067 hect¨¢reas, el 40% del t¨¦rmino municipal. "Pero en un espacio de entre 20 y 25 a?os", aclara la alcaldesa de la localidad.

La alameda recalificada

Estos planes multiplican por 11 el suelo declarado urbanizable actualmente, cuyas normas fueron aprobadas hace s¨®lo cuatro a?os. Dentro de las zonas protegidas que pasar¨¢n a computar como suelo edificable, se encuentran varias fincas situadas en medio de una alameda. Est¨¢n calificadas como espacios singulares, carrizales y espacios catalogados de especial protecci¨®n de cauces y riberas.

Una de ellas, la parcela n¨²mero 286, situada en el pol¨ªgono 3, pertenec¨ªa a la actual alcaldesa y a su marido, hasta que decidieron venderla a la promotora Sanedi (perteneciente al grupo de Fidel San Rom¨¢n, vinculado a la Operaci¨®n Malaya) por 270.455 euros, cuatro veces m¨¢s de lo que se paga habitualmente en el municipio por un espacio como ¨¦ste, en el que no se puede construir.

El cu?ado de la alcaldesa, Enrique Serrano Pedrazuela, tambi¨¦n vendi¨® a la misma empresa tres fincas (dos de ellas con protecci¨®n ambiental). Seg¨²n informaci¨®n de la oposici¨®n, Sanedi se ha hecho con alrededor de un mill¨®n de metros cuadrados en el municipio.

?Qu¨¦ inter¨¦s puede tener una empresa constructora en adquirir terrenos en los que no se puede edificar? La respuesta llega con el avance del plan general, donde estos suelos se transforman en redes p¨²blicas de zonas verdes y espacios libres. Es decir, los suelos que antes carec¨ªan de edificabilidad por su protecci¨®n ambiental adquieren derechos para construir viviendas. No en la zona de la alameda, que continuar¨¢ siendo verde, sino en otro lugar del municipio.

Garc¨ªa asegura "no entender la pol¨¦mica que se ha levantado con esta venta". "Aqu¨ª las tierras son de determinadas familias, como sucede en la mayor¨ªa de los pueblos. Los terrenos eran de la familia de mi marido de toda la vida. ?l los recibi¨® como herencia y ahora los hemos vendido, igual que otras personas de toda adscripci¨®n pol¨ªtica o de ninguna".

La alcaldesa sostiene que con el nuevo plan general s¨®lo busca el inter¨¦s general del municipio. "Los pueblos peque?os s¨®lo podemos tener infraestructuras y servicios creciendo. A m¨ª me piden un instituto y ?por qu¨¦ no podemos tener una universidad como los municipios cercanos?", se pregunta. En cuanto a la raz¨®n por la que se ha suprimido la protecci¨®n de la alameda, Garc¨ªa argumenta que esta decisi¨®n se adoptar¨¢ en todas las fincas con la misma calificaci¨®n, no s¨®lo en la suya. "En absoluto se trata de beneficiar a intereses privados de nadie", recalca.

Florentino Serrano, portavoz del Grupo Independiente y ¨²nica oposici¨®n municipal debido a que el PSOE apoya al PP en su gesti¨®n, afirma que le parece una aut¨¦ntica aberraci¨®n la postura de la alcaldesa. "Es terrible que quien tiene que velar por el cumplimiento de la legalidad urban¨ªstica y el inter¨¦s p¨²blico sea el primero que hace negocios millonarios de compraventa", zanja.

Serrano pide "la urgente e inmediata intervenci¨®n" de la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente. "Nosotros creemos que es de much¨ªsima gravedad", a?ade. El concejal del PSOE Juan Jos¨¦ Cerrato, que apoya al Gobierno local del PP, comenta que no tiene una opini¨®n definida del avance. "En su momento votaremos lo que nos digan desde el partido. Mi opini¨®n personal es que habr¨ªa que equilibrar los metros cuadrados que se dejan como suelo sectorizado [en el que ya se ha calculado el n¨²mero de viviendas que se edificar¨ªan] con el no sectorizado [terrenos que se reservan para crecimientos futuros]", comenta.

El avance prev¨¦ convertir 466 hect¨¢reas en suelo urbanizable sectorizado donde se levantar¨¢n 9.458 viviendas, 4.188 de ellas protegidas. Las restantes 600 hect¨¢reas de suelo urbanizable se reservan para crecer en el futuro.

Pero el portavoz del GIQ no cree que ¨¦ste sea el momento oportuno para desarrollar un nuevo ordenamiento urban¨ªstico. "Primero habr¨ªa que edificar las viviendas previstas en el anterior plan, unas 1.200. De esta forma, se llegar¨ªa a una poblaci¨®n de unos 6.000 habitantes. Con este n¨²mero de habitantes se podr¨ªa solicitar un instituto, incrementar el n¨²mero de m¨¦dicos, tener un centro cultural y mejorar el transporte p¨²blico. No hace falta llegar a los 60.000 habitantes para eso", dice.

En su opini¨®n, lo razonable ser¨ªa esperar a que estuviera hecho el 50% de lo aprobado y, en ese momento, acometer un nuevo plan. Adem¨¢s, el GIQ ha denunciado la actuaci¨®n del equipo de gobierno por la aprobaci¨®n de unos convenios en los que, en su opini¨®n, tambi¨¦n se ha favorecido a Sanedi y a otras empresas. El Ayuntamiento firm¨® 37 acuerdos en julio de 2004 donde reduc¨ªa el porcentaje de vivienda protegida del 50% al 10%, adem¨¢s de aumentar la edificabilidad de 18 a 25 viviendas por hect¨¢rea. En contrapartida, el municipio recibe un 22% de aprovechamiento de cada suelo, en lugar del 10% legal.

Los independientes interpusieron una querella ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de M¨®stoles donde acusan a la alcaldesa de prevaricaci¨®n por los convenios. Adem¨¢s, presentaron un recurso contencioso administrativo. El PSOE hizo alegaciones. El diputado socialista Modesto Nolla, portavoz de Urbanismo en la Asamblea, advirti¨® de que estos acuerdos eran nulos de pleno derecho al reducir el n¨²mero de vivienda protegidas. Sin embargo, uno de sus concejales en el Ayuntamiento de Quijorna, Fernando D¨ªaz Guerra, vot¨® a favor de los planes parciales. La alcaldesa, del PP, defiende su actuaci¨®n y explica que cuando se firmaron los convenios no era obligatorio edificar viviendas protegidas.