Bruselas rebaja el reglamento que controla el impacto de la industria qu¨ªmica en la salud

Europa, primer fabricante y consumidor mundial de productos qu¨ªmicos, est¨¢ a punto de dotarse de un sistema de registro y control de unas 30.000 sustancias que, sin embargo, es menos estricto del previsto hace un a?o por el Parlamento Europeo. En el pacto alcanzado ahora por los principales partidos europeos y avalado por la Comisi¨®n, desaparece la obligaci¨®n de sustituir productos de toxicidad probada por otros alternativos si se les somete a controles adecuados de seguridad, y la de renovar cada cinco a?os el derecho de uso de tales productos.

Este acuerdo ser¨¢ discutido y votado dentro de dos semanas en el Parlamento Europeo para ser elevado luego a la aprobaci¨®n del Consejo (los Gobiernos de la Uni¨®n) con vistas a su entrada en vigor el a?o que viene. Para los ecologistas, el venidero ordenamiento es fruto de la rendici¨®n de los grandes partidos a la industria qu¨ªmica continental, que mueve unos 440.000 millones de euros y emplea a 1,3 millones de personas.

Reach (siglas en ingl¨¦s de Registro, Evaluaci¨®n y Autorizaci¨®n de Sustancias Qu¨ªmicas) es el proyecto de Bruselas para poner orden en el ca¨®tico r¨¦gimen actual, que permite la salida al mercado de sustancias t¨®xicas y de otras sospechosas de inducir alergias, c¨¢nceres e infertilidad, entre otras enfermedades. Pinturas, fibras textiles, ordenadores o pl¨¢sticos se fabrican con compuestos cuya seguridad deber¨¢ ahora probarse.

Tres a?os de intensos debate y choques de intereses llegan a su final con el acuerdo alcanzado por conservadores, socialistas y liberales, que unidos dominan la Euroc¨¢mara, para someter a registro a unas 30.000 sustancias producidas o importadas por la UE en cantidades que superan la tonelada anual. Todas deber¨¢n estar registradas entre 2007 y 2018 en una agencia de control en Helsinki que exigir¨¢ m¨¢s celeridad para los productos m¨¢s peligrosos (cancer¨ªgenos o que afecten a la capacidad reproductora) o fabricados en cantidades superiores a las 1.000 toneladas.

Los distintos compuestos requerir¨¢n datos y pruebas m¨¢s exhaustivas conforme mayor sea su peligrosidad y para la mitad de los 30.000 que no causan preocupaci¨®n no har¨¢ falta ni someterlos a an¨¢lisis de toxicidad. El conflicto se plantea con las alrededor de 2.000 sustancias que suscitan inquietud, como las que se acumulan en el organismo, son cancer¨ªgenas o afectan al sistema endocrino. En la votaci¨®n en primera lectura de hace un a?o el Parlamento impuso por corta mayor¨ªa la obligaci¨®n de que los fabricantes las sustituyeran por otras m¨¢s seguras, si existen, al tiempo que se limitaban las concesiones de comercializaci¨®n a cinco a?os, que pod¨ªan ser renovables.

Las presiones de la industria, con Alemania a la cabeza, sobre los Gobiernos y de ambos sobre los parlamentarios han diluido las exigencias. Las sustancias peligrosas seguir¨¢n siendo autorizadas, aunque existan alternativas menos nocivas, si sus riesgos son debidamente controlados y si sus beneficios socioecon¨®micos superan las amenazas para la salud y el medio ambiente.

"El n¨²mero de sustancias peligrosas va a ir reduci¨¦ndose paulatinamente porque se pone en marcha un proceso que lleva a su sustituci¨®n a largo plazo", declar¨® ayer el socialista italiano Guido Sacconi, ponente de Reach. "Hemos trabajado para las futuras generaciones", agreg¨® antes de pedir realismo a la izquierda y a los ecologistas: "Era imposible conseguir un acuerdo mejor".

Posibilismo

En esa idea de posibilismo abund¨® tambi¨¦n la conservadora holandesa Ria Oomern-Ruijten, que habl¨® de la necesidad de defender "la industria qu¨ªmica en la UE, con sus 440.000 millones de euros de volumen de negocio y sus 1,3 millones de puestos de trabajo en 27.000 empresas". Les secund¨® la Comisi¨®n Europea. Una portavoz consider¨® que "se mejora sustancialmente el r¨¦gimen vigente y se protege la competitividad de la industria europea".

Las compa?¨ªas deber¨¢n probar a la agencia de Helsinki que los productos son seguros, frente al sistema actual que obliga a los Gobiernos a probar la peligrosidad, en la pr¨¢ctica, un coladero. Con los datos de la compa?¨ªa, la agencia podr¨¢ negar la inscripci¨®n de un producto si considera que hay mejores alternativa. Esas m¨ªnimas restricciones no convencieron ni a la izquierda parlamentaria - "el Grupo Socialista se ha rendido a las grandes empresas y a los conservadores", declar¨® un eurodiputado verde- ni a organizaciones ecologistas y asociaciones de consumidores.

"El acuerdo va a permitir que sigan en el mercado muchos productos qu¨ªmicos muy preocupantes, incluidos muchos que producen c¨¢nceres, problemas en los fetos y otras graves enfermedades", indicaba un comunicado suscrito por entidades como Greenpeace, seg¨²n las cuales, "es una oportunidad perdida por Europa". Los consumidores consideran que los negociadores parlamentarios "han cedido demasiado".