Una impunidad vitalicia

La muerte de cualquier hombre me disminuye,

Porque soy una parte de la humanidad.

Por eso no preguntes nunca

Por qui¨¦n doblan las campanas,

Est¨¢n doblando por ti.

John Donne

"No le deseo la muerte a nadie. Pienso en Pinochet y me digo que la desaparici¨®n f¨ªsica del ex dictador consagra la sospecha de que sus cr¨ªmenes quedar¨ªan impunes. Ninguna sentencia condenatoria se ha dictado contra ¨¦l", dijo V¨ªctor Pey, de 91 a?os, en una conversaci¨®n telef¨®nica con este peri¨®dico desde su apartamento en Santiago. Pey, antiguo miembro de la direcci¨®n de armamentos de la Generalitat de Catalu?a, se exili¨® en Chile en agosto de 1939, donde lleg¨®, con unos 2.300 espa?oles, en el carguero franc¨¦s Winnipeg.

El desinter¨¦s del Gobierno de Aznar facilit¨® la puesta en libertad de Pinochet

En 1998, casi 60 a?os m¨¢s tarde, este hombre, que fue amigo ¨ªntimo del presidente constitucional Salvador Allende, alert¨® al abogado espa?ol Joan Garc¨¦s sobre el viaje de Pinochet a Europa para que se pusiera en marcha la maquinaria del arresto del ex dictador en Londres. Aunque ¨¦l se resisti¨® a escucharlas, las campanas de aquel famoso verso del poeta y cl¨¦rigo ingl¨¦s John Donne doblaron definitivamente por Augusto Pinochet el 16 de octubre de 1998.

Sobre las tres de la tarde de ese d¨ªa el juez Baltasar Garz¨®n firm¨® la orden de arresto internacional y la curs¨® a Londres. Nueve horas m¨¢s tarde, hora espa?ola, el ex dictador era detenido por dos miembros de la Polic¨ªa metropolitana en la London Clinic, donde se recuperaba de una operaci¨®n de espalda.

Pinochet permaneci¨® bajo arresto domiciliario durante 17 meses en una casona del condado de Surrey mientras se sustanciaba la petici¨®n de extradici¨®n solicitada por el juez Garz¨®n. Los cr¨ªmenes de Pinochet, cometidos durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y durante sus a?os de dictador supremo y presidente, dieron en esos 503 d¨ªas la vuelta al mundo. "En el selecto mundo del derecho internacional la gente se pregunta: ?d¨®nde estabas cuando Pinochet fue arrestado? El 16 de octubre de 1998 es lo m¨¢s parecido que puedes encontrar al asesinato de John F. Kennedy o John Lennon. Esa fecha marca el comienzo de un proceso que transform¨® el orden legal internacional y que catapult¨® el arcano mundo del derecho internacional a las portadas de los peri¨®dicos y de la televisi¨®n en todo el mundo", dijo a EL PA?S Philippe Sands, uno de los abogados que particip¨® en la acusaci¨®n contra el ex dictador en la C¨¢mara de los Lores.

Los cr¨ªmenes de Pinochet no fueron enjuiciados formalmente en Londres. Pero el procedimiento de extradici¨®n para ver si el ex dictador pod¨ªa ser juzgado en Espa?a por dichos cr¨ªmenes se convirti¨®, excepcionalmente, en un juicio de facto sobre las atrocidades cometidas en Chile durante los a?os setenta y ochenta del siglo pasado. En una peque?a sala g¨®tica de la C¨¢mara de los Lores cinco jueces lores -equivalentes a magistrados del Tribunal Supremo- escucharon durante meses argumentos jur¨ªdicos sobre el derecho invocado por la defensa de Pinochet a una inmunidad frente a los delitos por los cuales el juez Garz¨®n solicitaba la extradici¨®n. Los abogados brit¨¢nicos del ex dictador aseguraron que la ley brit¨¢nica de Inmunidad de Estado de 1978 se aplicaba tanto a jefes de Estado en ejercicio como a ex gobernantes, como era el caso de Pinochet. Con todo, la ley brit¨¢nica no era, ni mucho menos, tajante respecto a los ex jefes de Estado. En ese caso, la ley brit¨¢nica deb¨ªa aplicarse en correspondencia con el derecho internacional. Problema: si la ley internacional hubiese tenido jurisprudencia clara el debate se hubiese limitado a su aplicaci¨®n. Pero tampoco era el caso. Por tanto, la sentencia de extradici¨®n del caso Pinochet exig¨ªa un debate ya que podr¨ªa marcar un antes y un despu¨¦s en la interpretaci¨®n de los delitos internacionales y la inmunidad que invocaban quienes eran acusados de haberlos cometido. En la peque?a sala, durante largos meses, cada uno de los delitos descritos en la solicitud de extradici¨®n y el auto de procesamiento, firmados ambos por el juez Garz¨®n, fueron objeto de un an¨¢lisis minucioso, para determinar si encajaban o no en la ley brit¨¢nica y en el derecho internacional. Ello requer¨ªa un relato pormenorizado de los hechos.

