Pegar al profesor: ?delito o falta?

La violencia escolar es uno de los temas que m¨¢s preocupan a la comunidad educativa, pero son sus propios protagonistas los que m¨¢s inter¨¦s tienen en solucionar el problema. Ayer, cincuenta alumnos de primero de Bachillerato procedentes de 16 institutos de ense?anza secundaria de las ocho provincias andaluzas acordaron varias resoluciones sobre cuestiones relacionadas con la educaci¨®n. Una de ellas va dirigida a tomar medidas para hacer frente a la violencia en las aulas. Los estudiantes tomaron estas decisiones, que ser¨¢n enviadas al Parlamento europeo, en un Pleno Joven que tuvo lugar en la C¨¢mara andaluza.

Su preocupaci¨®n, no obstante, la respaldan tambi¨¦n otros sectores sociales, relacionados o no con la comunidad educativa. A tenor de una reuni¨®n mantenida la semana pasada entre el sindicato de ense?anza de CC OO y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, por la que se lleg¨® al compromiso por parte del respondable del Ministerio P¨²blico de considerar las agresiones a docentes como un delito y no como una falta, los fiscales jefes de Andaluc¨ªa tratar¨¢n en su junta de diciembre de aunar criterios para estos casos.

Los fiscales jefes andaluces analizar¨¢n la violencia en las aulas en su pr¨®xima junta

CC OO calcula que los casos de agresi¨®n a docentes constituyen el 4% de las incidencias

Algunas fiscal¨ªas provinciales, como las de C¨®rdoba y Granada, ya califican como delito las agresiones y amenazas o intimidaciones graves ejercidas, generalmente por padres de alumnos, contra profesores. El compromiso adquirido por Garc¨ªa Calder¨®n con los representantes sindicales pasa por extender a los fiscales de todas las provincias esta esta consideraci¨®n, que permite juzgar el caso por la v¨ªa penal y pedir hasta tres a?os de prisi¨®n para el acusado.

?En qu¨¦ se basan sindicatos y fiscales para poder calificar las agresiones o amenazas graves a docentes como delito? La clave est¨¢ en el art¨ªculo 550 del C¨®digo penal, que tipifica los delitos de atentado contra la autoridad: "Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios p¨²blicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa tambi¨¦n grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasi¨®n de ellas". Los docentes de colegios e institutos p¨²blicos, en cuanto que ostentan la categor¨ªa de funcionarios, quedan amparados, seg¨²n el fiscal, por este art¨ªculo, pero, ?qu¨¦ ocurre con los profesores de ense?anza concertada o privada? Garc¨ªa Calder¨®n reconoce que en esos casos puede resultar problem¨¢tico aplicar el C¨®digo Penal.

"Requiere un an¨¢lisis t¨¦cnico jur¨ªdico porque hay diversos criterios", explica el fiscal jefe. "Algunos sostienen que los profesores de la concertada est¨¢n dentro de este art¨ªculo. Otros dicen que las autoridades educativas extienden esta calificaci¨®n de funcionarios a todos los docentes. Otros opinan lo contrario". En cualquier caso, el m¨¢ximo representante del Ministerio P¨²blico en Andaluc¨ªa advierte de que la consideraci¨®n de delito s¨®lo debe barajarse tras evaluar "la entidad del caso" y ante situaciones de agresiones e intimidaciones "graves". "Para los dem¨¢s, lo l¨®gico es considerarlo como falta", a?ade el fiscal, quien advierte de que "quiz¨¢" ha llegado la hora de "hacer un recuento" para estudiar estad¨ªsticamente la incidencia de estos casos e incluirlos en la pr¨®xima memoria de la Fiscal¨ªa andaluza. CC OO calcula que los casos de agresi¨®n a docentes constituyen el 4% de las incidencias en los centros educativos.

Garc¨ªa Calder¨®n afirma, asimismo, que cuando la Fiscal¨ªa decida actuar de oficio en un supuesto caso de agresi¨®n o amenazas a un docente, las investigaciones en el centro escolar deber¨¢n hacerse de forma "muy discreta". "Se tratar¨ªa de que la investigaci¨®n la realizaran polic¨ªas de paisano y siempre intentando que los alumnos no perciban nada", explica el fiscal jefe, quien apuesta por elaborar "un protocolo" de actuaci¨®n con las autoridades educativas.

