'"Blair, Frei y Aznar permitieron que Pinochet no fuera juzgado"

El fiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana (Madrid, 1957) puso la primera piedra de la persecuci¨®n judicial de Pinochet, al presentar en julio de 1996 una denuncia contra el dictador chileno ampar¨¢ndose en la jurisdicci¨®n universal establecida en los principios de N¨²remberg. Aquella denuncia inici¨® el caso Pinochet, el que estall¨® con la detenci¨®n del general golpista en Londres y el que le amarg¨® los ¨²ltimos a?os.

El fiscal espa?ol, que hoy dirige en Monterrey la oficina de coordinaci¨®n de proyectos de Naciones Unidas en M¨¦xico, pronuncia sin dudar tres nombres como los m¨¢ximos responsables de que Pinochet no se sentara en el banquillo de los acusados: "Tengo muy claro que son Tony Blair, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y Eduardo Frei. Ellos sab¨ªan perfectamente que si volv¨ªa a Chile no iba a ser juzgado. De hecho, el ministro Jack Straw lo reconoci¨® p¨²blicamente".

Quienes desde Espa?a persiguieron a Pinochet hicieron "exorcismo de Franco", dice el fiscal

"No ha habido un compromiso suficiente del poder judicial chileno en el caso"

Castresana acusa a quienes gobernaban en el Reino Unido, Espa?a y Chile de acordar el env¨ªo del dictador a su pa¨ªs desde Londres "con un falso argumento de mala salud, que enseguida se desvaneci¨® y que consagr¨® la impunidad". En opini¨®n del fiscal, hab¨ªa una salida factible, jur¨ªdica y pol¨ªticamente digna, que hubiera obligado a juzgar a Pinochet: "Que Chile pidiera la extradici¨®n a las autoridades brit¨¢nicas".

No imaginaba Castresana el alcance de su decisi¨®n cuando al poco tiempo de llegar a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en 1996 decidi¨® presentar una demanda firmada por la Uni¨®n Progresista de Fiscales contra la Junta militar argentina, en marzo, y contra Pinochet, cuatro meses despu¨¦s. Ante los medios de comunicaci¨®n, la lista de las v¨ªctimas que acompa?aba la denuncia estaba encabezada por una docena de v¨ªctimas espa?olas de la dictadura chilena, pero en realidad la iniciativa apelaba a la jurisdicci¨®n universal. En un principio tom¨® el caso el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, que en 1998 y cedi¨® el testigo a Baltasar Garz¨®n. Enterado de la presencia de Pinochet en Londres, Garz¨®n dict¨® la orden de captura. "Fue una orden de detenci¨®n cogida por los pelos", recuerda Castresana, "porque se apoyaba en un ¨²nico caso de un chileno secuestrado en Argentina en el marco de la Operaci¨®n C¨®ndor".

Desde aquella denuncia de 1996, Castresana ha actuando "entre bastidores" prestando su colaboraci¨®n para resolver distintos problemas jur¨ªdicos, como la extradici¨®n, la inmunidad, etc. "Hice dict¨¢menes, que en ocasiones fueron p¨²blicos y oficiales y presentados al fiscal general, y en otras, a trav¨¦s de la acusaci¨®n privada". Quienes desde Espa?a desencadenaron la persecuci¨®n contra Pinochet hicieron de alguna manera "exorcismo de Franco", reconoce el fiscal.

Desaparecido Pinochet, las causas por violaciones de derechos humanos que involucran a altos mandos militares y policiales del r¨¦gimen deber¨ªan poder continuar con m¨¢s facilidad, "porque la presi¨®n ser¨¢ menor", estima el fiscal. "Es posible que los jueces demuestren ahora m¨¢s voluntad, que es lo que ha fallado. No ha habido el suficiente compromiso del poder judicial chileno". Mi pron¨®stico, prosigue, "es que el pinochetismo se habr¨¢ disuelto antes de un a?o, porque los propios pinochetistas son los primeros interesados en deshacerse de esta figura que hoy es una pesada carga para la derecha".

Los procesos que avanzar¨¢n con mayor celeridad, vaticina Castresana, ser¨¢n los vinculados a delitos econ¨®micos, como el caso Riggs. "Est¨¢ involucrada toda la familia de Pinochet, que en su dolor se ver¨¢ consolada por los millones de d¨®lares de las cuentas secretas".