'Homo sacer'

Sacer, seg¨²n el diccionario latino-espa?ol de Agust¨ªn Bl¨¢nquez Fraile, significa "sagrado, consagrado, sacro" y tambi¨¦n "maldito, execrable, abominable, detestable". Pertenece al concepto que puso en circulaci¨®n hace una decena de a?os el fil¨®sofo Giorgio Agamben, en su libro Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida (Pre Textos). "El protagonista de este libro es la vida nuda", escribe, "es decir, la vida que se puede quitar y sacrificar del homo sacer, de quien queremos mostrar su funci¨®n esencial en la pol¨ªtica moderna". Se trata de "una oscura figura del derecho romano arcaico, que incluye a la vida humana en el orden jur¨ªdico s¨®lo en forma de exclusi¨®n (es decir, en la posibilidad de darle muerte sin sanci¨®n)".

Desde que Bush declar¨® la Guerra global contra el terror no ha hecho m¨¢s que crecer la figura del homo sacer, habitante de territorios donde la ley no tiene vigencia, lugares de excepci¨®n donde los prisioneros pierden su condici¨®n de personas, chupaderos que trasladan al siglo XXI el universo concentracionario del siglo pasado: Guant¨¢namo, Abu Ghraib, Bagram, Diego Garc¨ªa, las flotas americanas, las mazmorras egipcias o sirias donde la CIA externaliza los interrogatorios, los vuelos clandestinos para trasladar secuestrados, o las c¨¢rceles secretas europeas, todo un archipi¨¦lago donde naufragan los derechos humanos y permanecen en suspenso los valores que dicen defender EE UU y sus aliados.

Hecha la ley, hecha la trampa. Oficialmente, sigue vigente la regla de juego aceptada por todos. Pero ah¨ª donde no alcanza la luz de la opini¨®n p¨²blica ni llega la mirada de las instituciones del Estado de derecho se elude el cumplimiento de las leyes o se retuerce su interpretaci¨®n. Por fortuna, las trampas tambi¨¦n han sufrido la erosi¨®n tanto de una opini¨®n internacional que ha ido despertando del efecto hipn¨®tico de los atentados terroristas como de la acci¨®n de los tribunales y del Congreso norteamericano. El primero de los reveses legales a la pol¨ªtica antiterrorista de Bush se produjo el pasado diciembre, cuando el senador John McCain, presumible sucesor suyo como candidato republicano en 2008, colg¨® de una ley presupuestaria militar una enmienda que prohib¨ªa la tortura a cualquier detenido. Bush se vio forzado a elegir entre dejar sin dinero al Ej¨¦rcito o prohibir la tortura. El segundo rev¨¦s fue en junio, cuando el Tribunal Supremo declar¨® ilegales las comisiones militares que ven¨ªan sentenciando a los prisioneros de Guant¨¢namo sin garant¨ªa alguna.

Una y otra tuvieron inmediata respuesta por parte del aparato legal republicano, un cuerpo de leguleyos preparados para cualquier malabarismo jur¨ªdico y muy propenso a utilizar la Constituci¨®n norteamericana a su capricho, ley¨¦ndola de la misma forma literal que los salafistas leen el Cor¨¢n, o penetrando en la cabeza de los Padres Fundadores, para interpretar lo que quer¨ªan decir Jefferson, Hamilton o Washington, como si sus ideas de grandes terratenientes esclavistas o de ilustrados insignes pudieran tener vigencia exacta hoy en d¨ªa. La respuesta a la acci¨®n de McCain fue una artima?a legal por la que el presidente se reserva la interpretaci¨®n de cualquier ley mediante una declaraci¨®n firmada o signing statement y que tiene como fundamento la llamada teor¨ªa del ejecutivo unitario. En esencia, se trata de una interpretaci¨®n expansiva de los poderes constitucionales del presidente en relaci¨®n al poder legislativo, algo que ha llegado a su punto culminante con George W. Bush, el presidente que m¨¢s signing statements ha firmado (m¨¢s de 800), y que cuenta con el contrafuerte adicional de los poderes otorgados con motivo del 11-S, la famosa AUMF (Autorizaci¨®n para el Uso de la Fuerza de 18 de septiembre de 2001) de duraci¨®n indeterminada en esta guerra sin fin, sin l¨ªmites y sin fronteras, en el tiempo, en el espacio y en los m¨¦todos para guerrear.

Pero la sentencia del Supremo de junio pasado ha obtenido otra respuesta todav¨ªa m¨¢s contundente, y fundamentada, asimismo, en la misma idea de unos poderes presidenciales excepcionales, reconocidos directamente por un legislativo que capitula ante el ejecutivo y los sustrae del control del judicial. En manos del presidente queda el sistema de garant¨ªas, la dureza de los interrogatorios, la interpretaci¨®n de los convenios internacionales y la declaraci¨®n de qui¨¦n es combatiente enemigo ilegal, figura sagrada y maldita se?alada por el poder supremo y excepcional. El bucle se ha cerrado. La trampa es ahora ley. Y s¨®lo el Tribunal Supremo u otra mayor¨ªa parlamentaria pueden alg¨²n d¨ªa enmendarla.