Trabajo revisa 23,5 millones otorgados en la ¨¦poca de CiU para formaci¨®n ocupacional
La Generalitat reclama a los centros que justifiquen el gasto de unos 1.200 cursos
El Departamento de Trabajo de la Generalitat est¨¢ revisando la concesi¨®n de 23,5 millones de euros otorgados por el Gobierno de CiU a los centros de formaci¨®n ocupacional entre los a?os 2000 y 2003 para realizar cursos destinados a parados o de reciclaje laboral. Los expedientes afectan a unos 1.200 cursos que se impartieron en aquella ¨¦poca con dinero p¨²blico que todav¨ªa no se ha justificado de manera clara c¨®mo se gast¨®. Trabajo reconoce que tal vez no se esclarezca nunca en qu¨¦ se emple¨® parte de ese dinero, lo que obligar¨ªa a reclamarlo a sus beneficiarios.
Cuando Trabajo concede una subvenci¨®n para el fomento del empleo a un centro, entrega el 75% y al acabar el curso se le abona el 25% restante. Es entonces cuando debe justificarse c¨®mo se gast¨® el dinero p¨²blico recibido. La normativa estatal que regula esas subvenciones es de 1994 y deber¨ªa haber sido desarrollada por la Generalitat con un marco legal propio, pero nada de esto sucedi¨® durante los gobiernos de CiU, en los que cada convocatoria se reg¨ªa por unas normas gen¨¦ricas.
El precedente del caso Pallerols, relativo al supuesto desv¨ªo de fondos de formaci¨®n para parados, y el cambio pol¨ªtico en Catalu?a provocaron una modificaci¨®n de la normativa que rige, de manera que ahora se desglosa de forma clara en dos bloques el importe recibido. El m¨®dulo A se destina a pagar al profesorado y los gastos de la Seguridad Social, y el B al resto de los gastos: desde el material necesario a la reparaci¨®n y mantenimiento de los equipos de los locales, entre otros.
Entre los a?os 2000 y 2003, el Departamento de Trabajo concedi¨® 275 millones de euros para formaci¨®n ocupacional. De esa cantidad, ya ha concluido la tramitaci¨®n administrativa de 158.672.454 euros, correspondientes a 7.137 cursos. Esos expedientes ya han sido remitidos para su convalidaci¨®n al Servicio P¨²blico de Empleo Estatal, el organismo que sustituy¨® al antiguo Inem, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De aquella cantidad, el Estado ha rechazado 23.558.289 euros por falta de justificaci¨®n y concreci¨®n de la subvenci¨®n. ?sa es la cantidad que est¨¢ bajo sospecha y la que est¨¢n intentando esclarecer los actuales gestores del Departamento de Trabajo.
Tres partidas
De ese dinero, 11.5877.955 euros corresponden al m¨®dulo A y 11.242.570 euros al m¨®dulo B. Existe una tercera partida denominada "gastos de dif¨ªcil justificaci¨®n" que asciende a 727.763 euros y que no est¨¢ claro si ha de encajar en un lugar u otro.
El motivo que ha llevado al Estado a rechazar esos 1.200 expedientes es que las partidas gastadas no se corresponden con los porcentajes de los m¨®dulos A y B o existen desviaciones entre el n¨²mero de alumnos y las horas programadas y las que realmente se impartieron. Ahora el Departamento de Trabajo est¨¢ exigiendo hasta fotocopias compulsadas de las facturas para comprobar el destino del dinero, aunque reconocen que una parte todav¨ªa por determinar de esos 23,5 millones de euros podr¨ªa quedar sin justificar. Eso obligar¨ªa a revocar las subvenciones y exigir su devoluci¨®n a los centros beneficiarios.
En la ¨¦poca de CiU el desglose entre los m¨®dulos A y B no aparec¨ªa claramente diferenciado, de manera que a la hora de justificar la subvenci¨®n se produc¨ªa una confusi¨®n de cifras que en muchas ocasiones iba en detrimento del salario que deb¨ªan cobrar los profesores . Diversos t¨¦cnicos de seguimiento de Trabajo, que son los funcionarios encargados de velar por el buen uso del dinero, advirtieron de esas irregularidades a sus superiores, pero ¨¦stos miraron para otro lado y solicitaron que dejaran de enviar estos informes. Muy probablemente siguiendo instrucciones pol¨ªticas.
As¨ª lo manifiesta, por ejemplo, la jefa de servicios de programaci¨®n de recursos y evaluaci¨®n en un correo electr¨®nico al que ha tenido acceso este diario y que fue enviado a sus subordinados. En ¨¦l se dice textualmente: "Atendiendo a que en la segunda fase de la resoluci¨®n de la concesi¨®n no se ha comprobado la adecuaci¨®n del presupuesto a los m¨®dulos A y B, os informamos de que la revisi¨®n de la justificaci¨®n se har¨¢ a partir del presupuesto otorgado. Por este motivo, te pido que no se env¨ªen m¨¢s informes con esta incidencia que afecta a los cursos del ejercicio 2003".
El mensaje fue remitido cumpliendo ¨®rdenes de una subdirectora general del departamento, quien hab¨ªa ordenado que no se paralizara la tramitaci¨®n de la concesi¨®n de las subvenciones a los centros aunque no estuviera claro el destino del dinero. Ninguna de esas dos persoans contin¨²a en el cargo que desempe?aba entonces.
El correo electr¨®nico data del 21 de junio de 2004, cuando apenas hac¨ªa seis meses que el tripartito ya hab¨ªa llegado al poder. Los actuales gestores admiten sin reparos que les ha costado casi dos a?os evaluar el importe de los desajustes contables que heredaron y enderezar la situaci¨®n. Ahora aseguran que hay una normativa clara que dificulta mucho el desv¨ªo del dinero para otro fin que no sea la formaci¨®n y que aumentan los requisitos y filtros a los que han de someterse los centros beneficiarios.
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