Manipulaciones

El truco por excelencia de un prestidigitador consiste, como bien sabido es, en sacar un conejo o una paloma de la chistera. Pues bien, si atendemos a la postura adoptada por el partido popular tras la aprobaci¨®n por el Congreso de los Diputados del nuevo Estatuto de Andaluc¨ªa, impresi¨®n da que es muy capaz de sacar de la chistera un elefante, al tiempo de demostrar una gran capacidad manipuladora.

No s¨®lo parece que el Estatuto es obra suya en exclusiva -siempre su alto sentido posesorio sale a relucir-, sino que gracias a ¨¦l el pueblo andaluz tendr¨¢ un mayor grado de autonom¨ªa. Parecen olvidar los populares que el texto aprobado, con su voto en contra en el Parlamento de Andaluc¨ªa, no ha experimentado un cambio espectacular en el Congreso, aunque s¨ª modificaciones que sin duda lo enriquecen. No era inconstitucional antes, como no lo es ahora, creciendo mi curiosidad a la espera de que puedan explicar por qu¨¦ era antes un Estatuto de segunda y ahora, as¨ª debe entenderse, lo es de primera categor¨ªa.

El m¨¦rito del nuevo Estatuto lo tiene en primer lugar la Junta de Andaluc¨ªa que remite un texto al Parlamento auton¨®mico. Se debe igualmente a los dos grupos que dentro de ¨¦l lo aprobaron y se debe, claro es, a todos los de la C¨¢mara Baja que dieron su conformidad, incluido el popular, que bienvenido fue al consenso de todo su arco, por lo que todos debemos felicitarnos, evit¨¢ndose as¨ª que, una vez m¨¢s, se quedara en la m¨¢s absoluta de las soledades, rompiendo con algo que comenzaba a ser ya una preocupante costumbre, salvo alguna que otra excepci¨®n, propio de quien siempre considera estar en posesi¨®n de la verdad.

Una vez que el texto sea aprobado por el Senado y, en su caso, nuevamente por el Congreso, faltar¨¢ ¨²nicamente para convertirse en ley en vigor el importante tr¨¢mite de su aprobaci¨®n por todos los andaluces y andaluzas mediante refer¨¦ndum el 25 de febrero pr¨®ximo. A partir de entonces el gran m¨¦rito corresponder¨¢ al pueblo andaluz y a todas las fuerzas pol¨ªticas y en ese sentido ha de dirigirse la campa?a previa a ese acontecimiento, salvo los andalucistas, si no cambian su postura. El protagonismo es del pueblo y s¨®lo de ¨¦l. Los parlamentarios por ¨¦l elegidos han cumplido, eso s¨ª, muy satisfactoriamente con su obligaci¨®n.

Al Partido Popular le falta generosidad a la hora de compartir lo que de todos debe ser y humildad para respetar el deseo de la mayor¨ªa cuando se est¨¢ en minor¨ªa. Se han aprobado ya varios Estatutos de diferentes Comunidades. Espa?a no se ha roto. Numerosos matrimonios se han celebrado entre personas de diferente sexo. La familia y sus valores, que siempre han de protegerse, no se ha roto.

Ni se est¨¢ rompiendo Espa?a por el proceso que no pretende sino poner fin a la violencia y acabar con el terrorismo. No atraviesa por el mejor momento, cierto, pero de no conseguirse el objetivo, que ocurra ello porque lo quiere ETA, pero nunca por culpa de las fuerzas democr¨¢ticas. Niega el Gobierno de Espa?a que se est¨¦ negociando con los terroristas, afirmando lo contrario la derecha que debe tener informaci¨®n de primera mano, falsa, de la banda, pues en otro caso no se explica esa postura que en flagrante contradicci¨®n est¨¢ con la que defienden las restantes fuerzas parlamentarias que al Gobierno apoyan, como debe ser en un pa¨ªs democr¨¢tico que pretende acabar con el terrorismo.

Afirma el Gobierno que se respetar¨¢n siempre las reglas propias del Estado de Derecho, contestando la derecha que no se respeta a los jueces. A ver si queda claro lo siguiente. A un juez no se le puede ni se le debe exigir que no cumpla la ley, pero teniendo en cuenta que es titular de un poder que no es suyo sino del Estado, en el momento que se vive s¨ª se le puede exigir flexibilidad en la interpretaci¨®n de las normas y no olvidar lo dispuesto en el art¨ªculo 3 del c¨®digo civil.

D¨ªgase si esta visi¨®n atenta contra la independencia judicial. Ataques a ella fueron los dirigidos al juez Del Olmo, instructor del sumario incoado por el gran atentado del 11-M, de lo que ya se han olvidado los conservadores al haber perdido con claridad esa batalla.

Tampoco se ataca tal independencia si se afirma que iniciar un procedimiento para investigar si el lendakari ha cometido un delito de desobediencia al Tribunal Supremo o admitir a tr¨¢mite por el mismo motivo la denuncia interpuesta por la derecha -?qu¨¦ cosas, se?or, qu¨¦ cosas!- contra Patxi L¨®pez, acordado ello por el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, parece un craso error, como as¨ª lo creo. Bien se pod¨ªa haber archivado de plano tales denuncias. El sentido com¨²n nos dice que al final todo quedar¨¢ en ese archivo de las actuaciones, pues uno tiene derecho a hablar con Otegui o su primo y eso, por s¨ª mismo, no encaja en el C¨®digo Penal. Acato, por respeto a la independencia de los jueces, la decisi¨®n, pero no la comparto.

Se desga?ita el Gobierno afirmando sin cesar que siempre se respetar¨¢, defender¨¢ y amparar¨¢ a las v¨ªctimas del terrorismo. In¨²til. La derecha se desga?ita diciendo nada menos que se insulta a las v¨ªctimas. Nadie de buena fe puede decir en Andaluc¨ªa que los numerosos defensores del orden p¨²blico andaluces o el matrimonio Becerril o Mart¨ªn Carpena o Luis Portero o las 900 victimas restantes que fueron asesinadas, sin contar las que resultaron mutiladas a lo largo y ancho del territorio nacional, est¨¢n siendo insultadas.

La derecha manipula lo que puede a la Asociaci¨®n de las v¨ªctimas, contando con el apoyo impagable de su presidente. El se?or Alcaraz cuenta con todo mi respeto y consideraci¨®n, no menor que el sentido por las dem¨¢s v¨ªctimas. Pero ha de tener en cuenta que no representa a todas ellas, pensando no pocas de muy diferente manera e, igualmente, no ha de ignorar por mucho respeto que su persona merezca, grande es, que no ha sido elegido para dirigir la pol¨ªtica nacional de este pa¨ªs, se manifieste o no con el Partido Popular, h¨¢galo o no con algunos obispos que no saben resolver los problemas de la Iglesia, que no son pocos.

Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato fue vocal del CGPJ y Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.