La desaparici¨®n de miles de personas, el establecimiento de campos de concentraci¨®n, la ejecuci¨®n de opositores y la tortura sistem¨¢tica en el Chile de Pinochet se situaron en el centro del debate. El 25 de noviembre de 1998, en la sala principal de la C¨¢mara de los Lores, se dio a conocer el veredicto que tanto la CNN como la cadena BBC de radio retransmitieron en directo. Uno a uno los cinco jueces comenzaron a pronunciarse. Dos estaban a favor de reconocer la inmunidad de Pinochet y, por tanto, dejarle en libertad para que regresara a Chile, y otros dos se expresaron en contra. Entre estos dos ¨²ltimos, uno de ellos, Lord Steyn, advirti¨® que cuando Hitler orden¨® la soluci¨®n final para los jud¨ªos podr¨ªa invocar su condici¨®n de jefe de Estado para obtener su inmunidad, pero, advirti¨®, la soluci¨®n final no formaba parte de las funciones de un jefe de Estado, y por tanto no podr¨ªa gozar de inmunidad. El hecho es que hab¨ªa un empate y faltaba el voto del ¨²ltimo juez, Lord Hoffman, quien, al hacer uso de su turno, inclin¨® el resultado contra Pinochet. Un grito sofocado cruz¨® la sala de un extremo a otro. El p¨²blico, integrado en su mayor¨ªa por v¨ªctimas y familiares de desaparecidos, ejecutados y torturados, estall¨® en j¨²bilo.

"Los intereses de las v¨ªctimas fueron puestos por encima de los intereses de los pol¨ªticos y sus Estados", explic¨® Sands. Aunque el juicio del 25 de noviembre de 1998 debi¨® repetirse por la relaci¨®n de uno de los jueces lores, Lord Hoffmann, manten¨ªa con la organizaci¨®n de derechos humanos Amnist¨ªa Internacional, otro tribunal resolvi¨®, el 24 de marzo de 1999, que Pinochet pod¨ªa ser extraditado a Espa?a por los delitos de tortura cometidos en Chile despu¨¦s de octubre de 1988, fecha en la que entr¨® en vigencia, en Espa?a, Reino Unido y Chile, la Convenci¨®n Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas. Sin embargo, el ministro del Interior del Reino Unido, Jack Straw, tras soportar una presi¨®n del Gobierno de Chile y un desinter¨¦s manifiesto del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar por la extradici¨®n, resolvi¨® el 2 de marzo de 2000 dejar en libertad a Pinochet por considerar que no estaba en condiciones f¨ªsicas y mentales para someterse a un juicio.

"S¨¦ muy bien que la consecuencia pr¨¢ctica de rechazar la extradici¨®n al senador Pinochet a Espa?a es que probablemente no sea juzgado en ninguna parte. Soy muy consciente del da?o que habr¨¢n de sentir aquellos que sufrieron por la violaci¨®n de los derechos humanos en Chile en el pasado, as¨ª como sus familiares. Todos estos aspectos son de gran preocupaci¨®n y los tengo muy en cuenta cuando he considerado el estado de salud del senador Pinochet... En ¨²ltima instancia, empero, he llegado a la conclusi¨®n de que un juicio sobre los cargos contra el senador Pinochet, aunque deseable, no es ya posible", explic¨® Straw en la C¨¢mara de los Comunes.

Al llegar a Santiago, la salud de Pinochet, cu¨¢l L¨¢zaro, resucit¨®. El ex dictador se levant¨® de su silla de ruedas y salud¨® a las autoridades militares. Hab¨ªa salvado su pellejo. Straw no se ha equivocado en lo esencial. La consecuencia de liberar a Pinochet en marzo de 2000 ha llevado a que el ex dictador no fuese juzgado en ninguna parte.

Si bien su regreso a Chile reflot¨® decenas de investigaciones judiciales sobre los cr¨ªmenes y su inmunidad como senador primero y ex presidente despu¨¦s fue anulada en varias oportunidades, lo que condujo a su procesamiento y arresto domiciliario, en el cual se encontraba hasta el momento de su muerte, ninguna sentencia condenatoria ha sido dictada contra ¨¦l. La ley de Amnist¨ªa de 1978, que Pinochet dise?¨® como su escudo, era, por otra parte, el reaseguro incluso en el caso de que las investigaciones hubieran llevado a su condena. Todo estaba atado y bien atado. Solo hab¨ªa una excepci¨®n.

La ley de Amnist¨ªa proteg¨ªa a Pinochet por sus cr¨ªmenes de lesa humanidad y le hubiese salvado en el caso de una sentencia condenatoria de los jueces. Pero, en cambio, hab¨ªa una salida a la Capone para el caso Pinochet, esto es, una sentencia condenatoria por los 16 millones de d¨®lares que Pinochet y sus familiares robaron y ocultaron en cuentas del banco norteamericano Riggs y sociedades fantasma localizadas en para¨ªsos fiscales. La ley de Amnist¨ªa no cubr¨ªa el robo y la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Y, por tanto, una sentencia hubiese tenido un efecto real.

La justicia chilena actu¨® durante estos a?os con el objetivo pragm¨¢tico de salvar la cara. Los pol¨ªticos de la Concertaci¨®n (socialistas y democristianos) no hicieron el esfuerzo, como fue el caso de Argentina, de anular una ley de protecci¨®n de los cr¨ªmenes de lesa humanidad. Antes de que su muerte extinguiera sus responsabilidades penales, Augusto Pinochet ya hab¨ªa conseguido en vida garantizar su objetivo: la impunidad vitalicia.

Con todo, la imagen de Pinochet sufri¨® a partir de la acci¨®n del juez Garz¨®n un proceso de demolici¨®n inesperado. Sus interminables procesamientos en Santiago redujeron a cero la presunci¨®n de inocencia que ¨¦l pod¨ªa invocar frente a los cr¨ªmenes que organiz¨®, directamente o indirectamente. Y es esa acci¨®n de Garz¨®n, del fiscal Carlos Castresana y del abogado Joan Garc¨¦s la que, incluso, est¨¢ permitiendo resarcir a sus v¨ªctimas con los ocho millones de d¨®lares que Pinochet rob¨® y mantuvo ocultos en para¨ªsos fiscales.