Los concejales de Oropesa acusados de prevaricaci¨®n se escudan ante el juez en los informes t¨¦cnicos

Prevaricaci¨®n y cohecho son los presuntos delitos a los que se enfrentan cuatro concejales del Ayuntamiento de Oropesa que, en la pasada legislatura, concedieron una licencia de obras para la construcci¨®n de alrededor de 600 aparcamientos sobre un suelo calificado como dotacional privado para uso exclusivo de c¨¢mping. Tras la denuncia presentada por un particular, un juzgado abri¨® diligencias y ayer tom¨® declaraci¨®n al edil del grupo independiente GIO, Fernando Ju¨¢rez, que gobernaba cuando se concedi¨® la licencia y que sigue formando parte de la corporaci¨®n, y a la ex concejal socialista Mar¨ªa Vicenta Garc¨¦s.

En su declaraci¨®n, seg¨²n el propio Ju¨¢rez, la juez le pregunt¨® por la concesi¨®n de la licencia y ¨¦ste se escud¨® en el hecho de la existencia de un informe t¨¦cnico municipal que era favorable a la concesi¨®n de la misma. Seg¨²n el concejal, el informe estaba firmado por el arquitecto municipal, "a quien considero con capacidad de interpretar lo que cada calificaci¨®n permite". "El arquitecto es quien mejor conoce las ordenanzas y las caracter¨ªsticas y posibilidades de cada calificaci¨®n y como el informe era favorable, nos basamos en eso", a?adi¨®. Fernando Ju¨¢rez admiti¨® la existencia de otro documento, el informe jur¨ªdico redactado por la entonces secretaria accidental, que, al contrario que el del arquitecto, era negativo a la concesi¨®n de la licencia. Sin embargo, para el concejal, ¨¦ste era un informe jur¨ªdico y no tan espec¨ªfico como puede ser el de Urbanismo. En cualquier caso, adem¨¢s de ¨¦ste existen dos escritos del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y dos requerimientos realizados por el departamento de Urbanismo dependiente ahora de la Consejer¨ªa de Territorio advirtiendo al Ayuntamiento de la ilegalidad de la concesi¨®n, ya que el suelo no hab¨ªa sido recalificado y, por tanto, no pod¨ªa albergar ninguna construcci¨®n que estuviera destinada a otro uso que el de c¨¢mping. El informe del Colegio de Arquitectos se?alaba que el proyecto "no cumple con las normas urban¨ªsticas del Plan General de Oropesa en lo referente al uso permitido de la parcela". Por su parte, el de la secretaria apuntaba que "no proceder¨ªa la concesi¨®n de la licencia de obras solicitada por no cumplir la normativa establecida en el planeamiento de aplicaci¨®n".

Varios informes advert¨ªan de la ilegalidad de conceder la licencia

Pese a la, de momento, supuesta ilegalidad, ni el actual equipo de gobierno municipal, del PP, ni la Administraci¨®n auton¨®mica han impuesto sanci¨®n alguna. Al contrario, en pleno mes de agosto y cuando el ¨²nico concejal que ejerce oposici¨®n, el edil del Bloc Josep Llu¨ªs Romero, se encontraba de vacaciones, present¨® una propuesta para aprobar una modificaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) con el fin de legalizar los apartamentos. As¨ª, el actual concejal de Urbanismo aval¨® la decisi¨®n adoptada por el equipo de gobierno que le precedi¨®, formado por independientes y socialistas, e incluso justific¨® su postura alegando que no se trataba de una recalificaci¨®n sino de "compatibilizar tanto el uso residencial como el terciario".

El edificio cuenta con alrededor de 600 viviendas pero la misma promoci¨®n tiene proyectadas otras 400 en un tercer bloque.