Los tribunales ya han ilegalizado en Marbella m¨¢s de 2.800 viviendas

El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha dictado al menos 33 sentencias en las que anula licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella y que afectan a m¨¢s de 2.800 viviendas. Diecisiete resoluciones ya son firmes y declaran ilegales 785 viviendas. La Junta de Andaluc¨ªa, que impugn¨® las licencias, ha pedido al tribunal que ordene la demolici¨®n de 334 construidas en suelos que estaban reservados para equipamientos p¨²blicos.

De las 33 sentencias, 29 se refieren a promociones de viviendas, con 2.783 en total, aunque el n¨²mero es superior porque en dos casos no est¨¢n cuantificadas (un edificio de nueve planta m¨¢s ¨¢tico en el centro y una promoci¨®n en Ca?ada de Guadalp¨ªn). Las otras cuatro anulan los permisos para edificios comerciales y de oficinas.

Las sentencias se han emitido en los ¨²ltimos tres a?os (la primera data de enero de 2003), pero la inmensa mayor¨ªa de las licencias a las que afectan las concedi¨® el Ayuntamiento entre los a?os 1997 y 2000, cuando a¨²n era alcalde Jes¨²s Gil. ?ste nunca particip¨® en las comisiones de gobierno que las aprobaron, que presid¨ªa por delegaci¨®n el entonces primer teniente de alcalde, Juli¨¢n Mu?oz.

Todas estas resoluciones no son sino una m¨ªnima parte de los contenciosos existentes contra el Ayuntamiento de Marbella por la concesi¨®n de permisos de obras contrarios al Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) vigente. S¨®lo la administraci¨®n auton¨®mica ha impugnado 389 licencias de obras desde el a?o 1995, cantidad a la que hay que sumar los recursos presentados por asociaciones y particulares.

El largo periodo de tiempo transcurrido desde la presentaci¨®n de los recursos hasta que se dictan las sentencias ha motivado que la inmensa mayor¨ªa de las viviendas est¨¦n construidas y habitadas. Cada vez que la Junta de Andaluc¨ªa ha impugnado una licencia de construcci¨®n en Marbella, solicit¨® al tribunal que decretara la paralizaci¨®n cautelar de las obras, pero hasta el a?o 2003 las deneg¨® de forma sistem¨¢tica.

Seg¨²n el equipo que redacta el nuevo PGOU, durante los 15 a?os de gesti¨®n del Grupo Independiente Liberal (GIL) se han construido en la ciudad unas 30.000 viviendas ilegales. La Junta va a pedir la demolici¨®n de todas aqu¨¦llas que se hayan alzado sobre suelos que el planeamiento destinaba a sistema general de equipamientos y zonas verdes, unas 5.000 aproximadamente, pues considera muy grave la p¨¦rdida de dotaciones que ha sufrido la ciudad en estos a?os. De momento, ya ha pedido la ejecuci¨®n por demolici¨®n de siete sentencias firmes que afectan a 334 casas y que se haga constar en el registro otras dos en las que no se han llegado a realizar las construcciones (un edificio de almacenes y una promoci¨®n de 13 viviendas).

Las otras ocho sentencias firmes est¨¢n en estudio por los servicios jur¨ªdicos de la Administraci¨®n auton¨®mica, que presumiblemente pedir¨¢ la demolici¨®n de 216 viviendas de cuatro promociones construidas en parcelas donde estaban previstos equipamientos.

La mayor¨ªa de las casas construidas contra el PGOU, unas 25.000, incurren en infracciones que la Administraci¨®n auton¨®mica considera menos graves -exceso de edificabilidad, incumplimiento de tipolog¨ªa de construcci¨®n prevista o no contar con planes de desarrollo urban¨ªstico- y podr¨ªan quedar legalizadas mediante un sistema de compensaciones, que se determinar¨¢ en el nuevo planeamiento.

Imputados

De las sentencias anuladas hasta ahora por el TSJA s¨®lo hay dos de promotores imputados en la Operaci¨®n Malaya por el pago de comisiones ilegales. Se trata de Turismo y Recreo Andaluz (Turasa), una de las promotoras del grupo que preside Jos¨¦ ?vila Rojas, en libertad bajo fianza de 500.000 euros. Una de ellas ya es firme y afecta a los 238 pisos del conjunto Banana Beach, que la Junta quiere demoler. La otra, es una promoci¨®n de 353 viviendas construidas en suelo industrial en el pol¨ªgono de La Ermita.

La Junta de Andaluc¨ªa tiene impugnadas 24 licencias de obras concedidas a distintas constructoras del grupo ?vila Rojas, casi la mitad del medio centenar de recursos contra promociones urban¨ªsticas de imputados en la Operaci¨®n Malaya.

La constructora vasca Obrainsa acumula tres sentencias, ninguna de ellas firme, que anulan los permisos de otras tantas promociones que suman 152 casas. El grupo que preside Francisco Arteche tiene m¨¢s licencias impugnadas pendientes de resoluci¨®n.

La otra constructora con m¨¢s de una obra declarada ilegal (2) es Promotorauno, de la familia Garc¨ªa Obreg¨®n. Se trata de un edificio de nueve plantas m¨¢s ¨¢tico en la calle Ricardo Soriano sin plan de desarrollo urban¨ªstico (sentencia firme) y un complejo con 465 viviendas construido en suelo de equipamiento deportivo.