El jurista Agust¨ªn D¨ªaz Robledo considera "razonable" que se extienda la consideraci¨®n de delito para los casos m¨¢s graves de violencia a los profesores. Pero, al igual que Garc¨ªa Calder¨®n, advierte de la dificultad de aplicarlo a los docentes de la ense?anza concertada y, sobre todo, privada. En su opini¨®n, lo m¨¢s adecuado ser¨ªa "modificar" el C¨®digo Penal para que el art¨ªculo 550 incluyera un p¨¢rrafo en el que se tipificara como delito "las conductas intimidatorias contra los profesores de ense?anza oficial, cualquiera que sea la titularidad del centro". "El delito de atentado contra la autoridad est¨¢ pensado para garantizar la soberan¨ªa del Estado y se aplica, por ejemplo, en agresiones a polic¨ªas", explica Ruiz Robledo, quien considera que, tal y como est¨¢ redactado hoy, puede abarcar "sin demasiada dificultad" a los profesores de ense?anza p¨²blica. "Pero quiz¨¢s ya es mucho forzar que incluya a los de la concertada y la privada", advierte el jurista.

Para el secretario general de UGT Ense?anza en Andaluc¨ªa, Juan Carlos Hidalgo, la soluci¨®n estar¨ªa en incluir un apartado en de la futura Ley de Educaci¨®n andaluza, en fase de alegaciones: "

Hemos enviado una propuesta a la Junta para que en la ley se contemple la consideraci¨®n del docente como autoridad p¨²blica, tanto en los casos de funcionarios como en los de profesores contratados, pero s¨®lo a efectos de agresiones f¨ªsicas o psicol¨®gicas", afirma el secretario general, quien ha recibido una propuesta para vincular este derecho a los directivos de los centros. "No es mala idea, pero es insuficiente", opina.

Desde CC OO, entienden tambi¨¦n que la protecci¨®n a la docencia no debe distinguir entre p¨²blico y privado, debido, seg¨²n aclara Jos¨¦ Blanco, secretario general de la Federaci¨®n de Ense?anza de este sindicato, "a que en ambos casos se presta un servicio p¨²blico". Blanco aplaude la actitud de compromiso de la Fiscal¨ªa y recuerda que existen antecedentes que avalan la inciativa de utilizar el C¨®digo Penal para sancionar este tipo de agresiones. "Ya ha ocurrido antes, aunque la pena no llegase a un a?o de c¨¢rcel", asegura. Blanco cree que el decreto sobre convivencia que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n prev¨¦ sacar antes de 2007 contribuir¨¢ a mejorar esta situaci¨®n. "Se intensifica la colaboraci¨®n con los padres", dice el secretario general, quien sobre las agresiones a?ade que "hay que intentar aplicar la mayor condena posible".

Por su parte, el viceconsejero de Educaci¨®n, Sebasti¨¢n Cano, asegura que el futuro decreto agilizar¨¢ los m¨¦todos de correci¨®n ante las malas conductas de los alumnos, no s¨®lo con la creaci¨®n de aulas de convivencia para que los estudiantes reflexionen sobre sus actuaciones, sino tambi¨¦n con la agilizaci¨®n de las penalizaciones, que ya no tendr¨¢n que pasar por el Consejo Escolar para ser aplicadas. "Sobre la agresi¨®n por parte de los familiares a los docentes, considero positiva la iniciativa judicial. Puede que en algunos casos sea necesario, aunque hay que estudiar cada uno", afirma Cano.

La importancia de este problema se refleja tambi¨¦n en las primeras Jornadas Nacionales de Violencia Escolar (Bullying), organizadas por la Universidad de Almer¨ªa (UAL), que arrancaron ayer con el prop¨®sito de "conocer la realidad actual de los centros respecto a la violencia escolar". Hasta el s¨¢bado intervendr¨¢n m¨¦dicos de familia, psic¨®logos, representantes de la Polic¨ªa y profesores de la UAL, informa Mar¨ªa Jos¨¦ L¨®pez D¨ªaz.