El Gobierno brit¨¢nico indemnizar¨¢ a seis reclusos forzados a desintoxicarse

El Ministerio del Interior brit¨¢nico acord¨® ayer indemnizar a seis reclusos o ex reclusos que le hab¨ªan llevado a los tribunales por obligarles a desintoxicarse de hero¨ªna retir¨¢ndoles de forma s¨²bita el suministro de metadona. Los seis forman parte de un primer grupo de reclamantes sobre un total de 198 denuncias. El acuerdo se alcanz¨® ayer, poco antes de que la justicia se pronunciara sobre el caso, para evitar una sentencia contraria al Gobierno.

Los reclusos apoyaban su demanda en la legislaci¨®n europea sobre derechos humanos y en su derecho a recibir la misma atenci¨®n sanitaria que los dem¨¢s ciudadanos. Las denuncias, que en algunos casos se remontan a los primeros a?os noventa, afectan a casi 200 reclusos o ex reclusos repartidos por numerosas prisiones de Inglaterra y Gales. Antes de ingresar en prisi¨®n, la gran mayor¨ªa estaba siendo tratada con metadona, un sustitutivo farmac¨¦utico utilizado en los tratamientos de desintoxicaci¨®n de hero¨ªna y otros opi¨¢ceos. Sin embargo, al ingresar en prisi¨®n o una vez que sus sentencias fueron firmes, el sistema de prisiones les someti¨® sin su consentimiento a un tratamiento dr¨¢stico de desintoxicaci¨®n. S¨®lo se les suministr¨® metadona por un periodo muy corto y se les retir¨® de forma repentina, por lo que todos ellos sufrieron el llamado "mono" provocado por la repentina falta de droga o de su sustitutivo farmacol¨®gico.

El Ministerio del Interior acept¨® ayer "a rega?adientes" pactar con los denunciantes "para ahorrar dinero a los contribuyentes". El responsable de Interior del Partido Conservador, David Davis, calific¨® de "desastroso" el precedente sentado por el ministerio. Aunque ayer no se hicieron p¨²blicos los t¨¦rminos del acuerdo, medios brit¨¢nicos apuntaron que cada uno de los afectados recibir¨¢ una indemnizaci¨®n de 15.000 euros, que se har¨¢ extensiva a los 198 reclamantes.

Los denunciantes reclamaban que el Gobierno no les proporcion¨® la asistencia sanitaria a la que ten¨ªan derecho. Su abogado, Richard Hemer, resalt¨® durante la primera vista del caso que los problemas se daban tanto en las prisiones p¨²blicas como en las de gesti¨®n privada. El meollo del asunto estaba, en su opini¨®n, en que fueron obligados a un tratamiento muy agresivo de su drogodependencia sin dar su consentimiento, por lo que sus derechos hab¨ªan sido "conculcados".

El Gobierno ha sido acusado tambi¨¦n de vulnerar los art¨ªculos 3 y 14 de la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos, que proh¨ªben la discriminaci¨®n, tortura, castigos o tratamiento inhumano o degradante, as¨ª como el art¨ªculo 8, que garantiza el derecho de las personas a la vida privada.

En 2004, el Gobierno de Escocia fue condenado a indemnizar a un recluso que en 2001 hab¨ªa denunciado al sistema de prisiones porque en su celda no hab¨ªa inodoro y ten¨ªa que hacer sus necesidades en un orinal frente a otros reclusos. El juez acept¨® que se vulneraron sus derechos al haber sido sometido a un tratamiento humillante, pero rebaj¨® a la mitad las 5.000 libras (unos 7.500 euros) que ped¨ªa como indemnizaci¨®n.

Aunque el Gobierno brit¨¢nico se ha comprometido a destinar en este ejercicio unos 42 millones de euros a tratamientos de desintoxicaci¨®n de los reclusos, la organizaci¨®n Drugscope afirma que el gasto real se reduce a unos 18 millones de euros al a?o y que ¨¦sa es la cifra prevista tambi¨¦n para el pr¨®ximo a?o fiscal.