La Xunta obligar¨¢ a los ayuntamientos a aportar sus medios en caso de emergencia

Despu¨¦s de un verano en alerta roja, la Xunta se propone derribar todas las barreras burocr¨¢ticas que ralentizan la reacci¨®n ante las emergencias. El borrador de la nueva Ley de Emergencias de Galicia establece la obligaci¨®n de los ayuntamientos de poner todos sus medios a disposici¨®n de las autoridades encargadas de actuar ante un suceso. El texto, que ser¨¢ presentado hoy por el conselleiro de Presidencia a expertos en gesti¨®n de riesgos, pretende organizar el dispositivo de manera que el 85% de los gallegos tenga un cami¨®n de bomberos en la puerta de su casa en menos de media hora.

La provincia de Lugo, con 360.000 habitantes distribuidos por casi 10.000 kil¨®metros cuadrados de superficie, s¨®lo cuenta con dos parques de bomberos, uno en la capital y otro en Monforte. ?nicamente los residentes en los t¨¦rminos municipales de estos dos equipos contraincendios pueden presumir de que, en caso de necesitarlo, ser¨¢n atendidos en menos de 20 minutos. El resto de los ayuntamientos est¨¢n condenados a lidiar con las trabas administrativas que actualmente dificultan la asistencia en caso de que emergencia.

La Conseller¨ªa de Presidencia prepara una nueva Ley de Emergencias para coordinar e integrar en un sistema ¨²nico la actuaci¨°n de los ayuntamientos, las diputaciones y la Xunta a la hora de afrontar incendios, inundaciones y emergencias cotidianas. Seg¨²n el borrador de la norma, la gesti¨®n de estos sucesos y de los medios y servicios para afrontarlos estar¨¢ en manos de la Agencia Galega de Emerxencias, un organismo de nueva creaci¨®n que se encargar¨¢ del funcionamiento del tel¨¦fono 112 y de los helic¨®pteros.

La Agencia Galega de Emergencias ser¨¢ la encargada de requerir a los ayuntamientos, diputaciones, consorcios comarcales o incluso entidades privadas los medios que se precisen en un momento dado para resolver una crisis. El nuevo organismo coordinar¨¢ a todos los servicios que intervegan en una cat¨¢strofe y coordinar¨¢ las actuaciones de la Xunta con las del resto de administraciones.

Si el texto impulsado por el conselleiro Jos¨¦ Luis M¨¦ndez Romeu sale adelante, los ayuntamientos y diputaciones estar¨¢n obligados por ley a poner a disposici¨®n de la Xunta sus medios contraincendios y de protecci¨®n civil cuando ¨¦sta lo requiera.

El borrador de la ley que prepara la Conseller¨ªa de Presidencia establece que las diputaciones provinciales se encargar¨¢n de vigilar que a ning¨²n municipio se le nieguen los medios que precise en caso de sufrir un problema.

Sustituci¨®n de alcaldes

La norma dota de competencias a los organismos provinciales para "garantizar la prestaci¨®n del servicio de protecci¨®n civil y gesti¨®n de emergencias, incluidos los servicios contraincendios y de salvamento, en aquellos municipios que no cuenten con servicios propios, por no estar obligados o haber sido dispensados de los mismos".

Y si la funci¨®n de vigilancia de las diputaciones no es suficiente, el borrador de la ley recoge otra salida. Presidencia pretende dotar a la Xunta de potestad para hacer uso de los medios de emergencias y protecci¨®n civil de un ayuntamiento en caso de que ¨¦ste se resista a cederlos. Cuando un municipio se niegue "de manera reiterada" a aportar sus recursos, la Administraci¨®n auton¨®mica podr¨¢ "sustituir" a las entidades locales en su gesti¨®n.

El proceso para ejercer la "potestad de sustituci¨®n" prev¨¦ un plazo de un mes para que el ayuntamiento se defiendan, un periodo que no se respetar¨¢ "cuando la actuaci¨®n requerida sea urgente y su no realizaci¨®n pueda poner en peligro a personas, bienes o al medio ambiente, o suponer un agravamiento de la situaci¨®n de riesgo".

El borrador de la nueva Ley de Emergencias de Galicia obliga a los ayuntamientos y a la Xunta a proporcionar informaci¨®n a los ciudadanos sobre los riesgos que puedan afectarles, sus posibles consecuencias y los medios de los que dispone la Administraci¨®n para hacerles frente. "Los ciudadanos tienen derecho a una actuaci¨®n preventiva de los poderes p¨²blicos, una respuesta eficaz ante los riesgos y una adecuada protecci¨®n de su integridad, de los bienes y del entorno", recoge la propuesta de la Conseller¨ªa de Presidencia.

La Xunta se propone adem¨¢s sancionar con multas de entre 150.000 y 600.000 euros a quienes comuniquen avisos falsos al 112 que den lugar a la movilizaci¨®n de medios t¨¦cnicos y humanos o que obstaculicen el funcionamiento de esta l¨ªnea de tel¨¦fono. Quienes no alerten a las autoridades de "cualquier circunstancia o incidencia que pueda generar situaciones de emergencia" podr¨¢n ser sancionados con el pago de una cantidad que oscilar¨¢ entre los 6.000 y los 150.000 euros.

La Conseller¨ªa ha encargado a la empresa Tragsatec la elaboraci¨®n de un mapa de riesgos de la comunidad gallega que le sirva para mejorar el funcionamiento de los dispositivos de emergencia. El informe pretende localizar las ¨¢reas geogr¨¢ficas en las que existe mayor "riesgo potencial de emergencia". Fuentes de la empresa calculan que el estudio, en el que llevan trabajando un a?o, estar¨¢ listo en 2007.