El juez deniega el cierre del centro comercial de Roquetas por el "inconmensurable coste social"

El juez de lo Contencioso-administrativo de Almer¨ªa Jes¨²s Rivera desestim¨® ayer el cierre del centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar (Almer¨ªa). Este cierre fue solicitado por la Junta despu¨¦s de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) declarase nula la licencia de apertura que dio el Ayuntamiento roquetero. El juez argumenta que el cierre ser¨ªa desproporcionado y supondr¨ªa un "inconmensurable coste social". Adem¨¢s, rechaz¨® la petici¨®n de indemnizaci¨®n de un mill¨®n de euros reclamada por la Junta y los Comerciantes del Poniente (Copo).

El juez sostiene en un auto que es imposible ejecutar la sentencia que anula la licencia del Gran Plaza, que pronto cumplir¨¢ cuatro a?os abierto. "El principio de proporcionalidad no tolera que, transcurridos m¨¢s de cuatro a?os desde la sentencia de instancia hasta la de la dictada en grado de apelaci¨®n, se proceda, como consecuencia de la ratificaci¨®n de la nulidad de la licencia de apertura, a la clausura del centro comercial, con sacrificio in¨²til e innecesario de riqueza y con un inconmensurable coste social", dice el juez.

Rivera, que ha atendido las alegaciones municipales, subraya que la clausura del centro comercial acarrear¨ªa el cese de actividad de los 135 negocios y 4.000 empleos. Recuerda que cuando ¨¦l mismo anul¨® en primera instancia la licencia en el a?o 2002 ¨¦ste era a¨²n un proyecto inacabado. En cambio, cuando el TSJA la ha ratificado en octubre de este a?o la realidad es totalmente diferente ya que el centro comercial est¨¢ a "pleno rendimiento".

En la resoluci¨®n, el juez critica que la Junta diera posteriormente una licencia para un centro comercial en el municipio de V¨ªcar. "Si bien no puede, ciertamente, aseverarse que ese comportamiento de la Junta de Andaluc¨ªa sea injusto y arbitrario, s¨ª sirve para enfatizar la clamorosa transgresi¨®n del principio de proporcionalidad que la clausura del centro comercial Gran Plaza supondr¨ªa", dice.

"Sorprendente"

Fuentes de la Junta tildaron de "sorprendente" que el juez haya abordado en el auto "cuestiones de fondo que ya fueron resueltas por el TSJA" y en las que se dio la raz¨®n a la Administraci¨®n auton¨®mica. El juez, seg¨²n estas fuentes, revisa estas cuestiones y las vuelve contra la Junta. "Nada de eso podr¨ªa formar parte del auto", afirmaron estas fuentes.

Para tomar su decisi¨®n, el juez tambi¨¦n tiene en cuenta el n¨²mero de firmantes a favor del centro comercial, un criterio que seg¨²n la Junta deber¨ªa ser soslayado. "Parece que hay un peligroso mensaje de que puede obviarse el procedimiento de autorizaci¨®n de grandes superficies comerciales", a?aden estas fuentes.

La Administraci¨®n auton¨®mica tambi¨¦n destaca que en su resoluci¨®n el juez haya criticado a casi todas las partes menos al Ayuntamiento de Roquetas, gobernado por el popular Gabriel Amat, presidente del PP de Almer¨ªa, que fue el que dio la licencia ilegal.

En el auto judicial, el magistrado tambi¨¦n desestima la pretensi¨®n de indemnizaci¨®n de un mill¨®n de euros pedida por la Junta por "da?o moral". Afirma que esta indemnizaci¨®n es de "imposible justificaci¨®n desde la perspectiva y consideraci¨®n de la solicitud de una persona jur¨ªdica p¨²blica, como es el ente auton¨®mico".Fuentes de la Junta destacan que la ley establece que cuando no se puede ejecutar una sentencia, como es el caso, existe la alternativa de obligar al infractor a pagar una infracci¨®n. "Al no atender ninguna demanda de indemnizaci¨®n se ha permitido que se obvie el fallo judicial inicial sin corregir ninguno de los efectos negativos que el funcionamiento ilegal del centro haya producido", a?aden estas fuentes. Contra la decisi¨®n judicial cabe recurso en el plazo de 15 d¨ªas ante el TSJA.

El delegado del Gobierno de la Junta en Almer¨ªa, Juan Callej¨®n Baena, mostr¨® su "absoluto respeto" por la decisi¨®n judicial. "Tendremos que estudiar la resoluci¨®n en los pr¨®ximos d¨ªas y ver qu¨¦ posibilidades nos da", dijo. Por su parte, Juan Miguel Cano, abogado de Comerciantes del Poniente, anunci¨® su intenci¨®n de recurrir el auto.

Por su parte, Tom¨¢s Olivo, empresario que gestiona el centro comercial y que est¨¢ imputado en la Operaci¨®n Malaya, se mostr¨® satisfecho con el auto judicial y dijo que se "demuestra que ni hay ni ha habido d¨¦ficit comercial en la zona".

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, partidarios de que se mantuviera abierto el centro comercial, suspendieron las movilizaciones convocadas para ma?ana y para el pr¨®ximo 15 de diciembre en caso de que se hubiera decretado el cierre.