Movimientos por una vivienda digna

El a?o 2006 ha significado la aparici¨®n y consolidaci¨®n de un movimiento en la mayor¨ªa de ciudades espa?olas, emblem¨¢tico de principios del siglo XXI: ha arrancado a trav¨¦s de las redes de Internet, ha aflorado por el reflejo que los medios de informaci¨®n han dado del problema de la vivienda y lo forman grupos muy heterog¨¦neos: j¨®venes y no tan j¨®venes, okupas, mileuristas y estudiantes, hijos de trabajadores e hijos de la burgues¨ªa.

Algo aflora, pero tambi¨¦n algo permanece oculto. Mientras unos se hacen visibles, otros sectores siguen sin voz, como los inmigrantes que viven hacinados en centros hist¨®ricos, pol¨ªgonos y periferias; o como los ancianos con pensiones insuficientes, en pisos deteriorados, que sufren mobbing y se pierden en los laberintos burocr¨¢ticos. Por ello, un colectivo de j¨®venes de Barcelona lleva adelante el proyecto PHRP (Promoci¨® d'Habitatge Realment P¨²blic), conviviendo con las personas que sufren acoso inmobiliario.

Sin embargo, no se puede olvidar la historia reciente: el actual problema de la vivienda se gest¨® a finales de los a?os noventa, cuando los poderes estatales, en manos del Partido Popular, y la pol¨ªtica auton¨®mica, en manos del gobierno de Converg¨¨ncia i Uni¨®, abandonaron casi completamente las pol¨ªticas de vivienda social, realizando s¨®lo operaciones de realojo. Hacia 1997 se hubiera podido actuar introduciendo medidas para empezar a frenar la burbuja inmobiliaria y se hizo lo contrario: dar a¨²n m¨¢s facilidades para disponer de m¨¢s suelo para especular y dejar las plusval¨ªas del sector en manos de los intereses inmobiliarios y financieros.

Ni se puede ignorar que la cuesti¨®n de la vivienda ha sido siempre coyuntural en el sistema capitalista y en la sociedad de lucha de clases: cuando la econom¨ªa a gran escala va bien, el sector de la vivienda crece y los Gobiernos dejan los beneficios en manos del capital, los especuladores y las clases ascendentes, de los que de una manera u otra forman parte; cuando el sector de la construcci¨®n no obtiene tantos beneficios y aparecen movimientos sociales de protesta, se debe volver a las pol¨ªticas sociales de vivienda para reanimar el sector inmobiliario, introduciendo capital p¨²blico. Las llamadas pol¨ªticas de vivienda social en el capitalismo son siempre coyunturalmente economicistas y no sociales, para reactivar un sector en crisis que es motor de la econom¨ªa. La primera situaci¨®n la acostumbra a gestionar la derecha, formada en el saber de la especulaci¨®n y en la impunidad de la mentira; y la segunda, la de la crisis, acostumbra a quedar en manos de la izquierda, que vuelve a las pol¨ªticas asistenciales e intenta recuperar escalones del estado del bienestar.

Tampoco olvidemos que las cr¨ªticas y los movimientos contra el problema de acceso a la vivienda no nacen en el 2006, sino antes: con el movimiento okupa; con la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne, creada en 1998 por los sindicatos catalanes, C¨¢ritas, Justicia i Pau, la FVAB y la OCUC, y que en el 2000 hizo su primer congreso; con informes como el de la secci¨®n juvenil de Comisiones Obreras en 2003; con las actividades de Arquitectos sin fronteras y con estudios como el que se present¨® en febrero del 2004 sobre la gravedad del problema de la vivienda y que el Colegio de Arquitectos de Catalu?a silenci¨®. Nadie ha querido ver lo que pasaba. Ha tenido que ser Miloon Kothari, relator de la ONU, quien diga que la cuesti¨®n del acceso a la vivienda en Espa?a es de una gravedad que no ha visto en otros pa¨ªses, llegando a reconocer la okupaci¨®n como leg¨ªtima en tales circunstancias.

Y ha sido ahora cuando el movimiento ha eclosionado para consolidarse, cuando la gesti¨®n de la crisis est¨¢ en manos de la izquierda y cuando los medios de comunicaci¨®n han conseguido potenciar un estado de opini¨®n que caracteriza la situaci¨®n y otorga un nombre a cada proceso: burbuja inmobiliaria, pelotazo, especulaci¨®n, mobbing, mileuristas, etc. Y es por esto que es injusto negar validez a los esfuerzos del Ministerio de Vivienda, creado por el Gobierno del PSOE, o despreciar el valor de una propuesta progresista como la Ley por el derecho a la vivienda del Parlamento catal¨¢n.

Pero ¨¦sta es la situaci¨®n y aunque los responsables actuales sean s¨®lo, en parte, los que crearon el problema, son los que lo han de resolver. ?stas son las reglas del juego de la democracia capitalista, aunque algunos duerman en el sue?o del consumo. Por esto est¨¢ cargado de raz¨®n este movimiento por una vivienda digna, que clama "no vas a tener una casa en la puta vida" y que exige soluciones al alcalde de Barcelona y al presidente de la Generalitat. Y si van a hacer o¨ªdos sordos y no tienen intenci¨®n de afrontar el problema social m¨¢s grave de la sociedad catalana, m¨¢s vale que dimitan. Unos, los del Ayuntamiento, llevan gobernando la ciudad desde los inicios de la democracia, estaban sobre aviso y han hecho poco con las 90.000 viviendas vac¨ªas de la ciudad, con el alquiler social y con los nuevos pisos para j¨®venes. Los otros, a causa de la traici¨®n de ERC, no han conseguido a¨²n aprobar la ley b¨¢sica para afrontar el problema de la vivienda. Y, aunque el actual movimiento por una vivienda digna surja sin memoria, en su despertar tard¨ªo constituye la m¨¢s dura cr¨ªtica a unas instituciones que no est¨¢n cumpliendo con las responsabilidades que la misma Constituci¨®n se?ala, especialmente en el art¨ªculo 47.

Josep Maria Montaner es arquitecto y catedr¨¢tico de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).