Las compa?¨ªas de m¨®viles llevar¨¢n a los tribunales las nuevas tasas locales

Las compa?¨ªas de m¨®viles se han levantado en armas contra el ansia recaudatoria de los ayuntamientos. Las entidades locales comienzan a cobrarles una tasa de aprovechamiento del dominio p¨²blico que pagan, por ejemplo, las el¨¦ctricas. Algunos municipios, en gran parte catalanes, ya han aprobado ordenanzas en este sentido. La tasa supone el 1,5% de los ingresos brutos, por lo que representar¨ªa un desembolso anual de 270 millones para las operadoras. ?stas se han puesto de acuerdo para rechazar la liquidaci¨®n del impuesto y recurrir en los juzgados las ordenanzas.

Ni un euro m¨¢s de impuestos. ?ste es el claro mensaje que le han lanzado al Ministerio de Industria y a los ayuntamientos las tres compa?¨ªas de m¨®viles que operan en Espa?a. El detonante de esta rebeli¨®n es que los ayuntamientos han comenzado a aprobar ordenanzas para cobrarles la tasa de "utilizaci¨®n privativa o aprovechamiento especial del dominio p¨²blico local", un gravamen que pagan las empresas de telefon¨ªa fija o las el¨¦ctricas, pero del que quedaron excluidas expresamente las operadoras de m¨®viles en la ¨²ltima reforma de la Ley de Haciendas Locales en 2003.

Esa tasa de ocupaci¨®n del dominio p¨²blico (vuelo, suelo o subsuelo) se cuantifica por un r¨¦gimen especial y supone el 1,5% de los ingresos brutos que se obtienen en cada t¨¦rmino municipal, por lo que, si se generaliza su imposici¨®n, las compa?¨ªas de m¨®viles deber¨ªan afrontar un nuevo desembolso de 270 millones de euros.

Reforma de la ley

Precisamente las discusiones y los pleitos judiciales entre compa?¨ªas de m¨®viles y ayuntamientos motivaron que en la reforma de la Ley de Haciendas Locales se excluyera expresamente de tribu-taci¨®n de la tasa a las empresas de m¨®vil, puesto que sus instalaciones (antenas y estaciones base) no ocupan dominio p¨²blico, sino privado (azoteas de los edificios, generalmente). A cambio, los ayuntamientos sacaron una buena tajada: a las compa?¨ªas se les subi¨® en 2003 el impuesto sobre actividades econ¨®micas (IAE) un 840%.

Pero, seg¨²n las operadoras, algunos municipios han roto ahora el pacto. Denuncian que cada vez m¨¢s ayuntamientos (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, Matar¨® Tineo, Burgos, Castell¨®n, M¨¢laga, C¨®rdoba, Burgos...) est¨¢n aprobando ordenanzas espec¨ªficas con el fin de cobrarles la tasa del 1,5% de la que quedaron expresamente excluidas en la ¨²ltima reforma, "lo que supone abiertamente un fraude de ley", informan en fuentes de las operadoras. "Los ayuntamientos alegan, por ejemplo, que usamos las redes de las compa?¨ªas de telefon¨ªa fija, que ya pagan esa tasa. Es como si al inquilino de un piso le cobraran tambi¨¦n la contribuci¨®n urbana", se?alan fuentes de las compa?¨ªas.

Movistar, Vodafone y Orange (antigua Amena) no se van a quedar de brazos cruzados y han llegado a un consenso para actuar conjuntamente: rechazar¨¢n la liquidaci¨®n de la tasa en los municipios que se les intente aplicar y recurrir¨¢n judicialmente las ordenanzas municipales.

Las tres operadoras negocian con el Ministerio de Industria el asunto. En varias reuniones, le han expuesto el problema alegando que la presi¨®n fiscal que soportan es ya asfixiante, ya que s¨®lo la carga tributaria espec¨ªfica ha pasado de 65,2 a 332,1 millones de euros.

Y es que las operadoras pagan hasta siete tasas e impuestos diferentes. Hay cuatro espec¨ªficos que recaudan el Gobierno central o la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones: la tasa general de operadores, la tasa por numeraci¨®n telef¨®nica, la tasa de telecomunicaciones y la tasa por reserva del dominio p¨²blico radioel¨¦ctrico. A ellas hay que a?adir la citada tasa de utilizaci¨®n del dominio p¨²blico local, el IAE y el impuesto de sociedades. En algunas comunidades como Extremadura, tambi¨¦n deben hacer frente a un impuesto medioambiental.

El origen del conflicto actual est¨¢ en el art¨ªculo 24 de la Ley de Haciendas Locales, que regula una tasa para los sujetos que ocupan el dominio p¨²blico local. Esta tasa tiene dos reg¨ªmenes de cuantificaci¨®n: el general (aplicable a todo aquel que ocupe el dominio p¨²blico) y cuya cuanti-ficaci¨®n es potestativa de cada Ayuntamiento mediante la ordenanza municipal correspondiente; y el especial del 1,5% sobre los ingresos brutos, aplicable a empresas explotadoras de suministros o que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario.

Para resolver el conflicto que manten¨ªan con los ayuntamientos, las operadoras forzaron en la ¨²ltima reforma de la ley la inclusi¨®n de un p¨¢rrafo que les eximiera del pago de la tasa: "Se extiende la actual tasa del 1,5% a las entidades que emplean redes ajenas para efectuar sus suministros aclarando, expresamente, que no se incluyen en este r¨¦gimen los servicios de telefon¨ªa m¨®vil". Pero los ayuntamientos han comenzado a liquidar de nuevo esa tasa, bien aplicando el r¨¦gimen general, bien con ordenanzas para acogerse al r¨¦gimen especial.